Podemos acusa al fiscal superior de Canarias de tener una "alianza" con el juez Alba

La magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, Margarita Varona, investiga al juez Alba por presuntos delitos de prevaricación y abusos en el ejercicio de su función, entre otros, a raíz de una grabación en la que supuestamente confabula con el empresario Miguel Ángel Ramírez una declaración para perjudicar a la juez y exdiputada de esta organización, Victoria Rosell.

Alba sustituyó a Rosell en su juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria durante los meses en que ésta ejerció como parlamentaria de Podemos en el Congreso y emitió un informe sobre la causa abierta por Rosell a Ramírez por delitos fiscales y contra la Seguridad Social.

Podemos reprocha al Ministerio Público que ponga "obstáculos" para poder personarse en el procedimiento como acusación popular.

Fianza

En un comunicado, la organización, que encabeza en Canarias Meri Pita como secretaria general, explica que el fiscal superior de la Comunidad Autónoma emitió un informe el 27 de marzo en el que se adhiere al recurso de apelación interpuesto por el juez Alba contra el auto de la magistrada instructora del TSJC que admitió la personación de Podemos como acusación popular y le exigió una fianza de 3.000 euros, que la fuerza política depositó en la cuenta del tribunal.

El fiscal Garrido informó en diciembre de 2016 de que Podemos no era perjudicado por las actuaciones de Alba contra su entonces diputada Victoria Rosell, y que, por tanto, debía exigirse fianza al partido político "en la cuantía que la magistrada, Margarita Varona, estime conveniente y ajustada, sin poner ninguna pega" al poder presentado por Podemos -otorgado por su gerente, el letrado en ejercicio José María Calvente- en favor de la letrada y procuradora del partido, personadas ante el TSJC en Las Palmas.

Sin embargo, el juez Alba apeló en el mes de marzo el auto de la magistrada alegando por un lado que el gerente del partido político no tenía poderes suficientes, ya que, según él, debía ser el Consejo Ciudadano Estatal el encargado de hacerlo y, por otro lado, que la fianza era inferior a la que en otro procedimiento se pidió al exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para ejercer la acción popular contra Rosell, de 12.000 euros.

Para Podemos, resulta "sorprendente" que el Ministerio Fiscal se adhiera a estas alegaciones del imputado y comparta su tesis para poner "obstáculos" a la acusación popular. Y que "para ello se alinee con el investigado", en contra del auto judicial, añade la nota.

Respecto al poder, Podemos apunta que si el gerente del partido político, y apoderado del mismo, muestra a un notario un poder suficiente para subapoderar mediante escritura de poder para pleitos, es el notario quien "bastantea el poder y lo considera suficiente para el otorgamiento de segundo poder, en este caso para un proceso concreto en Canarias, las DP 10/2016 del TSJC contra el magistrado Salvador Alba Mesa". Y así lo hace constar en su escritura notarial.

El partido apunta que "puede que en otras ocasiones se haya visto que un imputado se estudie los estatutos del partido político y decida quién cree que es el órgano que puede subapoderar", pero, según entiende la formación morada, "es inaudito que un fiscal superior de una Comunidad Autónoma acoja esa alegación". "Un apoderado puede delegar su poder, si está dentro de sus facultades", apostilla.

Trabas a la acusación

Por eso Podemos entiende que Garrido "queda retratado con esa actuación al tratar de poner trabas a otra acusación, de modo que el fiscal pueda monopolizar, y así reducir o desvirtuar a su gusto, la acusación contra Alba".

En cuanto a la fianza, Podemos señala que el fiscal Garrido pidió la fianza que la magistrada estimase adecuada. La magistrada impuso 3.000 euros, que es "la habitual para estos casos". Pero entonces el fiscal "cambia de criterio, y ya no le parece bien la cuantía que estime la magistrada, y pasa a abogar por la cantidad de 12.000 euros pretendidos por el investigado Alba para que Podemos no le pueda acusar".

Al entender de Podemos, "tal anómala variación de la posición procesal del fiscal Garrido, que viene a redundar en la línea defensiva del juez Alba, encaja en la conocida táctica de aparentemente no desactivar la investigación y persecución de los delitos, pero sí hacerlo de modo indirecto, apoyando alegaciones de exigencias de exorbitantes requisitos o artificiosos tecnicismos, frustrando la exigencia de las responsabilidades penales o en definitiva el justo castigo de los culpables".

Todo ello resulta "muy preocupante" para esta formación política en cuanto a la exigencia del "principio de imparcialidad que debe imperar en las actuaciones del Ministerio Fiscal, máxime cuando en todo el escándalo de la maquinación del juez Alba contra Victoria Rosell, la imagen de la Fiscalía en Canarias desde el principio ha quedado en entredicho ante los profesionales de la justicia y ante la opinión pública".