La decisión de los grupos del Parlamento de Canarias de permitir, con condiciones, el uso residencial en los apartamentos y bungalós de los núcleos turísticos solo cosecha críticas. Los ayuntamientos afectados vislumbran problemas para el proceso de renovación de la planta alojativa y se preguntan cómo se solventarán las necesidades dotacionales de dichas áreas, los empresarios del sector extrahotelero consideran que la decisión arrincona los derechos de quienes invirtieron en la actividad alojativa y, por último, los propietarios reclaman el control sobre sus inmuebles sin limitaciones.
"Con esto no se resuelve el problema de ninguno", aseveró Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana, uno de los municipios en los que la convivencia puerta con puerta de apartamentos dedicados al turismo y otros convertidos en residencia habitual se manifiesta con mayor intensidad.
La enmienda transaccional a la Ley del Suelo admitida por todos los grupos con representación en la Cámara regional -Podemos y socialistas dieron su visto bueno pero condicionaron el sí definitivo al criterio de sus partidos- consolida el uso residencial siempre que este se haya establecido con anterioridad al primer día de este año. A tenor de las opiniones recabadas ayer, este intento de contentar a todos fracasa antes de nacer.
Nadie que haya comprado un apartamento en 2017 podrá fijar en él su residencia, cuestión a la que se opone frontalmente la Plataforma de Afectados por la Ley de Islas Turísticas. Partiendo de su caso particular, el presidente de dicho colectivo, Blas Padrón, expuso que está "empadronado" y vive en un apartamento de su propiedad situado en el Sur de Gran Canaria. "¿Pero qué pasará cuando yo fallezca?", interrogó y rechazó que puedan obligar a sus herederas a dedicar el inmueble al negocio turístico o venderlo si sus deseos son otros.
Los empresarios que centran su actividad en los alojamientos extrahoteleros contemplan los efectos de la amnistía a la residencialización desde un prisma completamente diferente. "Existe una corriente populista que confunde la propiedad con el uso", explicó ayer el presidente de la patronal, Tom Smulders.
La Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (AEAT) celebra precisamente el próximo jueves una asamblea en la que el propio Smulders pone en juego su continuidad en el cargo, algo fuera de toda duda, además de fijar una postura sólida para responder a la situación que crea esta decisión del Parlamento. El presidente de la AEAT señaló que la plataforma de afectados confunde las intenciones de los empresarios.
"Nadie quiere expropiaciones, pero no vamos a tolerar obstáculos al negocio turístico en los complejos de apartamentos", expuso. En esa línea sentenció que permitir las residencias habituales en esos inmuebles implica "pisotear los derechos de muchos canarios que invirtieron en apartamentos porque creían en la actividad alojativa".
Coincidió con él la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, quien no halló explicación "para que se cambie lo que ha demostrado que funciona", en referencia a la unidad de explotación que rige en los complejos de apartamentos y bungalós dedicados al turismo.
Además, incidió en que consolidar el uso residencial implica la reparcelación del suelo para dar cabida a los "aparcamientos, escuelas, parques o centros de salud" que son inherentes a los núcleos en los que un alto número de ciudadanos fijan su vivienda habitual. Al respecto, señaló la necesidad de que el reglamento que desarrolle el espíritu de la enmienda transaccional a la Ley del Suelo prevea todos los detalles.
A dicho texto futuro aludió también Marco Aurelio Pérez. "Ese reglamento tendrá que decirnos lo que hacemos", apuntó mientras su homólogo en Puerto de la Cruz, Lope Afonso, se mostró dispuesto a promover un foro que reúna a los regidores de los municipios afectados para "contrastar opiniones" y establecer un frente común si la situación lo requiere.
Afonso expresó sus dudas sobre la pertinencia de elegir la Ley del Suelo como vehículo para intentar resolver el conflicto. La principal preocupación del alcalde de la localidad del norte de Tenerife estriba en el impacto que puede sufrir el proceso de renovación de la planta alojativa obsoleta que está en marcha. Admitió que tolerar el uso residencial puede ser "la solución en algunos casos", pero estimó necesario que se evite la paralización de la modernización de las camas de la planta extrahotelera que concentra el municipio.
"¿Qué va a pasar con esas camas?", se preguntó la alcaldesa de Mogán segura de que el destino turístico "va a perder competitividad". Simultanear ambos usos es posible y también Smulders lo admitió al constatar la presencia de "ciudadanos responsables" que conviven con los visitantes que vienen a pasar sus vacaciones a las Islas, y que saben que el turismo "es la principal fuente de riqueza", por lo que mantienen una actitud acorde.
Sin embargo, expuso otra cara de la realidad, la que integran, por ejemplo, los apartamentos que han terminado sirviendo de morada a un buen número de trabajadores de los núcleos turísticos. Viviendas situadas al lado de otras que por ley deben mantener unos estándares de calidad y equipamiento para poder estar en el mercado. Mientras las unas han de mostrarse atractivas parar ganar el favor de los viajeros, las otras pueden aplazar las labores de mantenimiento.
Desde la orilla de los propietarios que rechazan la obligación de dedicar los inmuebles de su propiedad al turismo, Blas Padrón calificó la amnistía parcial como solo "un paso" que no satisface sus demandas. "Pretendemos el reconocimiento del libre uso de nuestra propiedad", explicó y advirtió de que limitarlo "contraviene el Código Civil y la Constitución".
