El PSOE no tolera injerencias. Los socialistas canarios no quieren que nadie les marque la agenda política. Al partido capitaneado por Ángel Víctor Torres le extrañan las prisas ahora del PP por destituir al presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, e interferir en el concurso de informativos de la Televisión Canaria, antes de conocer el informe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma. Sospechan que detrás de esta estrategia de los populares hay intereses privados.

La repentina urgencia del PP, con el respaldo de Podemos y Nueva Canarias, para solicitar un pleno extraordinario el día 15 de este mes que aborde el cese de Negrín al frente del ente público contradice lo que demandaba hasta ahora el presidente del PP de Canarias, Asier Antona, que lleva desde septiembre reclamando un informe jurídico al Gobierno regional para aclarar la legitimidad de Negrín para iniciar la licitación del concurso de los programas informativos de la Televisión Canaria.

Los socialistas también exigieron el sábado un informe al Ejecutivo para que la convocatoria pública tenga plenas garantías jurídicas. Precisamente, para zanjar dudas respecto al proceso y a pesar de contar ya con dos informes favorables, Negrín presentó el lunes un escrito ante la Consejería de Hacienda para que los juristas del Gobierno esclarezcan sus competencias como órgano de contratación de Televisión Pública de Canarias -sociedad mercantil dependiente de RTVC- para activar el concurso.

Pese a sus reiteradas peticiones de contar con un informe que dé validez y garantías al proceso, el PP ahora no ha querido esperar a que el gabinete jurídico del Gobierno se pronuncie y se ha aliado con NC y Podemos para acelerar una sesión plenaria extraordinaria en la Cámara donde se vote la destitución de Negrín como máximo responsable de RTVC, sin proponer un nombre que le sustituya.

El PP plantea apartar ya al presidente del ente público, pese a que su mandato de tres años finaliza el próximo 18 de mayo, aunque continuaría como consejero, cargo con seis años de duración.

Para cesar a Negrín, los tres partidos necesitan el apoyo de los 15 diputados del PSOE para sumar los 36 votos afirmativos -mayoría de tres quintos- que requiere dicha operación.

Los socialistas expresaron ayer su sorpresa ante la premura de los populares, sin conocer siquiera el contenido del informe jurídico demandado, y al considerar que no es un asunto de "máxima prioridad para la sociedad canaria".

El PSOE advierte de que nadie va a marcar su agenda, en tanto que esta organización ya había anunciado que tomará una decisión sobre este asunto en su Ejecutiva extraordinaria y monográfica el 13 de noviembre en Tenerife. "Las decisiones y la agenda del PSOE las establece única y exclusivamente el PSOE, que tiene una dirección política fuerte, que no tenía hace mucho tiempo, y esa dirección tomará una decisión el lunes", aseguró ayer por la mañana el portavoz adjunto del partido en el Parlamento, Gustavo Matos, que insistió en que a la nueva dirección del PSOE "no le marcan los tiempos ni grupos de presión ni otros partidos políticos. No nos los marcan desde fuera". "Es curioso que algunos intenten marcar la agenda de otros partidos, probablemente porque a lo mejor a esos partidos les están marcando la agenda otros, pero eso lo tendrán que explicar ellos", añadió Matos. Una vez que la cúpula socialista se reúna y adopte una decisión, ésta será "vinculante para todos los militantes y cargos públicos del PSOE y, por tanto, se transmitirá al grupo parlamentario que actuará, en consecuencia, con ese acuerdo", apostilló el diputado lagunero.

Un aviso a navegantes, dirigido a los parlamentarios socialistas. Y más tras las declaraciones ayer a la Cope de la expresidenta del grupo en la Cámara y exvicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, quien afirmó que "la situación de Negrín es insostenible" y el PSOE "no debe dar un paso atrás en su destitución". Señaló que el grupo retiró la confianza a Negrín en julio "en boca" de la portavoz del partido en la Comisión del Control de RTVC, Dolores Corujo que ahora es la portavoz del grupo.

Las declaraciones de Hernández fueron "a título personal", puntualizó Matos, que incidió en que "los acuerdos del PSOE se toman en los órganos que corresponden, ese órgano es la Ejecutiva". Asimismo, expresó su asombro porque el PP "ha pasado de querer cerrar la Televisión Canaria a liderar un frente".

Y es que en la campaña de las elecciones autonómicas de 2003 el entonces presidente del PP canario, José Manuel Soria, prometió cerrar la tele si ganaba. Pero luego al pactar con los nacionalistas, los populares aparcaron ese discurso, que retomaron en junio de 2005 cuando el presidente Adán Martín rompió la alianza y destituyó a los tres consejeros populares.

Entre 2007 y 2010, con Soria otra vez como aliado de CC -con Paulino Rivero como jefe del Ejecutivo-, RTVC contaba con un presupuesto superior a los 35 millones de euros anuales.

En 2008, estando el PP en el Gobierno, con Soria en la Vicepresidencia y la Consejería de Hacienda, se adjudicaron los servicios informativos. El contrato, en manos de Videoreport, expira el 1 de julio de 2018 y no puede prorrogarse. No hay ningún resquicio legal que permita dicha prórroga. Sin un nuevo adjudicatario la cadena autonómica se iría a negro.

La citada productora, en cuyo accionariado participa Informaciones Canarias SA, editora de Canarias7, lleva casi diez años prestando los servicios informativos tras haber ganado un negociado con publicidad para ocho años y firmado una prórroga máxima de dos años con el entonces presidente de RTVC, Guillermo García. Dicha prórroga se debía aprobar año a año hasta la conclusión de la misma. Sin embargo, se aprobó de manera completa en una adenda en 2012. De tal forma que, aunque el contrato vencía en 2016, la prórroga del mismo se aprobó cuatro años antes del fin del contrato.

Ante la inminencia del vencimiento del contrato en vigor, el pasado agosto Negrín convocó un concurso público para la contratación de los servicios informativos. Tras una polémica comisión de control de RTVC en el Parlamento el 21 de julio, el presidente del ente solicitó el 23 de octubre comparecer de nuevo en dicho órgano y el 2 de noviembre reiteró su propuesta, pero no ha obtenido respuesta. Fuentes de la Cámara apuntan que NC y PP bloquean la convocatoria.

De otra parte, ayer CC presentó un escrito a la Mesa del Parlamento para que, de una vez, se busque sustitutos a las dos miembros del Consejo Rector, María José Bravo de Laguna y Marian Álvarez, que dimitieron en diciembre de 2015 y cuyos puestos siguen vacantes por la falta de voluntad de quienes buscan la destitución de Negrín.