¿Por que le decepcionó la IX Conferencia Sectorial de Inmigración?
Porque no hemos llegado a nada en concreto. Aunque el hecho de que nos hayamos reunido ya es positivo porque desde el 2015 no se convocaba. Pero había que empezar a hablar de los programas de atención, de modificación de protocolos en el acogimiento de los menores y de la unificación de criterios en los permisos de residencia y de trabajo, y no se hizo. Muchas comunidades autónomas denuncian las diferencias entre subdelegaciones dentro de las propias regiones. Había una intención por parte de Andalucía, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, de tener una política nacional. Y no que nos vengamos a enterar del número de inmigrantes que hay por una ONG y no por el Estado.
¿Cómo debería ser la corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas?
Aquí hubo un caso clarísimo en los años 2006, 2007, 2008 y 2009, en los que se trasladó a menores a otras comunidades autónomas. Esto permitía que se fuera respirando. En Canarias se atendieron unos 2.600 menores entre el 2006 y el 2010. Y, de pronto, empezó la cosa a decaer y ahora estamos en 130. Hay comunidades como Baleares, Castilla La Mancha o Extremadura, que expresaron su voluntad de hablar de redistribución. Merece la pena. Hasta ahora en las Islas lo hemos hecho y todos los cabildos tienen un comportamiento solidario y corresponsable.
Teresa Rodríguez, coordinadora general de Podemos Andalucía, ha denunciado el trato que se da a los menores inmigrantes. ¿A qué se refiere en concreto?
Es evidente que cuando se producen llegadas como las de Andalucía, el sistema de protección se reciente. Abrir un centro no es ir al supermercado y comprarlo. La situación que se vive ahora mismo allí se aleja bastante de la normalidad y sus responsables están preocupadísimos. Crean hoy doscientas plazas y las llenan en una semana o en menos. La gente hablaba del Aquarius por las 600 personas, pero eso es lo que recibe Andalucía en dos días. Es un tema que no se va a solucionar. Si África no mejora, con historias de miseria, hambruna, conflictos sociales, persecuciones, violaciones, no seré yo nunca el que le diga a nadie cómo tiene derecho a avanzar en su vida. Ahí el Estado tiene que generar políticas para recibirlos e integrarlos. Aunque la realidad es que la mayoría no se quiere quedar en España. Es un lugar de tránsito. Sus contactos suelen estar en otras zonas de Europa, como en Francia, un país con el que tienen más vínculos.
¿Por qué no desaparece del imaginario la idea de que nos vienen a quitar lo nuestro?
Yo quiero pensar que cuando pasan estas cosas es cuando los xenófobos y racistas aprovechan. Yo siempre defiendo que hay que informar mucho a la población sobre por qué están llegando, de dónde y qué quieren. La semana pasada me contaron de un menor de diez años que llegó y, cuando las entidades localizaron a su familia, el niño les pidió volver y sus parientes dijeron que no. Al final, se ha hecho mucho esfuerzo para pagar el viaje, es una inversión de futuro. Por otro lado, nada tienen que ver las necesidades de un menor de España con uno de África. Este llega con un proyecto en la cabeza y no le interesa que le cuenten historias del colegio. Quiere formarse y trabajar a la mayor brevedad posible para mandar dinero a casa. Así que nuestra respuesta tiene que tener en cuenta esas expectativas.
¿Hay un plan para las futuras costas receptoras de inmigración si se cerrase el Estrecho?
El otro día el ministro Marlaska dijo públicamente que uno de los temores que tiene el Estado es que ante el cierre de la frontera se intensifique la llegada por el sur. Pero toda la vida ha habido migraciones y es bueno recordárselo a los canarios, que hemos acogido pero también emigrado. De todas formas hemos trabajado ya con Cabildos, etcétera, para la gestión de más plazas por si acaso.
¿Se podría repetir en Canarias la situación de 2006?
No me gustaría, pero estaremos para lo que suceda. Vamos a pretender estar a la altura para garantizar que los menores no dejen de ser niños. Esta es una cuestión fundamental porque cuando empiezas a conocer sus historias, cada una te da para una película.
¿La solidaridad tiene límite?
Yo espero que no. Estamos hablando de vidas humanas, no creo que haya valor más grande que podamos defender. Y me gustaría que ese nivel de solidaridad lo podamos transmitir a todas las comunidades autónomas, al Estado, a la Unión Europea, a las instituciones que pueden aportar medidas. Ahora estamos asistiendo a un conflicto lamentable de algunos Estados rechazando el acogimiento de personas. No dejan de ser seres humanos que se están ahogando.
Al recuperar Sánchez parte del equipo de inmigración de Zapatero, ¿significa que las líneas de acción serán parecidas?
Nosotros hemos visto con interés la toma de decisiones. Se piden criterios claros, recursos económicos y que el Estado participe. Por otro lado, hace falta revisar los protocolos. Cuando juntas en un piso de emancipación a cuatro subsaharianos, con un pequeño apoyo de tutela el piso funciona solo. Es gente mucho más corresponsabilizada y a eso hay que adaptarse. Parece que lo que viene aquí son personajes que están perdidos, y es gente que tiene muy claro que llegan para mejorar su vida y la de su familia.
¿Debería haber una cumbre de Naciones Unidas sobre los flujos migratorios?
En algún momento desde la ONU deberán plantearse la defensa de los derechos de estas personas. Entidades me cuentan de algunos pueblos de Marruecos donde se han quedado sin menores, están todos en Europa, lo cual es un problema para esos territorios porque se descapitalizan.
¿Con qué países sería más fácil consensuar una política migratoria a nivel europeo?
Con Alemania o Francia que son los que están en la misma línea. Italia en los últimos tiempos se ha radicalizado, no sé si en posturas de extrema derecha pero desde luego xenófobas y lo dicen a boca abierta. Por suerte eso no lo tenemos aquí. Sería lamentable que de una crisis de personas hiciésemos un debate político sobre quién tiene la solución mágica. Porque si la tuviéramos, todos estaríamos aplicándola.
¿Cuál es el siguiente paso después de la IX Conferencia?
Hay otra reunión para el 5 de septiembre en Madrid y se abordarán cuestiones más concretas en cuanto al trabajo directo con menores. Una cuestión que pedimos especialmente desde Canarias y otras regiones es crear un espacio específico de seguimiento de los chiquillos. Hay una iniciativa interesante que funcionó en Baleares en el 2008 y 2009, que fue el acogimiento en familias de origen, lo que disminuye el choque cultural. Es una situación de abandono, hay un trauma tremendo y de esa manera le das más garantías para que se integren a todos los niveles.
¿Cómo ve el futuro más cercano de Coalición Canaria en Gran Canaria?
Pues yo espero que la unión con Unidos dé el resultado que todos esperamos. Que Coalición Canaria tenga el espacio que tiene que tener ya que está en todo el Archipiélago y prácticamente en todos los cabildos.
¿Cree que es lo más apropiado convocar las ayudas para el alquiler y la rehabilitación de viviendas en agosto?
Supongo que a todos nos gustaría que saliesen en enero. Yo lo hubiera firmado, y la directora general y la consejera también. El problema es que estas ayudas dependen de convenios con el Estado y aunque lo expliquemos una y mil veces y haya gente que no lo quiera creer, el equipo saliente de Gobierno podría haber dejado firmado el Convenio y las ayudas se podrían haber convocado a finales de junio, o antes incluso. Pero el cambio y la revisión de todo otra vez, parezca mentira o no, nos ha vuelto a llevar al mes de agosto.
¿Y dar un plazo mayor a los quince y veinte días hábiles para presentar la solicitud?
Yo creo que se quejan de las colas pero yo trabajo en el Multiusos y la espera es porque tenemos una cultura de ir a la fuente. Pero eso lo está gestionando el Ayuntamiento, el Cabildo y se pueden presentar también telemáticamente. Quizás debamos fomentar esto más. Ahí lo deseable sería tener garantizadas las financiaciones para los próximos años para que se puedan solicitar de manera adecuada. Porque si no, nos vemos arrastrados por los plazos de Madrid.
¿Ve viable que se apruebe la nueva Ley de Servicios Sociales antes de que se convoquen las elecciones regionales de 2019?
Si no se aprobara me parecería un problema. Darle luz verde significa estabilidad para las ONGs, nuevas fórmulas y un avance para el trabajador social. Esperamos que esta Ley recupere lo que se ha perdido en los últimos años.
