La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, advirtió ayer en el Parlamento de que si se aplicara el criterio de copago en el sistema de dependencia aprobado en un decreto de 2014 y actualmente suspendido podría producirse el cierre de residencias de mayores y centros de día por la imposibilidad de financiarlos por las administraciones públicas. Actualmente se aplica un criterio de copago de 1998, por el cual se establece como aportación del dependiente el 75% de la pensión en las residencias permanentes y del 40% en las de día. En cambio, el decreto de 2014, cuya aplicación está suspendida mientras no haya mejoras de financiación, prevé que se abone como máximo el 90% del coste del servicio y que queden exentas de copago las cantidades equivalentes al IPREM (unos 537 euros mensuales), excluida la atención residencial, entre otros criterios.
