El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reunió esta semana con el presidente de la Federación Autonómica de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, FAAVTE, Joaquín Vidal, y con siete presidentes más, que aglutinan a la mayoritaria representación de este colectivo en España, con más de seis mil víctimas y familiares directos que han sufrido la lacra terroristas por diferentes organizaciones y grupos terroristas en estos cincuenta años (ETA, Frente Polisario, Grapo, Terra Llure, Mpiac, yihaidismo, etc.) y que aún hoy están abandonadas a su suerte, según la entidad. También acudió a esta reunión en la sede del Ministerio del Interior en Madrid la presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, ACAVITE, Lucía Jiménez, que representa a 300 víctimas canarias abandonadas durante décadas así como la directora general de Apoyo, Sonia Ramos.

Según un comunicado de la Federación canaria, los presidentes de las asociaciones de víctimas del terrorismo de Andalucía, Canarias, Cataluña, Murcia, Extremadura, Valencia y La Rioja, expusieron esta semana al ministro del Interior, la necesidad de que se cumplan por segunda vez las promesas de reformas prometidas en materia de equiparaciones equitativas al alza con sentencias o sin sentencias, reforma de pensiones retroactivas para familiares directos de atentados antiguos y modificaciones estatuto empleo público. Asimismo, tomar medidas legales en la Audiencia Nacional para evitar la impunidad de más de 600 atentados terroristas aún sin resolver y que fueron cometidos por ETA, Frente Polisario, Grapo, u otras organizaciones terroristas, entre otras cuestiones.

También estuvo en la reunión la presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, ACAVITE, Lucía Jiménez, que representa a víctimas olvidadas del terrorismo perpetrado por el Frente Polisario durante las décadas de los 70 y 80 contra trabajadores españoles cuando fueron objeto de brutales atentados terroristas con bombas, mientras trabajaban en su momento en la cinta transportadora de las minas de fosfatos, Fosbucrá, (Aaiún, en el antiguo Sáhara español), para empresa pública del INI (Instituto Nacional de Industria), mientras España y Marruecos compartían un acuerdo de seguridad para proteger a estos trabajadores canarios.

La presidenta de ACAVITE volvió a pedirle al ministro del Interior Grande-Marlaska por segunda vez que cumpla su promesa inicial y "que reactive y dé respuestas de inmediato a todos los actores implicados de un paquete de medidas urgentes asistenciales para paliar retroactivamente y específicamente las secuelas de todo tipo que aún hoy arrastran los aproximadamente 20 familiares directos de estas víctimas canarias de Fosbucrá (viudas, huérfanos, heridos, e hijos). que fueron objeto de sangrientos atentados mortales brutales, dejando un reguero de asesinados y heridos, abandonadas aún hoy a su suerte".

Del mismo modo, durante la reunión, Jiménez y Vidal expusieron al ministro del Interior que ni la Justicia ni el Estado pueden caer en la tentación de blanquear los atentados cometidos por el Frente Polisario. ACAVITE y el presidente de FAAVTE exigieron además "que no se caiga en la grave irresponsabilidad política, penal, institucional, e histórica que acarrearía para los políticos, el Estado de Derecho y la Democracia la tentación de falsear y blanquearlas cifras y relatos de todos y cada uno de los atentados y de víctimas y familiares directos que han sacudido España en los últimos cincuenta años", añade el comunicado.