Canarias invertirá el próximo año la cantidad más alta de su historia en obras e infraestructuras públicas. Siempre que Pedro Sánchez, eso sí, cumpla su palabra. Si los convenios entre el Estado y la Comunidad Autónoma se firman definitivamente a lo largo de este mes, tal como el presidente del Gobierno central se comprometió la semana pasada durante la reunión con Fernando Clavijo, el presupuesto para inversión pública superará por primera vez la barrera de los 1.500 millones.
De que se cierren o no los convenios depende que la Consejería de Obras Públicas y Transportes pueda o no adjudicar los trabajos de la segunda y última fase de la carretera entre La Aldea y Agaete, del cierre del Anillo Insular tinerfeño, de la vía entre La Caldereta y el aeropuerto de Fuerteventura o los del trazado entre Los Llanos y Tijarafe, en La Palma. Estos cuatro grandes trabajos se retrasarán aún más si no se firma el convenio de carreteras. Es más, hay otras obras que se paralizarán si el acuerdo no queda cerrado antes del 30 de noviembre. Este es el riesgo que corren, por ejemplo, los trabajos de la IV fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria.
No es la consejería que dirige el vicepresidente Pablo Rodríguez, sin embargo, la única que está a la espera de la llamada del Ministerio de turno para poner día y hora a la firma. La inversión pública de la Comunidad Autónoma será mayor o menor dependiendo también de los convenios de infraestructuras turísticas o de infraestructuras educativas. Es decir, trabajar en 2019 en la mejora de un determinado paseo turístico o en la remodelación de un colegio, por ejemplo, será posible en la medida en que el Estado transfiera o no los dineros. En total, 429 millones.
Rosa Dávila hizo hincapié en la presentación de los presupuestos para 2019 en que los casi 1.078 millones previstos para inversión pública suponen la mayor cantidad de siempre "con fondos propios". Una suma que por sí sola ya supera lo presupuestado en cada uno de los ocho años anteriores. No obstante, el empujón definitivo a la obra pública y demás partidas de inversión -redacción de proyectos, estudios de movilidad, equipamiento informático, expropiaciones, tendidos eléctricos, compra de maquinaria...- sería la incorporación de los 429 millones de los convenios, lo que elevaría el gasto productivo a prácticamente 1.507 millones de euros. De ser así, el presupuesto para obra pública marcaría un nuevo récord 11 años después. El máximo está en los 1.448,4 millones de euros consignados en las cuentas públicas de 2008.
El gasto productivo venía incrementándose sin parar desde 2002 al calor de la bonanza económica. Cuando en 2007 se elaboraron los presupuestos para el siguiente ejercicio tampoco el gobierno que presidía Paulino Rivero vio venir la crisis, que había estallado en octubre de ese año con las hipotecas basura en Estados Unidos, de modo que se consignaron esos casi 1.450 millones. En adelante, la inversión pública cayó sin parar año tras año hasta tocar fondo en 2015 con menos de 485 millones. Fue la consecuencia de tener que incrementar los fondos para los servicios sociales y de los recortes de las transferencias del Estado, que metió tijera en los convenios, sobre todo en el de carreteras. Con la recuperación se volvieron a superar los 1.000 millones en las cuentas de este año.
Los 1.078 millones para 2019 se dividen en 519,3 en inversiones reales -ejecutadas directamente el Gobierno- y 558,6 en transferencias de capital, esto es, dinero que se da a empresas públicas u otras instituciones para que lo inviertan.
