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Defensa pública con consulta privada

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública mantiene la clínica propia que compatibilizó como traumatólogo en el Hospital Universitario

Defensa pública con consulta privada

Defensa pública con consulta privada LP / DLP

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias tiene consulta privada. Guillermo de la Barreda, reconocido traumatólogo e histórico miembro del PSOE en Tenerife, mantiene abierto el despacho que durante muchos años compatibilizó con la labor pública, incluso cuando fue jefe de servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Universitario de Canarias (HUC). ¿Es incompatible trabajar en la Sanidad pública y al mismo tiempo tener consulta privada? No. Pero también es cierto que esta práctica habitual entre el colectivo médico es precisamente criticada desde asociaciones y plataformas que defienden el sistema público a lo largo y ancho de todo el país. Y también por la federación que aglutina a todas las organizaciones de España, la misma en la que De la Barreda ejerce de vicepresidente. De hecho, las elevadas listas de espera para consultas con especialistas, una media de 123 días en Canarias -la mayor demora del país-, son una de las razones de que las consultas privadas de los médicos tengan cada vez más clientes. La gente se harta de las esperas y opta por pagar al especialista por una consulta privada, en muchas ocasiones el mismo especialista que trabaja en un hospital público.

En la multitudinaria manifestación que se celebró en febrero en Madrid en defensa del sistema público sanitario, la portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, Marisa Torres, denunció que las listas de espera "se están provocando desde las políticas neoliberales para deteriorar el sistema y que la gente se vea forzada a ir por vía privada", según recogió Europa Press. Marea Blanca es como se denomina a las movilizaciones en defensa de la Sanidad pública y a las distintas organizaciones que secundan el movimiento. Organizaciones que en Canarias, al menos las dos de mayor protagonismo, están relacionadas con el PSOE. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (Adspc) tiene como líder a Guillermo de la Barreda, que fue secretario insular de Sanidad en el PSOE tinerfeño. Y la particular Marea Blanca canaria tiene entre sus principales portavoces y defensores al ex director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias Ricardo Redondas, también socialista, que ejerció como tal durante la etapa de su correligionario Jesús Morera como consejero de Sanidad, entre 2015 y 2017. Redondas dimitió después de que Fernando Clavijo destituyera a los cuatro consejeros del PSOE tras ausentarse de un Consejo de Gobierno por desavenencias con CC.

Tanto De la Barreda como Redondas se han convertido en azote del actual consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, que justamente es quien sustituyó a Jesús Morera tras su destitución. Uno de los últimos capítulos que han protagonizado estas plataformas pretendidamente ciudadanas ha sido el de la denuncia de la retirada de una valla publicitaria con el mensaje No al negocio con Medicina Nuclear. El mensaje estaba escoltado por las imágenes del presidente del Gobierno canario y del propio Baltar. Aunque el Ejecutivo asegura no haber tenido nada que ver, ambas asociaciones han señalado públicamente al Gobierno. La valla fue contratada por la Adspc y la Marea Blanca, y tras su retirada por parte de la empresa el PSOE anunció por boca de su secretario general, Ángel Víctor Torres, que "resulta absolutamente inadmisible en un estado democrático, por lo que exigiremos explicaciones y responsabilidades".

El ex director general del Gobierno de Canarias cuenta con un blog público - Redondeando se llama- en el que hace una "declaración breve de conflicto de intereses". "Trabajo en exclusiva en el Servicio Canario de la Salud. El 100% de mis propiedades proceden de este salario", expone Redondas, que no oculta su filiación, por otra parte evidente, al Partido Socialista.

No ocurre lo mismo con De la Barreda, que comparte filiación política pero que sí cobró emolumentos tanto de las arcas públicas como de su consulta privada, que aún mantiene abierta. "Los puestos públicos no son en exclusiva y yo nunca tuve firmada exclusividad", explica el prestigioso traumatólogo, que, no obstante, se muestra partidario de la exclusividad, es decir, de que el facultativo que trabaje para la red sanitaria pública no solo no pueda trabajar en un hospital privado, sino que tampoco pueda tener despacho privado. "Yo soy partidario de que se imponga la exclusividad", subraya De la Barreda, que, no obstante, puntualiza que el "problema" está en que "habría que cambiar todo el sistema del Servicio Canario de Salud y del servicio público, porque tendrían que pagar unos conceptos que no pagan".

El facultativo ahonda y expone que como jefe de servicio del HUC no trabajó "en ningún hospital privado ni pertenecía a la plantilla de ningún hospital privado, y en aquel momento defendíamos la exclusividad". Pero "¿qué ocurrió?", agrega De la Barreda. "Que no se impuso porque la Administración no tenía dinero para imponer la exclusividad. Después de 40 años de jefe de servicio, mi sueldo al mes era de unos 3.200 euros, ¡después de 40 años! La exclusividad no se ha podido imponer sencillamente porque no se puede financiar", argumentó.

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