La Fiscalía General del Estado estima que el procedimiento llevado a cabo por su delegación en Canarias en torno caso Grúas ha sido correcto y se basa en el principio de unidad de actuación entre ambos organismos. Por tanto, apoya el informe de la Fiscalía Superior de Canarias para que el proceso se devuelva al Juzgado de la Laguna al perder el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, el aforamiento con la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía.
La Fiscalía General elude, no obstante, contestar a las preguntas concretas de la Asociación Independiente de Fiscales en Canarias (APIF), en donde cuestionaban por qué suspendió presentar el primer informe elaborado por el teniente fiscal Superior de Canarias que no apreciaba indicios de delito en la actuación de Fernando Clavijo cuando era alcalde de La Laguna en la concesión de un préstamo a una empresa de grúas, y dio la orden de esperar a que se aprobara el Estatuto de Autonomía para, con otro documento posterior, exponer que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no era ya competente y el caso debía remitirse a La Laguna.
Este informe fue recurrido por Clavijo, que considera que el TSJC es competente y pide que se defina ya sobre si va a ser o no investigado. La Fiscalía Superior de Canarias debe ahora responder a ese recurso. El plazo acaba mañana martes y es muy probable que la respueta vaya en el mismo sentido de que no es competente.
En la respuesta a la APIF, la Fiscalía General del Estado, que dirige María José Segarra, respalda la actuación de su delegación en la Comunidad Autónoma, y sostiene que la respuesta se da por tramitada conforme al principio de "unidad de actuación", y se remite a las explicaciones ofrecidas en su momento por el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, en un comunicado de prensa. También indica que la postura mantenida en esta ocasión por el Ministerio Fiscal ha pretendido "ser coherente con la función que el art. 3.8 del EMOF" que atribuye a su institución "velar por la competencia de los jueces y tribunales garantizando el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley".
Con esta respuesta zanja la Ficalía General las cuestiones de la APIF que el pasado 21 de noviembre solicitó información sobre algunos aspectos relacionados con la la actuación del fiscal en el caso Grúas. En su escrito, esta asociación de fiscales expone que "la Fiscalía General trasladó a esta Fiscalía Superior la conveniencia de suspender la presentación de ningún escrito dado que la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia para conocer los hechos derivaba del aforamiento para los miembros del Gobierno de Canarias establecido por el Estatuto de Autonomía de Canarias, norma que de forma inminente iba a ser reformada.".
Al respecto, la APIF consideraba "anómalo" que la Fiscalía General ordenase suspender la presentación de un informe de competencia y preguntó: "Qué Fiscal concreto de la Fiscalía General trasladó la conveniencia de suspender la presentación del informe; a qué Fiscal concreto de la Fiscalía Superior se trasladó tal conveniencia; conforme a qué fundamento jurídico concreto o motivo específico se apreció dicha conveniencia; si tal traslado o comunicación constituyó una orden o instrucción, o por el contrario fue una mera sugerencia o recomendación no vinculante; y cuál hubiese sido el inconveniente de no suspender la presentación del informe antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía (6 de noviembre de 2018)".
La Fiscalía General del Estado ha eludido dar respuestas concretas y considera que ha habido unidad de actuación y el proceso ha sido correcto.
