El Ministerio de Fomento, que dirige José Luis Ábalos, no se ha movido ni un ápice de su postura ante la deuda que el Estado mantiene con la Comunidad Autónoma por los impagos del convenio de carreteras. Los Presupuestos Generales (PGE) incluyen una partida de 155,5 millones de euros para la red viaria del Archipiélago, es decir, casi 152,5 millones menos que lo consignado inicialmente en las cuentas de 2018. Una cantidad que se divide en tres conceptos y con la que la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno regional, que dirige el vicepresidente Pablo Rodríguez, se muestra en total desacuerdo. No en vano, en el Ejecutivo de Fernando Clavijo entienden que esa anualidad no satisfaría la totalidad de la deuda, lo que parece conducir el convenio de carreteras de nuevo a los tribunales.
Esos poco más de 155 millones de euros incluyen los 60 millones del nuevo convenio, los 30 de la adenda del acuerdo anterior -que no se llevó a la práctica en su totalidad- y los 66 del primer pago de la deuda por los recortes que el convenio sufrió entre 2012 y 2016 y que la Justicia obliga ahora al Estado a ingresar en las arcas de Canarias. De las tres cantidades, el Ejecutivo autonómico solo está de acuerdo con la primera anualidad del nuevo convenio, pero Rodríguez se negó a firmar tanto el acuerdo extrajudicial como la adenda por entender que suponen un recorte de unos 344 millones. Aunque el Gobierno regional ya avisó en el momento de la firma del nuevo acuerdo -a la que no asistió Fernando Clavijo en señal de protesta- de que está dispuesto a volver a los tribunales, Fomento se ha limitado a plasmar en los presupuestos las cantidades que a su juicio son correctas. El Ministerio no deja así margen alguno a una renegociación que evite la vía judicial, "sino que se empecinan en los acuerdos que nos negamos a firmar porque recortaban fondos que Canarias ganó en los juzgados", subrayó ayer el vicepresidente y consejero de Obras Públicas.
Fomento sí respeta plenamente las partidas para la aplicación del descuento del 75% en los billetes de avión y barco para los residentes de las Islas. En el caso de las subvenciones al tráfico aéreo -incluidas tanto la partida para los vuelos entre Canarias y la Península como la correspondiente a las rutas interinsulares-, los dineros pasan de 255 a 328 millones de euros. Las subvenciones al transporte marítimo para desplazarse hasta la Península o desde esta al Archipiélago se elevan de 63,3 a 85 millones de euros. Las subvenciones al transporte de mercancías se mantienen en casi 70 millones.
Lucha contra el fraude en el descuento de avión
- El Gobierno se ha propuesto luchar contra los posibles fraudes en la aplicación del 75% de descuento en los billetes de avión para los residentes en la Comunidad Autónoma. Una lucha que ha trasladado también a los presupuestos generales del Estado. Desde que entre en vigor la ley de los PGE -si finalmente consigue superar el trámite parlamentario-, las compañías aéreas y empresas intermediarias en la comercialización de los billetes no podrán preguntar a quien compre un pasaje en Internet su condición de residente o de no residente hasta que finalice el proceso. La aplicación del descuento ha despertado siempre suspicacias por el hecho de que las empresas pregunten al comprador si es o no residente en el principio del proceso de compra. La sospecha es que si el internauta marca la opción de residente, la empresa incrementa el coste automáticamente. Para impedir cualquier suspicacia, la ley de los PGE establece "la obligación por parte de todos los agentes que intervienen en la venta de este tipo de billetes al residente de no solicitar la condición de residente hasta la finalización del proceso de compra, lo cual evitará que se pueda utilizar esta información, la relativa a la condición de residencia, para ofrecer tarifas diferenciadas al residente y al no residente". Al margen de las subvenciones para el transporte marítimo y aéreo de pasajeros y mercancías, los presupuestos estatales también incluyen una partida de 48 millones para el fomento del transporte urbano dentro de una partida global de 344 millones de euros.
