Pese a las críticas con que el PP canario ha acogido el real decreto-ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros de creación del Régimen Especial de Baleares (REB), el grupo parlamentario del Congreso lo respalda hoy en el debate de convalidación y se suma así al PSOE y a la mayoría de las formaciones de la Cámara en dar carta blanca a las compensaciones al archipiélago mediterráneo por la insularidad con las reconocidas para Canarias como región ultraperiférica. También respaldan el texto, probablemente, Unidos Podemos, en consonancia con lo defendido por esta formación en Baleares, y los partidos nacionalistas catalanes y vascos, así como el diputado de NC, Pedro Quevedo. Se desmarcan únicamente Cs, que se abstendrá, y CC, cuyo voto aparece en principio como el único que se opondrá.
La inclusión de este punto en el orden del día del último pleno de la legislatura se acordó a última hora del martes por las dudas de que el decreto pudiera convalidarse en la Diputación Permanente tras la disolución de las Cámaras, el próximo día 5, a causa de la convocatoria electoral. Pero el debate interno en algunos partidos sobre la posición a adoptar hoy ha sido intenso, especialmente en el PP. Los populares se ven forzados a apoyar la medida del Gobierno central porque el partido ha sido un firme defensor del REB en el archipiélago mediterráneo, si bien no ahorran críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez por el contexto en el que aborda, además de reclamar que se cumpla con el REF canario, una fórmula con la que pretenden contentar a los populares de Canarias.
El presidente del PP canario, Asier Antona, se reunió ayer con la dirección del grupo en el Congreso para tratar de que el respaldo al decreto para Baleares no contradiga la postura en Canarias. Antona puso el acento en los elementos que separan a ambos archipiélagos a la hora de justificar las ayudas para la compensación a la insularidad, así como en la distinta visión que mantendrá Bruselas al respecto. "La realidad estratégica, geográfica y económica de Canarias y Baleares no tiene nada que ver y no se pueden abordar de la misma forma dos territorios que son absolutamente distintos, y Europa lo sabe bien", afirmó. "Canarias está a 1.800 kilómetros de distancia de la Península, y Baleares a 80", una verdad irrefutable "que hace imposible igualar ambos territorios".
Antona asumió, sin embargo, que el apoyo del PP nacional a un régimen especial para Baleares es inevitable si bien insistió en que "en Canarias nos ha costado años y décadas la conquista de derechos que hoy tenemos consolidados, y Bruselas sabrá diferenciar lo que es el concepto de ultraperiferia de la situación de Baleares".
Casi una RUP
El de hoy es el primer paso del PSOE, que gobierna tanto en el Estado como en la Comunidad Autónoma mediterránea, en su intento de equiparar a Baleares con Canarias en términos económicos y fiscales. El real decreto-ley da marco a la parte económica, y en él ya se recoge el compromiso del Gobierno central de pelear en Bruselas para que Europa incremente las ayudas al transporte de mercancías que tienen las empresas baleares. Hasta ahora solo pueden recibir un máximo de 200.000 euros en tres años, límite que no tienen las empresas canarias por estar en una región ultraperiférica. Esta será la primera batalla que tendrá que dar el próximo Ejecutivo en favor de Baleares, y un paso crucial para sacar adelante las medidas incluidas en la parte fiscal del REB, la misma que el Gobierno ha plasmado en un anteproyecto de ley también aprobado en el último Consejo de Ministros y que, de momento, se mantiene bajo llave.
Sin embargo, el propio Ejecutivo ya ha adelantado que incluye una reserva para inversiones en Baleares que copia los términos de la RIC canaria y también una bonificación a la producción de bienes, entre otras medidas. Que esta parte fiscal del REB salga adelante implicaría que, de facto, Baleares sería considerada casi una RUP, con lo que ello implicaría en detrimento del atractivo de la economía canaria, que tendría la competencia de un territorio que está a solo 86 kilómetros del continente y, además, sus mismas ventajas fiscales.
Cabe recordar en este sentido que el Gobierno del PP, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, ya envió al Congreso en 2015 un proyecto de ley de Régimen Especial para Baleares que no llegó a tramitarse también por la convocatoria electoral de finales de ese año, y que también contenía una RIC como la canaria. Esta propuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy en la legislatura de la mayoría absoluta del PP era criticada por la mayor parte de los partidos de Baleares por considerarla insuficiente, razón por la que el actual gobierno de Francina Armengol ha negociado en los últimos meses un REB mucho más ambicioso con el Gobierno de Sánchez y en concreto con la ministra de Hacienda María Jesús Montero, que hoy defiende la medida en la Cámara baja.
Las críticas al "electoralismo" de este decreto y el incumplimiento del REF canario denunciado desde Canarias son argumentos compartidos por la mayoría de los grupos del Congreso independientemente de que finalmente el mismo se apoye o no. Pedro Quevedo, de NC, respalda de entrada las compensaciones a Baleares, pero aclarando que no todas podrían ser autorizadas por Bruselas por la distinta situación respecto a Canarias, y sosteniendo en todo caso que "la defensa del REF canario y la exigencia de su cumplimiento no está reñido con no oponernos a las demandas que hagan las demás comunidades autónomas".
Ana Oramas, de CC, sin embargo, dice que el decreto va más allá de los aspectos de inversión y de subvenciones al transporte de pasajeros que justifica las compensaciones a Baleares por la insularidad, y que se produce un "calco" de medidas reconocidas para Canarias por ser región ultraperiférica. Eso, junto a las medidas fiscales que se anuncian para la próxima legislatura, crea una situación de dumping respecto a las empresas canarias.
Oramas añade que este decreto se aprueba además en un contexto de "incumplimiento del REF y el Estatuto de Canarias por parte del Gobierno de Sánchez", lo que lleva a Coalición a votar en contra del mismo.
Saúl Ramírez, de Cs, insiste en los mismos argumentos de "electoralismo" y de muy distinto marco jurídico, económico y social de Baleares respecto a Canarias en relación con el derecho comunitario y las reglas de la UE, y justifica por ello la abstención de su grupo.
