El Ejecutivo regional no quiere esperar más para ingresar en sus arcas los 991,6 millones que el Estado adeuda a Canarias por el incumplimiento del convenio de carreteras entre 2012 y 2017. Ante el incumplimiento de varias sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y el acuerdo extrajudicial al que había llegado el Gobierno canario con el Ministerio de Fomento, el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo ha solicitado a través de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma a la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la "ejecución forzosa" del fallo que obliga al Estado a abonar los 864,7 millones que dejó de enviar en el periodo antes citado para la inversión en carreteras más 126,9 millones en concepto de intereses.
La portavoz del Gobierno canario y consejera de Hacienda, Rosa Dávila, lamentó que pese a las negociaciones con el Ejecutivo central del PP, primero, y con el presidido por el PSOE, después, "no se ha conseguido llegar a un acuerdo que permitiera a ambas partes considerar la totalidad de las partidas". Dávila remarcó que la Comunidad Autónoma trató " por todos los medios" llegar a un a un pacto, pero que no ha sido posible. "Porque es de justicia, y al ver que no había la más mínima predisposición a abonar las cuantías", es por lo que la Consejería de Obras Públicas y Transportes en manos de Pablo Rodríguez ha decidido dar este paso.
"Han pasado más de ocho años desde que el Estado debió transferir al Archipiélago la anualidad de 2012. Han sido ocho años de lucha ante la Justicia, de negociaciones, y de un esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno autonómico para cubrir, con fondos propios, la deuda estatal", apostilló. Las obras realizadas en la región entre 2012 y 2016 supusieron un coste de 805,09 millones, pero las transferencias hechas desde Fomento ascendieron únicamente a 325,3 millones. Por ello Dávila lamentó que se hayan ejecutado infraestructuras viarias directamente por el Estado en todas las regiones excepto en Canarias.
Pese a la presentación de un incidente de ejecución de sentencia, el Ejecutivo regional no cierra la puerta al diálogo. La consejera de Hacienda mostró la disposición del Gobierno canario de lograr un acuerdo extrajudicial, pero advirtió que no permitirá que se reste "ni un solo euro" a Canarias de lo que la Comunidad Autónoma ya ha ganado en los tribunales al Estado que, a su juicio, "se ha cerrado a dar una solución pacífica en este tema".
El 22 de diciembre, Pablo Rodríguez firmó en Madrid el convenio de carreteras vigente dotado con 1.200 millones de euros, un plan que permitirá financiar más de 100 intervenciones. En la mesa dejó, en cambio, el acuerdo extrajudicial propuesto por Fomento que solo reconocía una deuda de 600 millones y no los 945 que demandaba el Archipiélago en base a varios fallos del Tribunal Supremo. "En aras al buen rollito", como apuntó este viernes la propia Dávila, el Ejecutivo regional no había computado los intereses de la parte que el Gobierno canario no había ejecutado. Ante el tijeretazo que trató de efectuar el Estado, Canarias exige ahora el pago total de los intereses más la deuda.
El ingreso repentino de los 991,6 millones no implicaría, según aseguró Dávila en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la congelación de parte de dichos fondos al no recibirlos de forma paulatina si hubiese salido adelante el acuerdo extrajudicial. "Nuestra interpretación es que no va a superávit y también lo interpreta así la propia Intervención del Estado, con lo cual se incorporaría a los presupuestos de la Comunidad Autónoma", apostilló.
El Ejecutivo regional indica que el incumplimiento del Gobierno central con el Archipiélago ha provocado que aún haya obras en ejecución del convenio anterior para las que aún faltan por llegar 100,5 millones. En concreto se refiere a la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria y la obra complementaria de la vía Pagador- Guía en Gran Canaria; Costa Calma-Pecenescal y la autovía La Caldereta-Corralejo en Fuerteventura; la sefunda fase del tramo Avenida Tres Mayo-Guajara en Tenerife y el acceso de Tazacorte y San Simón-Tajuya en La Palma.
