El impuesto que grava las herencias está rodeado de polémica desde hace años. Desde 2016 está bonificado en Canarias hasta el tercer nivel de parentesco pero así y todo el año pasado la Comunidad Autónoma recaudó 43,7 millones por este tributo y hasta agosto suma 21,4 millones. La tendencia de las comunidades autónomas en los últimos años ha sido la de aumentar las bonificaciones y exenciones, sobre todo en aquellas regiones donde gobierna el PP solo o con Ciudadanos. De hecho, en Andalucía el actual Gobierno formado por populares y naranjas también lo bonificó hace unos meses.
El Ejecutivo canario ha dejado caer que estudia instaurar de nuevo el tributo pero con matices, es decir, de forma progresiva y en función de la renta de los herederos y el volumen de lo heredado. Sin embargo, esta previsión del Ejecutivo no gusta entre los abogados especializados, entre los que se encuentra Carlos Bethencourt, que advierte de la "complejidad administrativa" que supondría aplicar el impuesto con este tipo de características.
Bethencourt vaticina que los problemas jurídicos que puede ocasionar este hipotético escenario son muy elevados y asegura que tanto el IRPF como el Impuesto sobre el Patrimonio ya contemplan la tributación de las familias por su renta, sean por trabajo o por patrimonio.
El abogado recuerda que gracias a la bonificación del impuestos muchos extranjeros con casas en las Islas han cerrado la herencia de sus inmuebles a sus hijos o familiares de primer grado que permite la ley, conservando ellos el usufructo de la propiedad para, de esta forma, no pagar el gravamen.
Para Bethencourt volver a poner el impuesto no sólo supondría un rechazo masivo de herencias, sino también frenar la actividad de las notarías, de los registros de la propiedad y la transmisión de inmuebles, por lo que pide prudencia.
