Canarias y Baleares exigen tener voz y voto en la gestión de sus aeropuertos

Canarias y Baleares ejercen un frente común como archipiélagos alejados de la Península, una distancia mucho más acuciante en el caso canario. Una lucha que obtuvo su gran victoria cuando en verano de 2018 se aprobó la subvención del 75% en los billetes de avión y barco para los residentes. Un hito que, sin embargo, ha traído aparejada una subida de hasta un 24% de los precios por parte de las compañías aéreas, según los datos que manejan ambos gobiernos. Para evitar que una justa reivindicación se convierta en una injusta ganancia de terceros, las comunidades autónomas extrapeninsulares -incluidas Ceuta y Melilla- proponen varias medidas, entre las que se encuentra la histórica demanda de competencias en materia aeroportuaria. Así lo expresaron ayer los presidentes de Canarias y Baleares, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, respectivamente, en el Foro de LA PROVINCIA celebrado en el Hotel Santa Catalina y con motivo de la cumbre sobre la movilidad en los territorios extrapeninsulares.

Tener voz y voto en las decisiones que se toman en los aeródromos de las islas permitiría controlar los precios a la hora de establecer las tasas aeroportuarias. "Es fundamental que podamos participar en la gestión y en la toma de decisiones de AENA", afirmó Armengol, que hizo referencia a que las autoridades portuarias funcionan mucho mejor gracias a la participación de las comunidades autónomas, los cabildos y los consells, los ayuntamientos y el sector empresarial y sindical. "Gracias a ello, las decisiones se toman de manera más adecuada para el territorio". Si esta fórmula se aplicara a los aeropuertos, la presidenta balear recordó que se podría actuar sobre las tasas "para beneficiar a los residentes".

En la misma línea se mostró Ángel Víctor Torres, que consideró una obligación que los territorios extrapeninsulares formen parte del Consejo de Administración de AENA y que así se lo comunicó en una conversación telefónica al ministro de Fomento, José Luis Ábalos. "Él bromeó asegurando que ya tenemos una ministra -en referencia a Carolina Darias, responsable de Política Territorial y Función Pública- y un secretario de Estado -por Francisco Hernández Spínola-. Pero yo le recordé que sufrimos la quiebra de Thomas Cook y que nos costó muchísimo superarla porque tuvimos que negociar con el Estado que aportara 15 millones para ayudar al destino".

Precisamente, una de las propuestas que se puso sobre la mesa para solucionar esta crisis fue la rebaja de las tasas aeroportuarias, que se solicitó encarecidamente a Enaire -empresa pública dependiente de Fomento que posee el 51% de AENA- sin éxito. "De ahí surge la importancia de tener voz y voto, no para convertirnos en una coalición que eche por tierra el resto de propuestas sino para saber cómo está la situación y qué medidas podemos tomar", explicó Torres. El socialista recordó que la quiebra de uno de los turoperadores más importantes de Europa logró solventarse pero también remarcó que sus consecuencias podrían haber sido nefastas para el motor económico del Archipiélago, pues se produjo en plena temporada de invierno, el punto álgido del turismo en Canarias. "Estamos en un momento clave y tiene que haber representación en el Consejo de Administración de AENA, también del sector privado", concluyó Torres.

Medidas correctivas

Otra de las opciones para controlar los precios de los billetes aéreos pasaría por establecer tarifas máximas, aunque en este ámbito deberá ser el Gobierno de España el que negocie con la Unión Europea. "Consideramos que en ciertas frecuencias y líneas el ciudadano tendría que saber que existe un tope máximo que no se puede superar", aseguró Armengol. Según los datos que manejan ambos gobiernos, las compañías aéreas han aumentado los precios una media de un 24% entre las islas y la Península, por lo que se convierte en una obligación poner freno a esta escalada. "Existe la posibilidad de establecer una tarifa máxima. Los controles dependen del Gobierno de España, que tiene que supervisar los precios y ver cómo se comportan las compañías en los mercados".

Lo que se descarta es que se declaren las conexiones a la Península como Obligación de Servicio Público (OSP), explicó Torres, ya que esta propuesta "no tiene recorrido" debido a que no se cumplen las condiciones necesarias como que haya una falta de conectividad o de demanda, o que sea una necesidad perentoria. Sin embargo, sí que se producen abusos dañinos cuando surge un viaje de última hora a la Península y se da la situación de que o bien no se encuentran plazas o bien éstas son inasumibles económicamente para el viajero.

Si tras esta supervisión se concluyese que las compañías aéreas se enriquecen a costa del Ejecutivo central y de una subvención que garantiza la igualdad de canarios, baleares, ceutíes y melillenses, Torres propuso mano dura y que se tomen "medidas correctivas si alguien se lucra a costa de un derecho". La misma contundencia que solicitó Francina Armengol ya que "el dinero público tiene que ir directamente a que los residentes paguen menos, no a que las compañías ganen más".

Para evitar esta disonancia, la presidenta balear planteó una mesa de trabajo de los cuatro territorios extrapeninsulares y el Ministerio de Fomento en la que se comparta toda la información que se maneja sobre esta escalada de precios. "Si el Gobierno central, la Universitat Pompeu Fabra, la Comisión Nacional de la Competencia o el Tribunal de Cuentas poseen informes, tienen que ser transparentes y todos tenemos que tener acceso a ellos para saber cuál es la situación y cómo tenemos que actuar".