La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado en la mañana de este jueves, 27 de febrero, en el Congreso que el Gobierno central tiene intención de flexibilizar la regla de gasto contemplada en la actual ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para facilitar a las comunidades autónomas y entidades locales mayor volumen de gasto y dando más margen a las comunidades que acumulen más superávit, más allá de las llamadas "inversiones financieramente sostenibles" a que se tenían que ceñir hasta ahora. Montero abre con ello la puerta da que Canarias y de sus ayuntamientos puedan utilizar parte de sus ahorros que ahora mantienen bloqueados en los bancos sin poder usarlos para cubrir el coste de sus servicios públicos esenciales.

En su defensa del techo de gasto para el 2020 y de la senda de estabilidad para los tres próximos años, que esta mañana se votará en el Congreso, Montero ha explicado que "las comunidades con superávit y sobre todo los ayuntamientos nos han pedido que el Gobierno cambie la regla de gasto para adecuarla más a los conceptos de gasto que tienen estas administraciones y a su capacidad de poder dar respuesta a los problemas de los ciudadanos", y ha avanzado que "vamos a recoger esta petición".

La ministra ha dicho que "la contribución de comunidades autónomas y entidades locales al equilibrio de las cuentas del Estado está fuera de toda duda y lo han demostrado a lo largo de este periodo y nuestra intención es hacer una nueva regla de gasto con una metodología que permita un mayor margen" a las administración es territoriales". Tras recordar que "se han abordado revisiones de estas norma, en especial la regla que regula el destino del superávit para llevar a cabo un mayor volumen de inversiones financieramente sostenible", avanzó que "vamos a establecer una ruta que permita una mayor utilización de este mal llamado superávit". Anunció en este sentido que se incorporarán los gastos plurianuales, así como "mayores conceptos para responder algunas demandas de la ciudadanía como gastos para evitar la despoblación, gastos de educación o de medio ambiente o gasto corriente en fomento de empleo".