España fletó ayer el cuarto vuelo en lo que va de año de devolución a Mauritania de inmigrantes llegados a las islas en patera, esta vez desde el aeropuerto de Gran Canaria. Una vez en Mauritania, las autoridades deportaron a 22 malienses y un senegalés, según informaron fuentes de la seguridad mauritana. Los inmigrantes, llegados al aeropuerto de Nuadibú fueron de inmediato conducidos a autobuses que los trasladaron a los puntos fronterizos de Diama, en el caso de Senegal, y de Goghi, en el caso de Mali, distante este último a 1.400 kilómetros de Nuadibú por carreteras desérticas.

Mauritania y España han "desempolvado" un acuerdo que firmaron en 2003 por el que el país magrebí se compromete a recibir los emigrantes llegados a España ilegalmente (generalmente en patera) cuando se demuestre que habían salido desde territorio mauritano.

Aunque el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido en varias ocasiones estos vuelos con el argumento de que los repatriados "van a Mauritania", lo cierto es que terminan su viaje en Mali -un país en guerra- o Senegal gracias a sendos acuerdos similares que también esos países tienen con Nuakchot.

A diferencia de los tres vuelos anteriores de enero y febrero, esta vez la operación no fue supervisada por los funcionarios del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, por lo que este organismo dependiente del Defensor del Pueblo carece de información sobre el número exacto de expulsados y sus nacionalidades.

España realiza estos vuelos de devolución de inmigrantes a Mauritania con la cobertura del citado convenio, en virtud del cual el país africano acepta que le entreguen a personas que hayan salido de sus costas o transitado por su territorio, con independencia de su nacionalidad.

Estas repatriaciones han sido criticadas por varias ONG, entre ellas la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el Servicio Jesuita a Migrantes, porque un número significativo de expulsados proceden de Mali, país sobre el que existe una recomendación de no devolución emitida en julio del año pasado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El Ministerio del Interior ha declinado comentar dato alguno al respecto a esta operación. Los tres vuelos anteriores realizados en enero y febrero sí fueron supervisados por el Defensor del Pueblo.

Por sus informes, se sabe que el primero tuvo lugar el 20 de enero, desde Gran Canaria, con 46 personas expulsadas (34 malienses, siete mauritanos, cuatro senegaleses y un marfileño); el segundo, el 27 de enero, desde Tenerife Norte, con 42 personas (38 malienses, tres senegales y un mauritano); y el tercero, el 17 de febrero, también desde Tenerife Norte, con 51 personas (36 malienses, 13 senegaleses, un gabonés y un marfileño).

En anteriores ocasiones, había constancia, según CEAR, de que se estaban devolviendo los malienses a su país de origen, con el riesgo que conlleva para sus vidas al estar inmerso en un conflicto. Esta situación ha sido criticada por Nueva Canarias, socio en el Gobierno canario del PSOE, que considera que son devoluciones indirectas a Mali de migrantes y que contravienen reglas de la ONU.