Lograr más autogestión en materia de Costas será una de las primeras demandas competenciales que el Gobierno de Canarias planteará a la ministra de Administraciones Públicas, Carolina Darias, en la reunión que celebrarán a final de mes en el Archipiélago. Será el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, el que planteará a su compañera de partido cuáles son los primeros ámbitos -de una lista de unos cuarenta- en los que las Islas reclaman tener más control a raíz de la aprobación en octubre de 2018 de la reforma del Estatuto de Autonomía. A pesar de la cercanía temporal del encuentro, las consejerías todavía tienen que definir sus prioridades, tal y como reconoció el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, tras el Consejo de Gobierno.

"Nosotros tenemos una serie de competencias que podemos asumir, pero debemos perfilar las que más nos interesan y cuál es su complejidad", aseguró el socialista. Una de las más urgentes pero también de las más complicadas es la del control sobre el litoral de las Islas, que obligará a dictar una normativa nueva al amparo del Estatuto, lo que sin duda retrasará el proceso, explicó Pérez. Más sencillo resultará crear la Autoridad Canaria de la Competencia -que se encuentra en estudio desde enero de este año- y la tutela financiera de las corporaciones locales, donde ya existe un preacuerdo con el Ministerio de Hacienda para comenzar su traspaso de manera escalonada. "Se trata de un aspecto muy importante pero técnicamente sencillo ya que se trata de llevar el control de los presupuestos de cabildos y ayuntamientos para sacarles la tarjeta amarilla o roja cuando toque, lo que conllevará pocos funcionarios y mecanismos simples".

El también consejero de Seguridad del Gobierno canario priorizó además asumir la seguridad privada, aunque reconoció su alta complejidad pues habrá que transferir medios policiales y organizar un servicio de control de una gran extensión debido a la alta presencia de turistas en las Islas, así como la continua celebración de acontecimientos deportivos de primer nivel y numerosos eventos culturales de gran magnitud. Pérez explicó que ya ha habido reuniones de aproximación para abordar este asunto, además de que se estudian los casos de Euskadi y Cataluña, donde el modelo ya se encuentra implantado.