El Gobierno de Canarias ha autorizado el gasto plurianual de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad por importe de 2.118.600 euros para la contratación del soporte y mantenimiento al punto general de acceso y sedes electrónicas, así como al resto de portales y presencia web de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
El contrato, actualmente en vigor, finaliza el 31 de julio de 2020, y la nueva contratación, con efecto a 1 de agosto de 2020, tendrá una duración de dos años, con posibilidad de prórroga de otros dos.
Según el Gobierno, su objeto es la realización de un servicio de soporte integral al área web de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías y a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, con el fin de gestionar y coordinar todas las labores referentes a la presencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en Internet.
Añade la nota que se trata de un servicio indispensable en cuanto da soporte y mantenimiento al punto general de acceso y sedes electrónicas, así como al resto de portales y presencia web de esta administración, además de haberse producido un incremento de procedimientos gestionados a través de las sedes electrónicas.
El importe de 2.118.600 euros se distribuirá en tres años: en 2020, con una partida de 441.375 euros; en 2021, cuando se realizará el abono de 1.059.300 euros, y en 2022 se realizará el gasto de los 671.925 euros restantes.
En la reunión del Consejo de Gobierno, Julio Pérez también dio cuenta de la contratación, por tramitación de emergencia, de diverso material informático, tecnológico y de protección con la finalidad de atender las incidencias provocadas por la Covid-19.
Asimismo el Consejo de Gobierno ha acordado la continuación del procedimiento administrativo de solicitudes de acceso a la información pública relacionada con la Covid-19, que se tramitan al amparo de la Ley 12/2914, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, ante los diferentes órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos y entidades vinculados o dependientes.
Pérez ha recordado que de acuerdo con la disposición adicional tercera del Real Decreto que declara el estado de alarma por la Covid-19, se suspendieron los términos y se interrumpieron los plazos para la tramitación de los procedimientos del sector público.
