La patronal del sector del automóvil no se opondrá a la propuesta de destinar una parte del Fondo de Recuperación de la Unión Europea a la construcción de los ferrocarriles de Gran Canaria y Tenerife, pero insiste en "las dudas sobre la rentabilidad social y económica" de esas dos lineas de tren, al tiempo que advierte de los altos costes del mantenimiento para las arcas públicas, lo que podría perjudicar a las ayudas a los demás sistemas de transporte de viajeros.
La Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica) había mostrado hasta ahora un fuerte rechazo a la implantación del transporte ferroviario y proponía, como alternativa, mejorar la red de carreteras e incentivar el transporte en guagua y taxi, que es "el que garantiza llegar a cualquier punto de ambas islas".
Sin embargo, en esta ocasión no va ejercer una oposición radical a la propuesta del Gobierno de Canarias "porque el dinero vendrá de Europa y ayudará a mejorar la movilidad entre las capitales y las zonas turísticas del Sur", según declaró ayer Rafael Pombriego, presidente de Fredica, quien aclaró que su organización no cuestiona el sistema ferroviario en el transporte insular, sino la alta inversión que habrá que realizar en la construcción de ambas lineas, unos 3.860 millones, y los posteriores costes del mantenimiento.
"Nos preocupan este tipo de inversiones porque mantener después esas infraestructuras va ser muy complicado, son esas decisiones políticas las que se deben poner sobre la mesa, pues tenemos dudas y creemos que se debe abrir un debate para estudiar bien las ventajas e inconvenientes de ese sistema, pues puede reducir las ayudas a los restantes medios de transporte que son deficitarios; el Gobierno asegura que la rentabilidad está demostrada, pero a nosotros no nos cuadran los números, pues incluso se habla de mil empleados para una linea de 50 kilómetros", apuntó.
