El Juzgado de Instrucción número 2 de Arona comunicó ayer el fin de la fase de instrucción del denominado caso Arona en el que se encuentran imputadas un total de treinta personas. Entre ellas se encuentra el alcalde del municipio del sur tinerfeño, José Alberto González Reverón, quien, junto a otros siete miembros que conformaban la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento entre 2003 y 2007, habría cometido presuntamente varios delitos urbanísticos.
En la investigación, llevada a cabo bajo la dirección del juez Nelson Díaz Frías, han quedado demostrados los indicios por los que se imputa al alcalde González Reverón y al resto de miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento: Félix Sierra Melo, Manuel Barrios Rodríguez, Daniel Martín Navarro, Juan José Alayón Beltrán, Sebastián Martín Martín, José Luis González Rodríguez y Alfonso Barroso Armas, la comisión de un delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística.
En concreto, recoge el auto emitido por el juzgado aronense, en diferentes sesiones de la Junta de Gobierno, entre 2004 y 2006, los imputados "votaron sistemáticamente a favor de la concesión de licencias municipales para la ejecución y reformado de obras, para la demolición y nueva construcción, para la prórroga de licencias o para la concesión de licencias de primera ocupación". Todo ello con el conocimiento de los "informes desfavorables emitidos por los técnicos juristas del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento" y "la existencia de advertencias de ilegalidad realizadas por el secretario de la corporación".
En su actuación, y según se desprende del auto de diligencias previas, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arona concedió casi 250 licencias municipales. Además, aprobó 79 proyectos de ejecución de obras y contratación de empresas, a través de contratos de obra menor, "a pesar de las advertencias de ilegalidad realizadas", una vez más, "por el secretario y los reparos del interventor de Fondos".
Todos estos expedientes se incoaron de esta forma, se explica en el auto, "para evitar sacar a concurso o licitación pública las obras y favorecer, principalmente, a las empresas Construcciones Pepe de la Rosa S. L., Félix Quemada Nieto S. A., Construcciones Ferralla Santana S.L. y Flores y Plantas del Nordeste S. L. U.".
Delitos varios
Al alcalde de Arona, asimismo, el juez le imputa también un supuesto delito continuado de tráfico de influencias y de prevaricación, todos ellos recogidos y documentados a través de las conversaciones telefónicas que este mantuvo presuntamente desde 2007, momento en que se inició la investigación judicial, y que fueron intervenidas por orden del juez.
El resto de las personas imputadas en el caso Arona han sido acusadas, según cada caso, por presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Con el fin de la fase de instrucción, el juez da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que formulen los respectivos escritos de acusación y calificación de penas de cara a la preparación del juicio oral.
