La inyección de fondos adicionales comprometida por el Gobierno central en los presupuestos de 2012 para destinarlos al gasto sanitario de las comunidades autónomas es lo que puede evitar nuevos recortes en la Sanidad canaria el próximo año. El nuevo Gobierno de Paulino Rivero se enfrenta a un presupuesto que volverá a estar condicionado por los ajustes, sobre todo en la inversión pública, para preservar los servicios esenciales. Fuentes del Ejecutivo regional advierten de que si el Estado cumple su compromiso las cuentas autonómicas de 2012 serán "malas pero sin tensiones", ya que, en caso contrario, sí habrán complicaciones si se realizan nuevos recortes en el sistema sanitario, difícilmente asumibles tras los fuertes ajustes de este año.

El año 2012 seguirá la senda de la austeridad y de los ajustes del gasto público de los tres últimos ejercicios. La positiva evolución de los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma y del sector turístico son aún insuficientes, por lo que las previsiones en las que se mueve el escenario presupuestario para el próximo año son de una caída de la inversión pública del 18% y una contención de los gastos de personal y de los gastos corrientes. En los presupuestos de 2011 el gasto en inversiones y en transferencias de capital suma unos 890 millones de euros, por lo que un nuevo ajuste supondría unos 160 millones menos.

Directrices

Las fechas obligan al Ejecutivo a marcar las directrices presupuestarias cuanto antes para que los departamentos hagan saber a la Consejería de Economía y Hacienda sus prioridades antes de iniciar el mes de septiembre, con el fin de preparar el borrador de las cuentas de 2012. Los fondos que provienen del Estado son un elemento esencial para determinar los ajustes, por lo que una inyección adicional de fondos para los servicios públicos aliviaría la situación financiera de la Sanidad.

Antes de finalizar este mes se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid entre el Ministerio de Economía y Hacienda y todas las comunidades autónomas. Será la ocasión de que el Estado concrete los 8.000 millones extras destinados al gasto sanitario y su techo de gasto. También se darán las directrices a las autonomías para fijar sus presupuestos autonómicos.