Incoar un procedimiento por la Ley del Jurado para investigar el caso Palop e iniciar una causa nueva sobre el caso Lifeblood, en la que se estudie la posibilidad de mantener las diligencias en el mismo juzgado o que se envíen a reparto para ver quién es competente para realizar la instrucción. La Fiscalía Provincial de Las Palmas, a través del fiscal delegado en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Pallarés, ha presentado un escrito en el que pide dividir en dos la investigación que dirige la magistrada Victoria Rosell sobre el presunto pelotazo relacionado con la adjudicación del servicio de hemodiálisis en los hospitales Doctor Negrín (Gran Canaria) y Martín Orosa (Lanzarote), adjudicado a la empresa Lifeblood por un total de 124 millones de euros.

Sin embargo, la juez Rosell ya ha dictado un auto en el que decreta el sobreseimiento parcial de la causa y da carpetazo, precisamente, a lo que el fiscal pide llevar por la Ley del Jurado, esto es, el caso Palop: un presunto soborno de dos empresarios a la doctora Leocadia Palop por un concurso público relacionado con el Servicio de Nefrología del Hospital Doctor Negrín en el que estaba implicado el anterior gerente del centro sanitario, Eduardo Estaun. Tanto Estaun como los dos empresarios, a los que Rosell tomó declaración en calidad de imputados, quedan ahora exculpados al no existir indicios de cohecho alguno.

La investigación sobre el ca- so Lifeblood fue abierta de oficio por la juez Rosell cuando escuchó a la doctora Palop, en un programa de Televisión Española en Canarias (TVEC), que le habían ofrecido dinero a cambio de un concurso público. Estas declaraciones las hizo cuando los periodistas le preguntaron, en medio del escándalo surgido por la adjudicación del servicio de hemodiálisis a la empresa Lifeblood, si había recibido dinero a cambio.

Cuando la magistrada instructora tomó declaración a Leocadia Palop, ésta afirmó que se refería a un concurso distinto al que se adjudicó a Lifeblood, y que se había llevado a cabo en 2008. Sin embargo, esta parte queda ahora archivada y la juez continúa adelante con la investigación relacionada con el expediente administrativo del Servicio de Hemodiálisis, que la ex consejera del PP Mercedes Roldós adjudicó a una empresa (Lifeblood) en la que participa un asesor jurídico de la Consejería, Javier Artiles.

Más de una docena de diligencias se encuentran en marcha en esta parte de la investigación, en la que la juez indaga en la posible existencia de prevaricación y tráfico de influencias dentro de la Consejería a la hora de llevar a cabo el expediente de adjudicación.