Hoy se reincorporan a sus puestos de trabajo 200 liberados sindicales del sector púbico. El coordinador del Área Pública de UGT, Francisco Batista, aseguró ayer que tienen que ocupar sus puestos porque no han cedido en la firma de un documento "infumable". Según sus palabras, el Ejecutivo canario se comprometía a dejar a los liberados sindicales como hasta ahora, a cambio de que se retiraran "litigios en Educación, no se hicieran huelgas en Sanidad" y, en definitiva, no molestara "al Gobierno durante la campaña".
Estas reincorporaciones son el efecto inmediato de la ruptura de las negociaciones que mantenían el Gobierno de Canarias y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) en la mesa general de empleados públicos que estudia las medidas para compensar los efectos de la actual coyuntura económica. "Mañana [por hoy] habrá 200 trabajadores en la calle", expuso Batista en referencia a la extinción de los contratos de quienes hasta el momento sustituían en su labor a los liberados.
Derechos
Los sindicatos estiman que la intención del Ejecutivo es escenificar que el conflicto es por la eliminación de unos derechos meramente sindicales, extremo que niegan los secretarios generales de CCOO, Juan Jesús Arteaga, y UGT, Gustavo Santana. Ambos aseguran que en el conflicto se dirimen derechos de todos los trabajadores.
Por su parte, el coordinador del Área Pública de CCOO, José Ramón Barroso, añadió que si la pretensión del Gobierno es "ir a las trincheras, CCOO y UGT", aunque estiman que es "una irresponsabilidad por parte del Ejecutivo", estarán "en el campo de batalla". Antes de llegar a ese punto, los sindicalistas han decidido darse una semana de plazo para comprobar si el Ejecutivo decide estimar alguna de sus demandas.
De lo contrario, plantearán un calendario de movilizaciones que desembocará "en un conflicto generalizado en el ámbito de la Función Pública de Canarias". La primera petición es la convocatoria de la mesa de la función pública, para retomar las negociaciones.
