Daniel Arencibia no puede mirar hacia otro lado cuando ve que a los migrantes se les trata con una indignidad que los anula como personas. Este abogado colabora voluntariamente para mejorar las condiciones de quienes llegan en patera y se lleva las manos a la cabeza ante un Estado que los denigra constantemente.
Usted asiste legalmente a los migrantes de Barranco Seco de manera voluntaria. ¿Por qué?
Creo que es el tema del siglo XXI. El año pasado fue un frenesí en las Islas. Empezamos a ver cosas en Arguineguín que nos parecían escandalosas, así como en la nave del puerto, y pusimos una queja ante el Defensor del Pueblo, que nos dio la razón. Ahora estamos redactando otra queja sobre lo que esta pasando en el Centro de Atención Temporal a Extranjeros de Barranco Seco porque creemos que de nuevo se están vulnerando derechos de manera muy grosera.
¿Tanto cuesta atender a los migrantes con dignidad?
Se les puede atender con mucho esfuerzo y sin apenas presupuesto, pero se debe tener una visión humana de la situación en la que están. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de estas personas van a ser deportadas, por lo que planteamos que hasta que esto ocurra se les dé un trato digno que no es compatible con dejarlos en un campamento pasando frío ni tenerlos a todos concentrados y vagabundeando en una ciudad.
¿Por qué no les dejan salir de Canarias y seguir con su camino hacia el continente?
Hicimos una consulta a la Secretaría de Estado de Migraciones para saber a cuántos habían trasladado a los sistemas de acogida en Península y descubrimos que sólo lo habían hecho con el 8,8%. Además, descubrimos algo escandaloso, que en el aeropuerto de Gran Canaria se produce un tapón para impedir la salida de estas personas al resto de España para poder reunirse con sus familias. Si no pueden ser deportados, deberían ser repartidos solidariamente por el Estado. Se pueden buscar mecanismos más humanos, más económicos y con menos impacto social para las poblaciones en las que se encuentran. A Canarias llegaron 23.000 personas el año pasado, menos de la mitad de las que llegaron a toda España dos años antes, por lo que no tiene sentido que tengamos cientos de miles de plazas de acogida idóneas en Península vacías cuando aquí se les tiene en lugares que no son idóneos, como hoteles o campamentos de barro en los que reina el frío.
¿Por qué no se les traslada?
Porque se ha tomado la decisión política de darle a Canarias la misma condición que a Lampedusa, la de un territorio de segunda clase dentro de la Unión Europea, donde se puede soportar lo que no se puede soportar en Península. Se está generando un gueto insular y no se han medido las consecuencias que esto va a tener a nivel social, de seguridad y económico.
Si desde el Estado se les trata así, ¿se alienta la xenofobia o la aporofobia entre la población?
Es evidente que esto coincide con la condición de pobres de estas personas, también de extranjeros, pero ante todo de pobres. Las instituciones tienen que ser ejemplares a la hora de cumplir los derechos fundamentales, la valía de una democracia se mide, entre otros aspectos, por la contundencia que se tenga a la hora de defender los derechos fundamentales. Si las instituciones ven a miles de personas que están durmiendo en un muelle en plena pandemia y les da igual si guardan la distancia o no, o están en una nave sin papel higiénico o en un barranco pasando frío y no hacen nada, la población acaba considerando que efectivamente se tratan de ciudadanos de segunda o que no alcanzan la dignidad.
“La Policía detiene durante horas a africanos con papeles para evitar que vuelen a la Península”
Sin embargo, desde el Gobierno central defienden su política de acogida.
Cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cerró Arguineguín, reconoció que había habido errores y que el Cate de Barranco Seco se creaba ante todo para preservar la dignidad de las personas. Si ésa fue la razón, ¿cómo pueden estar en un sitio con goteras, con frío, sin duchas, sin comida caliente? ¿Qué concepto de dignidad cree el ministro que corresponde a estas personas? ¿Lo consideran diferente al que se merecen sus familiares? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera trato degradante tener a una persona confinada más de diez días en el suelo sin condiciones de aseo y sin abrigo. Eso es lo que pasó en Arguineguín. El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, asegura que cuando hay un incendio, los canarios se hacinan en un polideportivo y no pasa nada. Pero no dice que eso se trata de una situación muy puntual, que ocurre durante una noche, en régimen de libertad y porque objetivamente no hay otros recursos disponibles.
¿En el caso de los migrantes sí existen otros recursos?
Desde luego. Cuando el Defensor del Pueblo anunció que iba a dar traslado a la Fiscalía de la situación, aparecieron otros recursos. La secretaria de Migraciones nos contestó que había cientos de plazas en Península idóneas para la acogida y disponibles, no sólo con asistencia social y servicios jurídicos, sino también con techos, baños o una mesa de comedor donde comer caliente. ¿Por qué están vacías? También existe capacidad para generar plazas de emergencia; sin embargo, el 98% de las que se crearon el año pasado fueron en Canarias. Se quiere resolver este tema sólo con recursos canarios. Se quejan de que el norte de Europa deja de lado al sur en materia migratoria, pero es justo lo que está haciendo España, que está abandonando al Archipiélago, desoyendo las respuestas de solidaridad de otras regiones que se ofrecen para un reparto proporcionado. Pero el Estado bloquea estas derivaciones y también los traslados que a nivel particular quieren y pueden hacer estas personas para irse a la Península con su familia.
¿Es legal impedir que viajen si tienen los papeles en regla?
Lo que nos cuentan los chicos es que se producen detenciones según el artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que permite detener a una persona sobre la que haya indicios de infracción o delito durante un plazo de hasta seis horas para comprobar su identidad. Lo que no sabemos es qué indicios hay para detener hasta a 20 marroquíes a la vez, como ha pasado. Transcurridas estas seis horas los dejan marchar, pero su vuelo ya ha despegado. ¿Es esto legal? Yo creo que no porque no existen esos indicios ni tampoco se les facilita el volante justificativo de la detención que exige la ley para que ellos puedan reclamar que se les devuelva el dinero del billete. Esto es un fraude que se produce al interpretar de manera retorcida la ley.
¿Cómo se puede cambiar esta situación?
Parece que los partidos que generalmente protestan por estos problemas ahora no lo hacen, así que creemos que es la sociedad civil la que tiene que levantar la mano y decir que hay un límite que no se puede cruzar, que es cuando la persona deja de reconocerse en su dignidad de persona.
