La incorporación de nuevos beneficiarios al sistema de atención a la dependencia ha echado el freno en Canarias. El número de personas que reciben algún tipo de prestación reconocida por la Ley de Dependencia bajó en enero por debajo de las 25.000, cuando un mes antes las personas que recibían alguna de estas ayudas se encontraban ligeramente por encima de esa cifra. Y este descenso no se ha producido como consecuencia de que no existan nuevos dependientes esperando a que se les reconozca el derecho a incorporarse al sistema. De hecho, en las Islas hay 22.819 personas pendientes de una resolución y otras 8.005 que están valoradas y tienen derecho a percibirla pero todavía esperan la prestación. Es la falta de personal que arrastra la Consejería de Derechos Sociales, encargada de realizar estas evaluaciones, la que está detrás de que no se hayan podido incorporar a nuevas altas en el sistema.

Así lo explica el director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Miguel Montero, quien ratificó que la reducción del número de beneficiarios del sistema en el último mes se debe a la falta de personal.

Con la intención de paliar esta situación, el Consejo de Gobierno aprobó ayer un crédito de 3,5 millones de euros para que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud pueda nombrar a 101 funcionarios interinos. El objetivo es que este personal pueda reforzar las gestiones necesarias para acceder al sistema de dependencia así como para agilizar la tramitación de otras prestaciones sociales, tal y como aseguró el portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez.

El consejero también reconoció ayer que la falta de personal es uno de los motivos de la congestión que existe en la resolución de las demandas para acceder a las prestaciones reconocidas en la Ley de Dependencia. “Es sabido que estas ayudas no van a la velocidad adecuada y una de las razones es la insuficiencia de medios personales”, admitió. Por eso, señaló que estas contrataciones “aunque sean de manera temporal” permitirán “descongestionar” estas ayudas.

Sin embargo, para el director general de Dependencia y Discapacidad la incorporación de este personal llega algo tarde. Montero hizo hincapié en que los trámites para incorporar al área de Derechos Sociales a los 101 trabajadores anunciados ayer tras el Consejo de Gobierno comenzaron el pasado julio, es decir, hace ya siete meses. Sin embargo, ni uno solo ha podido ocupar todavía su puesto. Ocurrió que el procedimiento administrativo, que ha exigido el visto bueno tanto de la Consejería de Hacienda como de la de Administraciones Públicas, se ha demorado hasta el punto de que la salida de las 30 personas que se contrataron hace cuatro años (y cuyos contratos ya no pueden renovarse más por imperativo legal) se ha producido sin que se hayan incorporado aún los nuevos refuerzos. Montero reconoció así que “se ha perdido enero y probablemente se pierda también febrero”.

La idea del director general era que los nuevos empleados públicos (una parte de esos 101 que realizarán sus funciones en las áreas de dependencia y discapacidad, dentro de la Dirección general de Dependencia y Discapacidad) se incorporaran antes de que expirase el contrato de sus antecesores, de modo que pudieran formarse sin que se viera perjudicado el ritmo de resolución de expedientes. “Ya desde noviembre pedimos la incorporación de una primera docena de personas”, ahondó Montero.

No obstante, el número dos de la Consejería de Derechos Sociales, que dirige Noemí Santana, está convencido de que puede revertirse la situación a lo largo del año. “Tiene solución”, aseguró el representante de Podemos, que, eso sí, puso énfasis en que se daría un gran paso adelante si todos los ayuntamientos se encargaran de los informes sociales. En estos momentos, agregó, solo una veintena de municipios se ocupan de este trámite, y de entre los cuatro grandes (La Laguna, Telde y las dos capitales provinciales y autonómicas), solo el primero está entre esos 20.

Con la incorporación de este centenar de personas, la Consejería quiere dar un primer paso. Esta actuación permitirá realizarles contratos de tres años que serán prorrogables. Entre ellos habrá profesionales de medicina, psicología y trabajo social, así como administración y auxiliar de administración.

Además, la actuación incluye la contratación de una veintena de trabajadores sociales y profesores de educación especial para las Unidades de Atención Temprana de Tenerife y Gran Canaria y la que está previsto abrir en Fuerteventura.

El portavoz del Ejecutivo regional aseguró que los procesos de selección de personal de las listas de reserva de interinos de la Consejería “comenzará de manera inmediata”.