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Casas terreras en Las Palmas y 48 fincas rústicas en Puerto del Rosario

“Rosita, de la familia Rugama, que era soltera y cuidaba la iglesia, nos dejó ciento y pico fincas en Fuerteventura”, explica Hipólito Cabrera

El análisis pormenorizado de las propiedades que la Iglesia ha registrado en la provincia de Las Palmas evidencia el amplio patrimonio que posee no solo de templos, cementerios o casas parroquiales, sino de propiedades que no tienen que ver con el uso eclesiástico. Son 276 bienes inscritos de los que 167 corresponden a templos y dependencias complementarias y 109 a usos distintos. Así en Las Palmas de Gran Canaria aparecen registradas 33 propiedades, entre ellas la Catedral, el Palacio Episcopal, iglesias como la San José, San Francisco o San Telmo o casas de canónigos, pero también constan dos solares en construcción en La Isleta y, sin denominación específica, dos fincas destinadas a la Iglesia, dependencias parroquiales y plazas, sin que se detalle nada más.

Por poner mas casos de Gran Canaria, en Teror cuentan con una finca urbana pero no se especifica dónde, en Arucas poseen un solar en la plaza de San Andrés y la iglesia parroquial de San Isidro además de la plaza, en Ingenio han registrado la parroquia de San Antonio y también la plaza, en Gáldar una finca rústica en la Suerte de Ánimas, en Moya un solar en Fontanales o en San Nicolás de Tolentino un suelo sin edificar. El registro de las plazas adyacentes a las iglesias es controvertido porque son de uso público, si bien la Iglesia argumenta que suelen ser donaciones.

Precisamente, las donaciones imperan, al parecer, en Fuerteventura, donde la Iglesia posee un amplio patrimonio de fincas rústicas y de pasto. En Puerto del Rosario hay registradas 60 propiedades y 48 son fincas rústicas, además de que tienen dos viviendas y dos almacenes, es decir, posesiones distintas al uso eclesiástico. En Antigua, de las doce propiedades, cinco aparecen registradas como pastos, en concreto, en Solana de Buena Vista , Lugar de Arriba, Paraje la Culata, El Obispo y Cercado Don Domingo.

En Betancuria cuentan con 16 bienes, con iglesias o conventos, como en todos los demás municipios, si bien once son pastos en distintos puntos del Valle de Santa Inés. Con este listado público se abre la vía a que los ayuntamientos o particulares reclamen estas propiedades.

En la provincia oriental hay 276 propiedades, de las que 109 no son eclesiásticas

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Según Hipólito Cabrera, vicario general de la Diócesis de Canarias, el registro se ha hecho con la Ley Hipotecaria en la mano, y en Fuerteventura, por ejemplo, son muchas las donaciones que hizo la familia Rugama hace 50 años. “Los padres le dejaron las propiedades a Rosita, que cuidaba de la Iglesia y era soltera, y donó a la Diócesis de Canarias todo, que son ciento y pico fincas”, cuenta Cabrera, “y lo único que se ha hecho es registrarlas porque así lo exige la normativa actual”.

Igual que la plaza de la Iglesia de Puerto del Rosario es una donación, recalca, o como las de Vecindario, Ingenio o Teror. En todo caso, el vicario sostiene que ellos solo son propietarios del suelo y que los ayuntamientos se encargan del mantenimiento porque el uso de las plazas es público.

Siente malestar por la imagen de ‘rapiña’ que se está dando de la Iglesia, como si quisiera apoderarse indebidamente de las posesiones de sus feligreses o terrenos que no les han donado. De hecho, cuenta que hace tres meses una señora vino a donar su piso y él y le dijo que no podía aceptarlo si no le garantizaba que tenía su futuro resuelto. Ella insistió alegando que contaba con una paga y otras propiedades. Cuando fueron al notario para registrar la propiedad, le hizo la misma pregunta a la señora sobre su bienestar económico. Con ello, quiere dejar claro que la Iglesia no se apodera de los bienes de nadie.

La Conferencia Episcopal ha respondido a la polémica de las inmatriculaciones con un artículo en el que insta a conocer la historia de las posesiones de la Iglesia, en donde recuerda que el sistema de inmatriculación por certificación, vigente desde 1863 y hasta 2015, en el caso de la Iglesia busca dar respuesta a la legislación desamortizadora del siglo XIX (Mendizabal y Madoz), que había dejado a la Iglesia sin título de propiedad de muchos de sus bienes.

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