CC calificó ayer de “timo de la estampita” el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Transportes sobre la adenda al actual convenio de carreteras por la que se amplía la duración de este durante dos años más, hasta el 2027, para incorporar 405 millones a los 1.200 contemplados en el documento original firmado entre ambas administraciones en diciembre de 2018. Con esa adenda se completaría el pago a Canarias de la parte de deuda estatal reconocida por el Tribunal Supremo correspondiente a obras no certificadas entre 2012 y 2016 y que se dejaron de gastar por parte del entonces Gobierno del PP, pero CC considera que eso implica la ‘condonación’ de los 400 millones que aún quedan por pagar de lo que la Comunidad Autónoma adelantó en esos años para concluir vías ya en marcha.
El secretario insular de CC en Gran Canaria y exconsejero de Transportes del Gobierno regional, Pablo Rodríguez, que fue quien firmó el convenio en vigor, asegura que el acuerdo entre Torres y Ábalos es una especie de “punto final” como el que el Ministerio ya intentó imponer en diciembre de 2018 a través de un acuerdo extrajudicial por el que Canarias renunciaba a cualquier otro procedimiento sobre los otros 500 millones de deuda que quedaban pendientes y que entonces se rechazó.
Según el exconsejero , “nosotros estábamos dispuestos a negociar la forma y plazos de pago, pero no las cantidades”, que deberían incluir además los intereses de demora y superar con creces los 1.000 millones a los que se refieren las distintas sentencias del Supremo. Según Rodríguez, el acuerdo entre Torres y Ábalos no da garantías de que se puedan cobrar los 400 millones que quedan pendientes de esa parte de la deuda. Pese a que los actuales Presupuestos estatales contempla el pago de los primeros 100 millones de la misma a través de una disposición adicional, nada establece por escrito que se repita año a año sino que se deja al albur de las negociaciones presupuestarias.
“Es un absoluto escándalo”, sostiene Rodríguez, quien considera que “se está renunciando a un nuevo convenio y a la ejecución de la mitad de la sentencia del Supremo”.
