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Empleo público

Gobierno y sindicatos exploran un encaje jurídico para dar fijeza a los interinos

Acercamiento de posturas entre ambas partes, que podrían firmar un principio de acuerdo en una semana

Manifestación de interinos en una caravana de vehículos.

Manifestación de interinos en una caravana de vehículos.

El conflicto laboral de los interinos y temporales de la Administración autonómica alcanzó ayer un punto de inflexión al abrirse una vía de acercamiento entre el Gobierno y el comité de huelga. Las dos partes estudiarán un principio de acuerdo en los próximos días para intentar sellarlo el próximo viernes 23 y trabajar en buscar un encaje jurídico y legal que facilite la permanencia de los empleados públicos interinos que llevan varios años y décadas sin estabilizar sus puestos de trabajo y que solo en la Administración General son unos 3.000.

Los sindicatos y la plataforma que promueven los paros desde hace cuatro meses mantienen que hay varias opciones válidas desde el punto de vista jurídico para que este personal permanezca en sus puestos sin verse obligados a pasar por un concurso-oposición. Tras el reciente informe elaborado por la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Emilia Casas, y el compromiso del ministro Miquel Iceta de abordar una modificación legal para cerrar este conflicto, que también es nacional, el Ejecutivo autonómico se aviene a crear un grupo de trabajo técnico para buscar la fórmula jurídica que dé respaldo legal a la permanencia de los interinos que sufren el abuso de temporalidad.

El comité de huelga había reanudado el conflicto con un nuevo preaviso que se extiende hasta diciembre y en el que se contemplan un paro parcial y hasta cuatro jornadas de huelga completa al mes. Las reuniones habidas entre enero y marzo no llegaron a ningún tipo de acercamiento y el conflicto había entrado en una fase de estancamiento. Tras conocer el informe emitido por Emilia Casas el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, se ha mostrado favorable a introducir la categoría de empleados públicos “fijos a extinguir” como fórmula singular que dé salida a este colectivo pero, eso sí, con el respaldo de la legislación básica del Estado.

Esfuerzo

En la reunión de ayer tanto los representantes del Ejecutivo como los del comité de huelga valoraron el esfuerzo por acercar posturas y consensuar un texto cuyo objetivo sea la permanencia del personal en abuso de temporalidad. Las dos partes estudiarán el documento y se han emplazado para el próximo viernes 23 de abril para firmarlo.

Se plantea la creación de dos grupos de trabajo: uno para el estudio y análisis de las fórmulas jurídicas que puedan existir para dar estabilidad a este personal y otro para identificar con exactitud qué personal está afectado por la situación de abuso de temporalidad. Los sindicatos reclaman que también entren aquellos interinos que trabajan para la Administración después de 2014.

Los procesos selectivos de consolidación y estabilización que se habían planteado y que dieron origen al conflicto quedan aparcados si finalmente hay principio de acuerdo y se crean los grupos de trabajo. El comité de huelga espera que tanto el encaje jurídico que se busque en Canarias como el cambio normativo al que se ha comprometido el Gobierno central dejen a un lado definitivamente cualquier posibilidad de oposiciones para los interinos afectados por el abuso de temporalidad.

El preaviso de huelga, que tuvo ya el jueves su primer paro parcial, no se va a desconvocar por lo pronto. Según fuentes sindicales, en el caso de que se firme un acuerdo el viernes el comité de huelga valorará una posible “relación” del conflicto pero sin desconvocarlo del todo hasta que no haya un compromiso o solución en firme de la Administración que despeje cualquier tipo de duda de que el personal que está dentro se queda.

En una reciente visita del presidente canario Ángel Víctor Torres al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, éste indicó que su departamento trabaja para que en un plazo de aquí al verano pueda alcanzarse una solución a las elevadas tasas de interinidad de las administraciones públicas, entre otras cosas porque es una de las exigencias de la UE en las reformas necesarias a cambio de los fondos comunitarios de recuperación. La media de inestabilidad en la función pública española ronda el 28%, mientras que en Canarias alcanza el 40% al sumar educación y sanidad.

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