Se cumple una década de la última gran movilización social en España: el 15-M. Una revuelta impulsada por jóvenes que veían peligrar su futuro ante una crisis financiera feroz. Acamparon de manera espontánea en las plazas de las grandes ciudades para reclamar una «democracia real» y organizaron manifestaciones multitudinarias contra la corrupción, las desigualdades y los recortes. La Plaza de España, en Santa Cruz de Tenerife, y el Parque San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, fueron los escenarios en los que la ciudadanía isleña alzó la voz y se organizó en asambleas vecinales y movimiento sectoriales para defender los servicios públicos e impulsar, a su vez, un espíritu regenerador y de cambio. El diálogo, la escucha activa y la democracia horizontal participativa inundó cada rincón del país, en aras de exigir un modelo de gestión más justo.
El legado de los indignados no se vio de manera inmediata en la política española, ya que solo seis meses después Mariano Rajoy arrasó en las urnas y llegó a Moncloa con una mayoría absoluta. Si bien, esa revuelta social fue el primer síntoma de que se avecinaba un giro de guión en la política española. En las calles se reclamaba activamente la regeneración de la política y del sistema. Al grito de «no nos representan», los ciudadanos mostraron su desafección hacia los representantes públicos y escribieron así el prólogo de lo que sucedería pocos años después. Cuando se levantaron los campamentos, la ideología del 15-M llegó a las instituciones de la mano de Podemos, que se fraguó como heredero del sentir colectivo que se había consolidado en las plazas de España. En 2014, solo tres años después del inicio de las movilizaciones, los morados llegaron al Parlamento Europeo y actualmente comparten con el PSOE el Ejecutivo de coalición.
«Podemos no es el 15-M, se apropió de los eslóganes y jugó con nosotros», sostiene Aparicio
El 15-M contó con un respaldo popular y un impacto sin precedentes. El movimiento supuso la contestación social más importante hacia el sistema político instaurado en España desde la Transición. Supuso un punto de inflexión porque rompió el sistema bipartidista. Las grandes formaciones políticas –PP y PSOE– sumaron el 73,4% de los votos en las elecciones generales de 2011, frente al 48,81% que alcanzaron en los comicios de 2019. El 15-M también fue un revulsivo porque reivindicaciones como la reforma de la ley electoral, la exigencia de transparencia, el fin de privilegios como los aforamientos o la necesidad de una democracia más participativa se colaron en las agendas públicas. ¿Qué ha pasado con esas demandas? ¿Ha cambiado el panorama político del país una década después?
El rescate bancario y los desahucios de las familias afectadas por la recesión económica coincidieron con la explosión de la crisis financiera mundial. Ante este escenario, el movimiento 15-M exigió la prohibición de cualquier tipo de rescate, la creación de una banca pública, la prohibición de la inversión de bancos en paraísos fiscales y la regulación de sanciones ante movimientos especulativos. La burbuja inmobiliaria se llevó por delante a buena parte de las entidades, pero las supervivientes son ahora más sólidas. Los bancos se presentan en esta nueva crisis derivada de la pandemia de la covid-19 como «parte de la solución» y ven una oportunidad para recuperar la reputación que perdieron en la anterior crisis económica.
Frases como «no hay pan para tanto chorizo» se leían en las pancartas de los indignados. Quienes exigían la supresión de los privilegios de la clase política, que las listas electorales estén libres de imputados, la transparencia en las cuentas de los partidos y el fin de la inmunidad asociada al cargo. Los casos Gürtel y Noos ya se conocían en ese entonces, pero detrás de esos vinieron otras muchas tramas de corrupción como el caso Púnica, el caso Palau, el caso 3% o el caso Pujol.
La reforma de la ley electoral era una de las principales reclamaciones del 15-M. Desde las plazas se pedía un sistema representativo y proporcional, listas abiertas y una circunscripción única, en vez de circunscripciones provinciales. Si bien, la ley electoral española apenas ha sido retocada en 36 años. Los últimos arreglos fueron encaminados a garantizar el voto de las personas con discapacidad, evitar comicios en Navidad y acortar la campaña electoral en caso de repetir las elecciones. En los planes del Gobierno de coalición está la eliminación del voto rogado, garantizar las listas cremallera, buscar una fórmula electoral más proporcional y ampliar el derecho a voto a los mayores de 16 años.
El problema de los desahucios se hizo verdaderamente visible con el 15-M. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cogió impulso con los indignados y miles de personas se movilizaron en los barrios para exigir soluciones al Gobierno ante cuestiones como la expropiación de viviendas en stock que no se vendían para colocarlas en el mercado de alquiler social, ayudas a los jóvenes para independizarse o la dación en pago para cancelar hipotecas. Entre sus mayores hitos, la PAH llevó al Congreso una iniciativa popular a favor de la dación en pago con más de millón y medio de firmas, aunque la propuesta se terminó diluyendo. En el contexto de la pandemia, la PAH, el Sindicato de Inquilinos y los Sindicatos de Vivienda exigen una norma para acabar con la emergencia habitacional, agravada por el impacto del covid, con el objetivo de regular el precio de los alquileres, frenar los desahucios y obligar a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social a familias vulnerables.
Supuso un punto de inflexión porque rompió el sistema bipartidista y sus demandas entraron en la agenda pública
El 15-M también reclamó la derogación de la reforma laboral impulsada un año antes por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Exigían el fin de la temporalidad, garantizar los derechos de los trabajadores ante el abaratamiento del despido, congelar la jubilación a los 65 años y promover la conciliación familiar. Solo un año después, el Gobierno de Rajoy aprobó una nueva reforma laboral, que introdujo novedades como que el absentismo se considere causa de despido o que el convenio de la empresa prevalezca sobre los sectoriales. Con esta reforma, el Ejecutivo popular perjudicaba todavía más a los trabajadores en favor de los empresarios. Ahora, el Gobierno de coalición trabaja para revertir los efectos más controvertidos de estas reformas laborales.
El 12 de junio de 2011 se comenzaron a desalojar los campamentos del 15-M con cargas policiales, pero el movimiento continuó convocando manifestaciones en todo el país en los meses posteriores. La intervención policial para desmantelar las acampadas abrió el debate sobre la libertad de expresión. En 2015, se aprobó la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza. Entre los puntos más controvertidos destacan las multas por participar en protestas no autorizadas, las elevadas penas por irrumpir en actos públicos, la incitación a la movilización en las redes sociales o la intervención para frenar un desahucio. Pese al compromiso de las izquierdas de derogar esta polémica ley, la norma sigue en vigor seis años después. Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez estudia reformar los delitos relacionados con la libertad de expresión y acotar las penas.
El 15-M, cuyo germen se remonta a unas movilizaciones previas convocadas en Madrid por Democracia Real Ya (DRY), exprimió el potencial de las redes sociales para organizar concentraciones y acampadas en diferentes plazas públicas. El eco de la revuelta no tardó en llegar a Canarias. Uno de los que acamparon en la Plaza de España fue Jorge Hernández, quien considera que el 15-M ayudó a fortalecer muchos movimientos sociales de Tenerife, que hasta entonces estaban desdibujados. Hernández sostiene que en aquel momento lo razonable era el nacimiento de una formación política como Podemos, que canalizara todas las demandas de la ciudadanía, pero que «al llegar a las instituciones han visto que chocan contra muros que les impiden defender sus ideales».
«Hubo una explosión de creatividad y una eclosión de inteligencia colectiva», afirma Eugenio Reyes
En el Parque San Telmo el primer día había menos de una decena de personas acampadas, pero jornada tras jornada se fueron multiplicando los indignados. «Éramos gente muy diferente, pero teníamos claro que las cosas no podían seguir así. Lo que estaba pasando era terrible, porque la ciudadanía no era la responsable de la crisis, pero sí pagaba las consecuencias», explica Begoña Vera. Para ella, el 15-M logró reactivar la participación social, «porque el movimiento ciudadano se había acomodado después de los años 90», y además se logró estimular el movimiento feminista. Eugenio Reyes recuerda los días en San Telmo como «una explosión de creatividad y una eclosión de inteligencia colectiva» y defiende que en ese momento se fraguó un cambio de época, porque se gestaron numerosos cambios en muchos ámbitos de la sociedad.
Mingo Sánchez también participó en la acampada y defiende que el 15-M logró aglutinar «todas las demandas de una sociedad indignada». Si bien, apunta que la política «es un campo muy complejo» y que cuando el movimiento llegó a las instituciones «se fue tornando en personalismos, que se van pareciendo demasiado a la política anterior». No obstante, valora los logros de Unidas Podemos, porque «le ha dado un toque 15-M a las políticas del Gobierno».
Para Javier Aparicio, en 2011, «la sociedad hacía aguas por todos los lados» y con el 15-M se consiguió cambiar muchas conciencias. «No sirvió para derrotar al sistema capitalista antihumano en el que vivimos, porque es un gran gigante, pero ese gigante se llevó un buen puntapié y le dolió», afirma Aparicio. Quien destaca que el movimiento sirvió para llevar a juicio a los corruptos, para poner límites a los bancos y para frenar desahucios. Aparicio define el movimiento como «político, pero apartidista», por lo que asegura que «Podemos no representa al 15-M, se apropió de los eslóganes y jugó con nosotros».
El movimiento fue la contestación social más importante hacia el sistema político desde la Transición
Patricia Susial, miembro del 15-M y de DRY, señala que «todas las reivindicaciones siguen vigentes en la actualidad e incluso se podrían ampliar, porque no se han solucionado con la supuesta institucionalización del movimiento». Una circunstancia que achaca a que no se ha modificado la estructura socioeconómica del sistema. Susial reflexiona que las instituciones «fueron sensibles a las críticas de la ciudadanía, ya que éstas eran muy razonables» y lamenta que algunas formaciones políticas hicieran suyas esas reivindicaciones, pero no las hayan implementado en su acción política. Asimismo, apunta que tampoco se han «abierto canales de diálogo democrático con diversos sectores de la sociedad, como el movimiento feminista».
La revolución de las plazas del 15M celebra su décimo aniversario, un movimiento que supuso un terremoto que cambió la política española. Diez años han pasado desde que se convocara aquella manifestación al margen de partidos políticos y sindicatos. La frustración de toda una generación, víctima de la crisis financiera, llegaba al corazón de las ciudades. Arriba, un grupo de miembros del 15-M que acamparon en el Parque San Telmo de la capital grancanaria se reunió ayer en la misma plaza para celebrar el aniversario del movimiento. A la izquierda, pancartas de la manifestación del 15–M en la calle Triana. |
