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Pleno del Parlamento | Planificación energética

El Gobierno da a los cabildos la última palabra para autorizar parques eólicos

Las corporaciones podrán parar los proyectos en marcha que no sean de interés general | No se permitirán instalaciones a menos de 250 metros de poblaciones

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Pleno del Parlamento: comparecencia de José Antonio Valbuena María Pisaca

Los cabildos van a tener la última palabra a la hora de autorizar o paralizar la instalación de parques eólicos en sus respectivas islas. El Gobierno de Canarias cederá esta potestad a las corporaciones insulares en la nueva normativa energética, que el Ejecutivo prevé tener lista hacia finales de año. El consejero para la Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, el socialista José Antonio Valbuena, explicó ayer durante su intervención ante el pleno del Parlamento autonómico que, además, los cabildos podrán parar los parques eólicos que no tengan la consideración de infraestructura de interés general.

La planificación energética para el próximo decenio, hasta 2030, protagonizó el debate en la segunda jornada del pleno ordinario que desde el martes celebra la Cámara regional. La comparecencia de Valbuena, solicitada por su propio partido –PSOE–, sirvió para que el consejero avanzara algunos de los cambios más importantes que traerá la nueva normativa y también para que la oposición y los grupos que apoyan al Gobierno se tiraran los trastos a la cabeza por ver quién ha tenido la mayor culpa en la proliferación de parques eólicos más o menos justificados a lo largo y ancho del Archipiélago. Jesús Machín, diputado de Coalición Canaria, e Iñaki Lavandera, del grupo parlamentario socialista, fueron quienes intercambiaron las palabras más gruesas con el telón de fondo de lo que está ocurriendo en Fuerteventura, donde crece el malestar y la oposición ciudadana contra la instalación indiscriminada de torretas de viento. Lavandera aseguró que buena parte del problema obedece a que el anterior Ejecutivo, presidido por CC, otorgó el carácter de infraestructura de interés general a más proyectos de los debidos. Según el parlamentario del PSOE, las credenciales «para poner molinos de viento» se dieron «como churros», a lo que Machín respondió recordando que son dos socialistas, Ornella Chacón y Blas Acosta, quienes desde 2011 han tomado las decisiones en materia energética en el Cabildo majorero. Al final fue el propio Valbuena quien zanjó la discusión: «Todos hemos cometido errores».

Canarias quiere llegar en 2030 al 62% de generación eléctrica por energías renovables

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Al hilo de la denuncia de Lavandera por el «salpicón» de parques eólicos –también fotovoltaicos– declarados de interés general, el consejero para la Transición Ecológica avanzó que, con la nueva normativa, la declaración de interés –una credencial que da tramitación preferente al proyecto al que se le concede– exigirá que el cabildo de la isla se manifieste sobre la conveniencia, o no, de la infraestructura. Es más, serán las corporaciones insulares –a las que «se empoderará», dijo Valbuena– las que tendrán la última palabra. Una «novedad importante», ahondó el consejero, que permitirá amoldar el desarrollo de este tipo de instalación renovable a la realidad de cada isla. Además, el Gobierno de Canarias no podrá sustraerse de lo que decida el cabildo, cuyo informe será preceptivo y vinculante.

Francisco Déniz, diputado de Podemos, preguntó a Valbuena por las posibilidades que hay de «parar» los proyectos que tantas quejas han generado en Fuerteventura, por las posibilidades, en definitiva, de «parar el disparate». El consejero contestó que, efectivamente, los parques eólicos que no hayan sido ya considerados de interés general pueden paralizarse, algo que dio lugar a una tibia discrepancia, que casi pasa desapercibida, entre los partidos del pacto de gobierno. No en vano, el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, dejó claro que en su fuerza política en ningún caso apoyarán «moratorias del desarrollo energético», porque se corre el riesgo de pasar del «negacionismo del cambio climático» –argumentó el diputado parafraseando a un experto en la materia– al «negacionismo» de las soluciones para combatir el cambio climático. Una premisa que comparte la Agrupación Socialista Gomera, desde cuya bancada el parlamentario Jesús Ramos Machín afirmó que en Canarias «no es necesaria una moratoria eólica».

El consejero Valbuena, que insistió en que el problema de fondo es una falta de planificación energética que en su departamento están tratando de solventar, puntualizó que, en cualquier caso, es decir, sea cual sea la posición del Gobierno y del cabildo de que se trate, estará prohibido instalar nuevos parques eólicos a menos de 250 metros de núcleos de población.

El representante del Ejecutivo autonómico también explicó que el objetivo es que hasta el 62% de la electricidad se genere en 2030 a partir de energías renovables. Un hito hacia cuya consecución se orientará el plan para la transición energética, que se aprobará antes de que acabe 2021 y que blindará la protección ambiental y territorial ante la instalación de futuras infraestructuras.

Sobre estas líneas, el consejero para la Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena –que ayer lució en el Parlamento una llamativa mascarilla con dibujos de Mickey Mouse–, mira desde su escaño al diputado de Podemos Francisco Déniz, que camina hacia la tribuna de la Cámara autonómica para una de sus intervenciones ante el pleno de la primera institución de la Comunidad Autónoma. La planificación energética fue ayer protagonista en el Parlamento. |

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