Cansados de esperar por el Gobierno regional, el comité de huelga del personal interino de la Administración General de la Comunidad Autónoma lleva a Bruselas el conflicto laboral por la permanencia en sus puestos de trabajo. Los representantes de los cerca de 4.000 empleados afectados por esta situación han registrado un escrito ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en el que denuncian el incumplimiento por parte del Estado y del Gobierno canario de la Directiva comunitaria sobre trabajo de duración determinada y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que en varias sentencias, la más reciente de este mismo mes, llama la atención a España por el elevado número de interinos en el sector público. El comité de huelga quiere que la Eurocámara tome cartas en el asunto y se pronuncie en favor de la petición de que los trabajadores en abuso de temporalidad permanezcan en sus puestos.
Esta denuncia es la primera de un «largo conflicto judicial que llevaremos a los tribunales europeos si es necesario», explicó ayer el portavoz del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Manuel González. «Este problema se va a judicializar mucho porque desde Sepca y el comité de huelga anunciamos que con OPE o sin OPE llegaremos hasta Bruselas si hace falta con cuestiones prejudiciales si se empeña el Gobierno en nuevos procesos de estabilización. El conflicto será largo y ahí estaremos para judicializarlo lo máximo posible», añadió el dirigente sindical, que advierte con impugnaciones y recursos en todas los instancias.
La petición a la Eurocámara va más allá de denunciar a los gobiernos central y autonómico y advierte a la Cámara de Estrasburgo sobre el «peligro» que corre la gestión de los fondos europeos que van a empezar a llegar a España y Canarias por la falta de personal en las administraciones públicas. «Dichos fondos están necesariamente vinculados al funcionamiento de unos servicios públicos con unos recursos humanos estables y duraderos, siendo que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por el reino de España, no incluye la preceptiva sanción al abuso de temporalidad en el sector público ni ninguna medida que vaya a resolver el conflicto de estos trabajadores en fraude de ley», añade el escrito.
El comité de huelga no ve por ahora ninguna intención del Ejecutivo regional por firmar el acuerdo al que se llegó en abril y en constituir los grupos de trabajo ya que «no nos han llamado, están dilatando el tiempo y no están buscan otras alternativas que no sean nuevos procesos de estabilización que no van a solucionar el problema del abuso de la temporalidad», advierte el representante del Sepca.
No solo se trata de que la Directiva sobre el empleo temporal, que data de 1999, lleva 20 años sin trasponerse a la legislación española, sino que existe ya abundante jurisprudencia y sentencias del TJUE sobre el asunto por peticiones de aclaración de los tribunales españoles ante denuncias de empleados públicos interinos con muchos años en la Administración. El último fallo del tribunal comunitario fue el pasado 3 de junio y da un varapalo a España por el elevado número de empleados en precario en el sector público.
El comité de huelga reclama a la Eurocámara que «reconozcan en su normativa interna el abuso de temporalidad y estableciendo como sanción entre otras cosas la reparación del personal afectado por el abuso de temporalidad mediante el reconocimiento de la permanencia en sus puestos de trabajo con las mismas garantías de estabilidad e inamovilidad que el personal fijo comparable».
