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El Estado elude reconocer el rechazo unánime en Canarias al recorte del REF

El Gobierno central insiste en que no vulnera el fuero y esquiva confirmar el acuerdo con Torres y NC para recuperar el diferencial en las ayudas al cine

Teresa Ribera a su llegada al Congreso

Teresa Ribera a su llegada al Congreso Efe

El Gobierno central sigue anclado en un lenguaje esquivo y ambiguo en relación al conflicto con Canarias en torno a la reforma unilateral del REF sobre la fiscalidad de las producciones audiovisuales realizadas en el Archipiélago. Hoy insistió en esa actitud en el pleno extraordinario del Congreso en el que se convalidó, entre otros, el real decreto de fiscalidad energética en el que se incluye, en su disposición final tercera, la modificación de la ley económica y fiscal canaria que hace retroactivo al 2020 el tope de 12,4 millones en las deducciones al Impuesto de Sociedades.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, encargada de defender dicho decreto, se refirió también a la disposición relacionada con el REF e insistió en la idea de que en ella no se está vulnerado pese a que ese nuevo tope liquida el diferencial fiscal del 80 % respecto a las producciones realizadas en el resto del territorio nacional, en los términos en que aparece en la ley 19/1994 del propio fuero isleño. “Creemos que no se ha producido ningún incumplimiento de la normativa y que Canarias sigue contando con ventajas competitivas respecto al resto del Estado para atraer inversiones en este ámbito”, aseguró antes de recalcar que, “de hecho, la modificación supone que se mantiene el diferencial de 2,4 millones que tenía con respecto a las producciones que puedan realizarse en el resto el territorio”.

Ribera: "Canarias sigue contando con ventajas competitivas respecto al resto del Estado para atraer inversiones"

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Pero Ribera fue más allá en las descripción del punto de vista del Gobierno central sobre este conflicto y eludió reconocer que el rechazo a esta reforma del REF sea de la totalidad de las fuerzas políticas e instituciones de las Islas, incluido el Parlamento regional y el Gobierno presidido por el socialista Ángel Víctor Torres. En una referencia que extrañó a la mayoría de la representación canaria en el Congreso, Ribera aseguró, para defender la modificación del REF que incluye el real decreto que estaba defendiendo, que el Gobierno es “consciente de que ha existido un posicionamiento desfavorable por parte de algunos actores claves en Canarias argumentando que la modificación de este limite no cumple con lo recogido en el Régimen especial fiscal de la Comunidad Autónoma”. Negaba así de forma implícita que dicho rechazo sea unánime en todo el arco político e institucional canario. Es decir, que para el Ejecutivo central, el informe aprobado por unanimidad en el Parlamento de Canarias contrario a la reforma unilateral del REF, y las propias acciones del Gobierno regional son expresiones únicamente de “algunos actores claves” del Archipiélago, no de la totalidad de sus fuerzas políticas.

Así se lo reprochó la diputada de CC, Ana Oramas, quien acusó a la ministra de “volver a despreciar a Canarias”. “Ha dicho usted que algunos actores de Canarias están contra esta modificación del REF. Le recuerdo que es el 100 % del Parlamento de Canarias y todas las fuerzas políticas, incluido su partido”. La intervención de Ribera también causó malestar en el diputado de NC, Pedro Quevedo, quien se extrañó además que la ministra no hiciera la menor referencia al acuerdo alcanzado el lunes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el propio presidente de Canarias y líder de los socialistas canarios, y el presidente de NC, Román Rodríguez. En ese acuerdo, según el PSOE canario y NC, el Gobierno central propiciará una modificación legislativa antes de finales del año en la que se recupere el 80 % de diferencial fiscal para las ayudas al cine hecho en las Islas. Eludir esa mención al compromiso de Montero vuelve a hacer saltar las alarmas sobre la verdaderas intenciones de la ministra de Hacienda respecto a la resolución del conflicto entre Canarias y el Estado. El decreto fue finalmente avalado por el PSOE y sus socios, con la abstención del PP y los únicos votos en contra de Oramas, Quevedo y el diputado de Foro Asturias.

En su intervención, Teresa Ribera, lejos de asumir un cambio de posición gubernamental en este asunto, lo que hizo fue leer una ficha resumen sobre las medidas y ayudas adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la pandemia para ayudar a las Islas a superar los efectos de la crisis turística. Ella lo llamó “datos de nuestro compromiso directo con Canarias” y dijo que “solo con este análisis objetivo podremos ver que nuestra preocupación como Gobierno se traduce en absorber el golpe de la crisis y generar un espacio de inversiones para la recuperación y eso es posible por las medidas extraordinarias aprobadas por este Gobierno”.

Aseguró que “incluyendo todos los conceptos del sistema de financiación, Canarias contó en 2020 con 5.590 millones, 421 millones más que en 2019, lo que representa un incremento del 8,1%” Recordó también que del Fondo Covid de 16.000 millones, obtuvo 551 millones y que a través de las distintas conferencias sectoriales dispuso de 213,7 millones. “Equilibrar las cuentas es a nuestro juicio el primer paso para gobernar sin dejar a nadie atrás. Este esfuerzo demuestra el inexcusable apoyo financiero a Canarias, el más alto en toda la serie histórica”, afirmó la ministra.

CC apela a la Constitución

El pleno se inició con una petición formal por parte de Oramas reclamando a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la suspensión del debate y votación del decreto que reforma el REF por no contar con el pertinente informe del Parlamento de Canarias, tal como es preceptivo. Instó a Meritxell a que se leyera en el pleno la disposición adicional tercera de la Constitución donde se recoge el mecanismo para la reforma del fuero isleño, pero la presidenta del Congreso respondió que tal cosa no procedía. “Se está sometiendo a votación un expediente que va en contra de la Constitución, se está vulnerando el nuevo Estatuto de Autonomía, y se se está vulnerando el REF y los derechos de los canarios una vez más por un Gobierno socialista y por los socios que le apoyan”, denunció Oramas. “En unos casos se vulnera la constitución para machacar los derechos reconocidos, y en otros se hace dar derechos a comunidades que no los tienen”, resaltó la diputada de CC.

Quevedo, por su lado, dijo que “los canarios no vamos a cambiar recursos económicos por derechos”, en alusión a la pretensión de Montero de ofrecer la recuperación del diferencial fiscal al cine a cambio del apoyo de NC a los Presupuestos estatales de 2022. “Creemos en el derecho que tiene Canarias es a que se le reconozca el REF de una forma integral y consideramos que hay una modificación unilateral que no podemos aceptar tal como está en la disposición final tercera de este decreto”, dijo el diputado de NC, quien, ante el silencio anterior de la ministra Ribera, si aludió al pacto del lunes con Montero. “Hemos llegado a un acuerdo con la ministra de Hacienda de que este asunto se corregirá con carácter inmediato a través de una norma donde se reconozca que el diferencial canario tiene que ser del 80% y el límite máximo para producciones audiovisuales tiene que ser de 18 millones”, concluyó Quevedo, que adelantó su voto en contra del real decreto que afecta al REF.

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