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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Tres de cada diez dependientes con la prestación reconocida no la reciben

La lista de espera en Canarias asciende a 9.292 personas y el tiempo para resolver los expedientes desde que se pide la ayuda supera los dos años y medio

Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. | | LP/DLP

El atasco en la gestión de las prestaciones para la dependencia impide que casi tres de cada diez personas con la ayuda reconocida la esté percibiendo. Canarias tarda una media de dos años y medio en realizar las valoraciones y los programas individuales de atención (PIA) de los solicitantes, muchos de ellos con una edad superior a los 80 años. La demora ha provocado que en el camino fallezcan miles de personas -en lo que va de año 1.753- a la espera de que se les examine y conceda la ayuda, bien para apoyar a los familiares que los cuidan o para personal especializado, centros de día, de noche o atención residencial.

Los datos del Ministerio de Derechos Sociales a 31 de julio indican que en las Islas hay 57.289 solicitantes -acumulados de años anteriores-, se han producido 40.680 resoluciones, de las que 35.118 son beneficiarios con derecho a la prestación, y la reciben 25.826 (un 73%), con lo que 9.292 están aguardando a percibirla (un 26%), con un tiempo medio de espera de 927 días -dos años y medio- desde que la piden.

Esto ha provocado que fallezcan ocho personas al día sin recibir su prestación en los primeros siete meses del año, aunque según la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias en estas tristes cifras se están contabilizando expedientes de 2018 que el anterior Gobierno de CC dejó en el aire. No obstante, no aclaran cuántas personas han fallecido este año y cuántas en 2018. Los datos enfrían la escalofriante realidad, porque aunque solo sea una persona la que necesita la prestación la debe tener en tiempo y forma.

Mañana se inicia el nuevo curso político en el ecuador de la legislatura con un Consejo de Gobierno extraordinario tras el periodo estival donde se analizará principalmente la pandemia. Pero, sin duda, otra de las asignaturas pendientes de mejorar es la dependencia y, por ahora, recibe el suspenso del propio Diputado del Común, de los colectivos sociales que trabajan día a día con los dependientes, y de la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria. Los de la oposición lanzan duras críticas a la gestión. Los del Gobierno, en especial Podemos y el PSOE, sostienen que se está trabajando para invertir el legado que les dejó Coalición Canaria.

Ya han pasado 14 años desde que entró en vigor la Ley de Dependencia para auxiliar a los menores, mayores y personas con discapacidad y, pese a las numerosas denuncias y críticas, la situación sigue sin corregirse o se hacen avances al golpito. Pero en este caso, el tiempo corre en contra de los solicitantes, y ahí están las cifras de defunciones.

Las consejerías de Administraciones Públicas y Derechos Sociales del Gobierno canario no han concretado aún un plan de acción para mejorar el funcionamiento del servicio de Dependencia ante la evidencia de que las medidas que se han aplicado en los dos años de esta legislatura no han atajado el problema de demoras y deficiencias en la gestión que denuncian los trabajadores del área.

Falta de personal

La inestabilidad del personal sigue siendo la tónica dominante y el último plan de choque para incorporar más efectivos (101 personas) no se ha consolidado todavía, mientras que está pendiente un nuevo sistema informático que dé más eficacia a la tramitación administrativa de los expedientes. El cambio introducido para agilizar los procedimientos mediante la resolución única de la valoración del grado de dependencia o el intento de que los ayuntamientos se encarguen de los informes sociales son medidas que se están encontrando con muchas dificultades.

El sistema de dependencia en Canarias necesita multiplicar por cinco el personal que se encarga de valorar la situación de los beneficiarios para poder cumplir con los plazos establecidos en la ley. Así lo aseguró el Diputado del Común, Rafael Yanes, el pasado mayo cuando entregó la memoria de gestión de 2020 de la entidad al Parlamento canario, donde certificaba «el mal funcionamiento» del sistema en las Islas, y lo hacía pese a tirar piedras contra su propio tejado, el PSOE, partido con el que fue alcalde de Güimar y viceconsejero de Empleo.

Cierto es que el área que dirige la Dependencia depende dentro del pacto de las flores de Podemos, y en concreto de Noemí Santana, pero el responsable último de la gestión en dependencia es quien rige el Gobierno, en este caso el socialista Ángel Víctor Torres.

Según el diputado del Común, la razón de que el Archipiélago siga estando a la cola en el tiempo de resolución de los expedientes está vinculado al escaso número de trabajadores que se dedican a tramitarlos. Yanes expone que apenas hay 64 técnicos que realizan este tipo de valoraciones y que al menos serían necesarios 320 para poder percibir una mejora. Es más, desde que él se incorporó al cargo en 2018 el tiempo medio de espera por una resolución en las Islas no ha dejado de aumentar. Si en ese momento la administración tardaba 500 días en tramitar un expediente –un plazo que ya era muy superior a los 180 días que establece la normativa–, ahora el tiempo ya se extiende por encima de los dos años y medio.

Ni la consejera de Derechos Sociales ni el presidente se sienten orgullosos de los datos en dependencia y reconocen que hay que mejorarlos. Santana aún se escuda en el legado que le dejó CC en dependencia, con un caos en los expedientes incluso sin informatizar, ha justificado.

Las cifras que ofrece el Imserso indican que en julio de 2019, el Gobierno de CC dejó a 8.739 en las listas de espera; en 2020 con el nuevo Ejecutivo se rebajaron a 7.698, y en 2021 van por 9.292, esto es, las listas de espera para recibir la prestación, pese a tenerla reconocida, han crecido en dos años, aunque no es menos cierto que también han aumentado las resoluciones y los beneficiarios con derecho a recibir la prestación: si hace dos años la percibían 22.451 personas, en 2021 cubre a 25.826.

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