El Gobierno de Canarias destinará 100.000 euros, hasta el final de la legislatura, a realizar encuestas de opinión entre la ciudadanía canaria sobre asuntos socioeconómicos de las Islas, especialmente relacionados con la gestión de la pandemia. Este contrato, dependiente de la Viceconsejería de la Presidencia, encabezada por Antonio Olivera, se impulsa de forma paralela al sociobarómetro que presentó hace menos de un año el vicepresidente del Ejecutivo y Consejero de Hacienda, Román Rodríguez (NC), cuyo objetivo es recabar datos sobre la realidad del Archipiélago y tiene un coste anual de 25.000 euros. La nueva herramienta demoscópica quedará en manos del ala socialista del Gobierno, que no encomienda estas encuestas al centro oficial de investigación del Ejecutivo regional, el Instituto Canario de Estadística (Istac), que cuenta con un presupuesto anual de 3,95 millones de euros y, al igual que el sociobarómetro, depende de la Consejería de Hacienda.
El portavoz del Grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI), José Miguel Barragán, a través de sus redes sociales, calificó ayer la publicación de esta licitación de «escándalo mayúsculo», ya que considera que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, destina 100.000 euros a «hacer las mismas encuestas que ha encargado Román Rodríguez». Barragán se cuestiona si es que «¿no se fían uno de otros? ¿O es que hay otros intereses?», por lo que exige «respuestas inmediatas». Olivera, responsable del contrato, responde al nacionalista a través de la misma red social que «si se molestara en leer el contenido de los pliegos, vería que no tienen nada que ver» con el sociobarómetro de Rodríguez.
Barragán achaca la duplicidad de contratos a posibles desconfianzas en el ‘pacto de las flores’
En noviembre de 2020, el vicepresidente del Gobierno definió el sociobarómetro como una investigación demoscópica que serviría de herramienta al Ejecutivo para tomar el pulso a la sociedad y, a partir de ahí, planificar y decidir.
Según el informe que justifica la contratación de este servicio, existe la necesidad de sondear el posicionamiento de la ciudadanía, «como herramienta fundamental para la toma de decisiones y coordinación de la acción de gobierno en las distintas políticas sociales, económicas y fiscales». Además, apunta que en la Viceconsejería de Presidencia no existen los medios técnicos, ni el perfil profesional necesario para atender los trabajos que requiere este servicio, al tratarse de funciones específicas y concretas no habituales que solo se pueden prestar por personal especializado. A esto se añade que «no es posible ni conveniente la ampliación de plantilla», por lo que «queda patente la falta de recursos propios con capacidad para hacerse cargo de los servicios».
El contrato incluye cuatro oleadas trimestrales de encuestas e informes asociados a los resultados sobre la política económica y social del Archipiélago. Según el pliego, el objetivo es recoger las opiniones y perspectivas de la población canaria con respecto al impacto de la crisis socio-sanitaria de la covid-19 en sus hogares y la economía regional y conocer su evaluación de las políticas que ha puesto en marcha en Gobierno de Canarias para paliar los efectos de la pandemia. Asimismo, las encuestas pretenden obtener información para implementar y priorizar nuevas medidas de apoyo, en función de las demandas de la población, así como analizar el posicionamiento ciudadano ante temáticas de interés general. El Ejecutivo regional será el responsable de establecer los objetivos específicos de cada oleada, en función a las necesidades concretas de cada momento.
La población objetivo de la investigación será las personas mayores de edad residentes en el Archipiélago y la empresa que resulte adjudicataria del contrato deberá realizar un muestreo estratificado por isla que cuente con, al menos, 500 entrevistas válidas para cada una de las oleadas. La recogida de datos, según detallan los pliegos de la licitación, se realizarán mediante la formulación de cuestionarios vía telefónica y online, que combinarán preguntas de elección múltiple, escalas de valoración y preguntas de respuesta abierta.
Los informes trimestrales elaborados en base a los resultados de cada encuesta servirán como «asesoramiento a la Viceconsejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias sobre perspectivas económicas a corto y medio plazo» y también sobre «determinados asuntos referidos con la política económica, buscando afrontar el futuro con las herramientas necesarias para fortalecer el tejido productivo canario y su mercado de trabajo, tratando, a su vez, de potenciar el territorio como base de una economía fuerte y con potencial de expansión exterior». Asimismo, el análisis debe contemplar la «elaboración de notas sobre asuntos de actualidad que puedan considerarse de relevancia». Estas notas se enviarán a la Viceconsejería, «para su puesta en conocimiento y posterior análisis en detalle en caso de considerarse oportuno».
La licitación incluye cuatro oleadas sobre la política económica y social del Archipiélago
El dossier debe incluir los antecedentes y evolución de la materia objeto del encargo, un diagnóstico de la situación en ese momento, los datos e indicadores, un análisis comprado de los indicadores seleccionados y un análisis de medidas económicas. Además, tiene que recoger una proyección de posibles escenarios, recomendaciones y estrategias de futuro, así como propuestas de actuación.
