El fiscal Superior de Canarias alerta de una ola de «negacionismo» entre menores de edad ante la realidad de la violencia de género. En una comparecencia en el Parlamento de Canarias Luis del Río llamó la atención sobre la necesidad de una reflexión sobre la labor formativa de los padres, del sistema educativo e, incluso, de la televisión. La sensibilización hacia los delitos contra la libertad sexual, de violencia de género o doméstica, es un problema «de carácter cultural», subrayó durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía 2021, que recoge las incidencias del año pasado, ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Seguridad del Parlamento de Canarias.
Ante el posicionamiento de la Fiscalía de Las Palmas sobre no otorgar la custodia compartida a padres en aquellos casos donde existen separaciones y divorcios con diferencias entre las partes, Del Río se mostró a favor de «individualizar» cada causa. Pero, de forma paralela, también apostó por la importancia de la «unanimidad y la igualdad» jurídica a la hora de decidir sobre estos asuntos. Explicó que los asesinatos y homicidios de mujeres a manos de sus parejas o exparejas se redujeron a tres en el 2020, de los ocho que hubo en total en el Archipiélago en el ejercicio 2019.
Además, el fiscal Superior de Canarias valoró de forma positiva la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso Alba, en la medida en que se ratificaron casi todos los argumentos del Ministerio Público en el asunto, por el que se condenó al juez Salvador Alba a seis años y medio de prisión por perjudicar una instrucción para perjudicar a la jueza Victoria Rosell, que en aquel momento era diputada de Podemos y que hoy es la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
El fiscal Superior de Canarias recordó que, a lo largo del 2020, un año marcado por el inicio de la pandemia y el confinamiento, las diligencias previas descendieron en un 14 por ciento, al pasar de 130.000 en el 2019 a poco más de 111.000 el pasado ejercicio. Sin embargo, los asuntos pendientes de resolver aumentaron.
Además, los procedimientos abreviados descendieron en un millar. En el caso de los sumarios, pasaron de 144 en el 2019 a 122 en el 2020, mientras que los casos con Tribunal del Jurado llegaron a 62 en el año previo a la pandemia y de 45 el pasado ejercicio.
En cuanto a delitos leves, se contabilizaron en el Archipiélago unos 22.000 casos. A juicio de Luis del Río, se trata de «una cifra demasiado grande para lo que pretendía el legislador» cuando modificó la legislación hace algunos años. Los delitos de violaciones pasaron en la provincia de Las Palmas de 43 en el 2019 a 0 en el 2020, mientras que en Santa Cruz de Tenerife hubo ocho casos en el 2019 y siete a lo largo del pasado ejercicio.
