Canarias es la comunidad más perjudicada en la nueva propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda. Un estudio realizado por Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), estima que la introducción de nuevas variables como la despoblación en la distribución de los fondos puede ir en detrimento del factor de la insularidad, que beneficia directamente al Archipiélago. Las conclusiones del análisis de De la Fuente, especialista en financiación de las comunidades autónomas, cuestionan que Hacienda intente realizar un «traje a medida» para determinadas regiones «en vez de buscar reglas generales de reparto sensatas». Y esta distribución a medida beneficia sobre todo a Aragón, Extremadura, Baleares y Castilla-La Mancha y perjudica a Canarias, Galicia o Madrid.
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En declaraciones a este periódico, Ángel de la Fuente añade que «hay que reducir el peso de las variables que ya estaban en el sistema porque se introducen nuevas, algunas de ellas un poco raras como los costes fijos». El economista admite que «el Gobierno no dice cómo lo va a hacer, por lo que he elaborado un supuesto que, proporcionalmente al peso de los distintos factores, reduce el peso de la insularidad». La hipótesis que maneja De la Fuente no establece cuánto bajaría en términos absolutos la ponderación de la insularidad pero sí en cifras relativas, con una bajada del 1,86%. En total el impacto sobre las Islas sería de un 2,95% de reducción de la financiación ya que tanto la despoblación como los costes fijos también perjudican al Archipiélago.
Extremadura, Aragón y Baleares serían las regiones más beneficiadas según cálculos de Fedea
Ángel de la Fuente entiende que el Gobierno quiere primar a las comunidades de la llamada España vaciada, es decir, a aquellas regiones que sufren la despoblación y que presionan al Estado para lograr más financiación y servicios que frenen el descenso de la población. Sin embargo, explica que el factor de la superficie tiene un efecto similar, por lo que al añadir la despoblación «aumentan los recursos para primar a determinadas regiones y quedan menos para las demás como es el caso de Canarias con la prima que supone la insularidad».
Asimismo afirma que este «peculiar reparto» por bloques de la partida de costes fijos que se propone es en base a un «confuso e innecesario» ejercicio de análisis de clusters y de la introducción «con calzador de un nuevo indicador de despoblación selectiva diseñado expresamente para primar a determinadas comunidades». Por ello, del análisis de Fedea se desprende que la propuesta de Hacienda comportaría «cambios significativos» en relación con el modelo todavía vigente en términos de las necesidades de gasto reconocidas a algunas comunidades.
Según las conclusiones del estudio, en relación con el sistema vigente Aragón y Extremadura aumentarían sus necesidades de gasto en más de siete puntos gracias fundamentalmente a las correcciones a los costes fijos y a la despoblación; Cantabria y La Rioja ganarían en torno a los cinco puntos, mientras Canarias y Galicia perderían casi tres puntos por una combinación de factores.
Olivera: «Son pistas»
El viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, aseguró ayer tras el Consejo de Gobierno que uno de los principales objetivos del Ejecutivo en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica es que el factor de la insularidad se quede al menos como está en cuanto al peso de las variables que definen el sistema. Sobre el primer documento técnico presentado por el Ministerio de Hacienda, Olivera comentó que aún no es una propuesta definitiva y solo «da pistas» de algunas variables, entre ellas la de población ajustada, en la que el Gobierno va a plantear que, como mínimo, se mantenga el mismo peso de la insularidad.
En esa línea, indicó que es una forma «muy inicial de empezar el debate» y cree que se han extraído conclusiones «que van demasiado lejos para los elementos que están sobre la mesa» y subrayó que, en todo caso, «es muy importante» mantener los fondos vinculados a la insularidad tal y como están en el sistema actual, vigente desde 2009, y que supone un 0,6% En su opinión, este concepto «debe permanecer» porque la fragmentación de las Islas supone un «impacto» en el sector privado y también en la prestación de los servicios.
Olivera también se refirió al estudio de Fedea y aclaró que se basa en supuestos que no están ponderados porque la propuesta no concreta cómo quedaría el reparto de los fondos en función de las variables. Por ello hasta que el Ministerio se pronuncie el Gobierno regional hará sus propuestas para que Canarias no salga perjudicada en el nuevo sistema.
El Gobierno canario reclama que el peso de la insularidad se mantenga al menos como está ahora
En relación la pobreza, el portavoz del Ejecutivo autonómico valoró que el documento técnico de los expertos del Ministerio introduzca el índice de parados que no reciben prestaciones ni subsidios como un elemento a tener en cuenta para repartir los fondos destinados a los servicios sociales. En este sentido, Olivera aclaró que el gasto social no debe estar vinculado solo a la población mayor de 65 años, sino también a la tasa de población por debajo del umbral de la pobreza.
El Gobierno asegura que el REF está al margen en el debate de la financiación
En lo que sí se mostró contundente Olivera es en la desvinculación total de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de los fondos procedentes del sistema de financiación. «La finalidad del REF es atender a las peculiaridades, singularidades y el sobrecoste de Canarias por su posición geográfica de insularidad alejada y ultraperiférica. No debe confundirse con la financiación autonómica, que se encarga de financiar los servicios esenciales según ciertos parámetros que están en revisión», explicó.
Por ello el viceconsejero de la Presidencia aseguró que el REF «está al margen y no hay nada más que hablar, de esto no se debate, ni medio segundo con eso», indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que subrayó que el REF está blindado en el Estatuto de Autonomía y en la «conciencia colectiva» de los canarios. La posición del Ejecutivo es «inamovible» porque ni siquiera se puede hablar de una línea roja: «No es un elemento que entre a considerarse, el REF debe quedar completamente fuera del sistema de financiación autonómica y es una posición inamovible», advirtió el portavoz del Ejecutivo regional.