Canarias perdió durante siete años, entre 2010 y 2016, más de 4.000 millones de euros de financiación para sus servicios públicos, circunstancia que no se ha visto aún compensada tras lograr que se excluyeran en 2017 los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema de financiación autonómica. Un acuerdo político logrado ese año consiguió que se corrigiera una situación que lastró al Archipiélago desde que entró en vigor el actual sistema, en 2009, hasta 2016. En los últimos cuatro años la Comunidad Autónoma ha recibido unos 2.500 millones de euros más solo por tener el REF fuera del régimen común de financiación.
Tras el acuerdo político al que se llegó con el entonces Gobierno del PP en los presupuestos del Estado de 2017, la aprobación del Estatuto un año después blindaba el fuero dentro del texto estatutario y garantiza que estos recursos se destinan exclusivamente a compensar la lejanía e insularidad de Canarias y quedan fuera de la financiación para los servicios públicos esenciales, es decir, sanidad, educación y políticas sociales.
Los problemas para Canarias se iniciaron en la ley 22/2009 que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas y en la que se introdujeron los recursos del régimen fiscal canario en el sistema general común. Esta situación supuso perder unos 600 millones anuales, lo que generó una deuda del Estado con Canarias para financiar la sanidad y la educación que se fue incrementando año por año hasta superar los 4.000 millones de euros, deuda que nunca fue reconocida por el Estado. Un acuerdo político al que llegaron los nacionalistas de CC y NC con el Gobierno del PP en 2017 logró corregir esta situación ante la necesidad de los populares de aprobar los presupuestos del Estado de ese año.
El último ejercicio liquidado es el de 2019. Según explica el viceconsejero de Hacienda del Ejecutivo regional, Fermín Delgado, en este año han correspondido a Canarias del fondo de competitividad 675,1 millones de euros por la liquidación del sistema de 2019, una cantidad a la que no accedía Canarias hasta 2016 porque en la capacidad fiscal de las Islas computaban los ingresos de los tributos del REF.
Según los datos que maneja el número dos de la Consejería de Hacienda, la financiación del fondo de garantía de los servicios públicos esenciales que le corresponde a Canarias es de 4.688 millones por la liquidación realizada por el Ministerio de Hacienda de 2019. La Comunidad Autónoma aporta 1.700 millones de euros de su recaudación y el resto es transferido por el Estado. En el sistema hay otros dos fondos, el de competitividad y el de cooperación. En el primero es donde Canarias recibe los 675 millones que antes no figuraban por la exclusión de los recursos del REF, mientras que por el fondo de cooperación se ingresan en las arcas públicas canarias otros 122 millones.
Evolución 2009-2019
En el complejo sistema de financiación que rige desde hace 12 años la principal clave ha sido la evolución de la población, sobre todo la protegida por el sistema sanitario y el envejecimiento de la misma. En el análisis de la década 2009-2019 realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), se evidencia el incremento de las necesidades de gasto en unas comunidades más que en otras, determinada básicamente por el incremento de la población mayor de 65 años, algo que ha perjudicado en Canarias ya que, aunque ha aumentado esta franja de edad de forma paulatina en los últimos años, no ha sido tanto como en regiones que sufren más despoblación y caída de la natalidad frente a un incremento del envejecimiento.
Según el análisis de Fedea, las regiones con mayores necesidades de gasto per cápita son aquellas que cuentan con poblaciones envejecidas, mayor dispersión de la población y bajas densidades de poblamiento. En el extremo opuesto están las regiones con poblaciones relativamente jóvenes, concentradas en un número reducido de grandes núcleos urbanos, y con densidades elevadas de población. Durante la década que el modelo del sistema de financiación lleva vigente se han acumulado cambios apreciables en su valor que reflejan fundamentalmente la evolución de la estructura por edades de la población. El mayor corresponde a Madrid, cuyas necesidades relativas de gasto por habitante se han incrementado en 2,6 puntos porcentuales, seguido de Asturias (2,4), Galicia, Cantabria, Rioja, Aragón y Castilla y León (entre +1,4 y +1,5), mientras que las mayores reducciones corresponden a Canarias (-2,1), Castilla la Mancha (-1,4) y Extremadura (-1,1). En términos generales, por tanto, el valor de necesidades reales de gasto por habitante ha tendido a aumentar en las regiones ya inicialmente más envejecidas y a reducirse en las más jóvenes, con Madrid como excepción al patrón general.
Los análisis que realiza Fedea sobre la evolución del sistema de financiación reconocen que el modelo de distribución de la financiación regional es «excesivamente desigual y esencialmente arbitrario». Con datos de 2016 existe un abanico de casi 30 puntos porcentuales entre las regiones mejor y peor tratadas por el sistema en términos de financiación por habitante ajustado, que no tiene nada que ver ni con diferencias en factores de coste ni con los ingresos tributarios brutos de los distintos territorios. Según esta entidad de investigación económica, no hay una lógica concluyente en el tratamiento de regiones más ricas o más pobres sino que hay un poco de todo y, en relación con Canarias, los análisis reflejan que en términos del índice de financiación relativa por habitante ajustado, que valora las necesidades de gasto medio de la población en los servicios públicos, las Islas estarían por encima de 100, mientras que comunidades como Murcia, Andalucía o Valencia están por debajo de esta cifra.
De cara al nuevo modelo, Canarias quiere introducir como elementos que tengan su peso en la financiación tanto la tasa de pobreza como de paro, con el fin de compensar los recursos que se destinan a estos dos índices que en las Islas son más elevados que en otras comunidades. En la propuesta de Hacienda figura por primera vez con respecto a 2009 la variable de la población parada que no cuenta con prestaciones públicas, lo que podría equivaler a la tasa de pobreza.
