El compromiso de Canarias con la atención de los menores migrantes que arriban a las costas del Archipiélago es «firme» y «seguirá dejándose la piel por buscar alternativas para que los niños estén en las mejores condiciones». Así lo defendió ayer la consejera de Derecho Sociales del Gobierno canario, Noemí Santana, quien adelantó que en el próximo encuentro del Consejo Interterritorial de Derechos Sociales se abordará el reparto de los 35 millones de euros que el presupuesto estatal destina a la tutela de menores extranjeros no acompañados. Santana exigió «soluciones estables» ante la escasez de recursos a la que se enfrenta la comunidad autónoma para dar respuesta a los 2.819 niños que permanecen bajo su tutela.
La consejera hizo un llamamiento a todas las comunidades autónomas y apeló a la «corresponsabilidad» para buscar una solución al colapso de menores en el Archipiélago. Entre las medidas más inmediatas que baraja el Gobierno de Canarias está la recuperación de recursos alojativos que las Islas han cedido al Ejecutivo central, para amortiguar el incremento de llegadas que suele registrarse en los primeros meses del año. Santana apunta que con más recursos humanos y materiales se podrían acelerar procesos como el decreto de mayoría de edad de los niños, ya que se estima que cerca del 40% podrían ser adultos. «No podemos tardar un año en determinar la edad, esa será una de las reclamaciones que formularemos al Estado», manifestó Santana.
El PP advierte de que dejar a los niños en comisaría sería una «dejación de funciones»
Además, Santana detalló que han solicitado reuniones con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el ministro de Inclusión Social, José Luis Escrivá, así como con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
El ministro de Inclusión Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reiteró hoy que es partidario de que la acogida de los menores se distribuya por todo el país, según los recursos disponibles. «El Gobierno entiende perfectamente la situación de Canarias y hemos hecho un llamamiento a la solidaridad», aseguró Escrivá en el Congreso, al ser preguntado por la petición de ayuda lanzada por las Islas. «Tendríamos que trabajar con las comunidades autónomas para establecer un modelo que permita distribuir territorialmente de otra forma y que no tenga que haber una carga tan importante sobre la comunidad receptora. En este caso es Canarias, pero lo ha sido en el pasado Ceuta, por ejemplo», señaló.
El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, criticó ayer las declaraciones de la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, anunciando que el Ejecutivo «no dispone» de recursos para seguir acogiendo «con dignidad» a los menores no acompañados que llegan en pateras, hasta el punto de que, probablemente, «el próximo que desembarque tendrá que permanecer en una comisaría». A través de un comunicado, Domínguez resaltó que, atendiendo a estas afirmaciones, Serrano «hace dejación de sus propias funciones pretendiendo abandonar a los menores inmigrantes en instalaciones de la Policía Nacional».
Santana estima que el 40% de los acogidos pueden ser mayores de edad
El líder popular exigió al presidente canario, Ángel Víctor Torres, que ponga orden en el Gobierno «tras el fracaso demostrado» durante la crisis migratoria que afecta a las Islas. «No es de recibo que ahora, tras más de tres años de gestión socialista, se descuelgue Escrivá, admitiendo que es necesario un nuevo modelo de reparto de los menores no acompañados». Para Domínguez, lo sensato es que el Estado se haga responsable de esta cuestión con un plan que incluya a las comunidades autónomas.
Por su parte, Unicef España urge a la creación de un mecanismo nacional de derivación que garantice una distribución de los menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas y lleve a una responsabilidad compartida. Para la ONG, la distribución de menores debe basarse, en primer lugar, en el interés superior del niño, y debe ser fruto de un proceso individualizado según cada caso. Además, propone tener en cuenta factores demográficos o socioeconómicos y la existencia de recursos apropiados y estables de acogida inmediata.
El director ejecutivo de Unicef España, José María Vera, ha llamado al Gobierno y a las fuerzas políticas a tratar este tema como «máxima prioridad» para que se aprueben estas medidas «con la mayor celeridad posible». Vera advirtió que «ni Canarias, ni ninguna otra comunidad autónoma, puede afrontar en solitario una contingencia migratoria».
Por otro lado, en Europa, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, subrayó ayer que el pacto migratorio europeo debe buscar un equilibrio entre los criterios de responsabilidad y solidaridad entre los países de entrada y el resto de miembros de la UE. «Es necesario e imprescindible un avance. Debemos avanzar bajo los criterios de crear términos de responsabilidad y solidaridad», afirmó a su llegada al consejo informal de titulares europeos de Interior organizado en la localidad francesa de Lille. En esta cita, España hizo hincapié en la dimensión europea, no nacional, de las fronteras exteriores.
