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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Servicios Sociales | Nueva prestación autonómica

Inquietud en los ayuntamientos por la carga de trabajo de la renta ciudadana

El proyecto de ley no concreta la financiación que recibirán los municipios | El Gobierno garantiza al menos el coste de un trabajador social para aplicar la ley

Entrega de comida en las instalaciones de Cáritas de la capital grancanaria. | | ANDRÉS CRUZ

La puesta en marcha de la renta ciudadana, que el Gobierno tiene previsto iniciar después del verano, encuentra reticencias en los ayuntamientos por la carga de trabajo que les va a suponer y las competencias que establece la ley para los municipios. El proyecto de ley que regula la nueva prestación social ya está en el Parlamento para su tramitación y en el apartado referido a las competencias de los municipios mantiene la mayoría de las estipuladas en la prestación canaria de inserción (PCI) que, según ha asegurado el Ejecutivo, será sustituida por la nueva renta. Sin embargo, el proyecto legislativo no concreta el nivel de financiación que tendrán los municipios para gestionar la prestación sino que establece una serie de porcentajes en función de la población empadronada, la media mensual de personas demandantes de empleo inscritas y el índice medio mensual de perceptores de la renta de ciudadanía reconocida en los últimos años en cada municipio.

La dependencia de la renta del Ingreso Mínimo Vital dificulta la gestión técnica

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El texto agrega un párrafo que no había en la PCI por el cual el Gobierno garantizará a cada municipio, al menos, el coste de un trabajador social para prestar los servicios de atención primaria correspondientes de las unidades de Trabajo Social destinadas a esta ley.

Los servicios sociales de los ayuntamientos y los profesionales han solicitado más reuniones técnicas con la Consejería de Derechos Sociales para precisar y concretar el desarrollo reglamentario del texto. No obstante, el catálogo de servicios y prestaciones sociales es el instrumento que tendrá que determinar qué cuantías recibe cada municipio en función de los servicios que preste a la ciudadanía, una cartera que no está cerrada y que los colegios profesionales han cuestionado.

El vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Óscar Hernández, confía en que el informe social al que alude la ley sea similar al que se ya se hacía para los beneficiarios de la PCI porque en los contactos que han habido entre Derechos Sociales y la Fecam no se ha concretado. Hernández distingue este tipo de informes de los que el Gobierno quería hacer recaer sobre los municipios para la valoración del grado de dependencia, algo a lo que los alcaldes se han negado por la carga de trabajo que supone para unos servicios sociales que ya están saturados por la crisis.

Otras fuentes municipales advierten que hay que determinar «ajustes» por parte de los trabajadores sociales que no están claros en la nueva renta ciudadana, sobre todo en el aspecto relativo al seguimiento de los beneficiarios para su formación y inserción en el mercado laboral. «Hay cosas que no están claras en esta prestación, la carga de trabajo no se ha terminado de cuadrar», advierten desde los servicios sociales municipales.

Otro de los puntos de la nueva ley que puede complicar el trabajo de los técnicos y de los ayuntamientos es la vinculación entre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la renta ciudadana. En el texto queda claro que para tener derecho a recibir la renta el beneficiario tiene que solicitar previamente la prestación del Estado, ya que la nueva paga autonómica es subsidiaria y complementaria del IMV. En este ámbito, el papel de los ayuntamientos es el de emitir los certificados de empadronamiento de los miembros de la unidad familiar que solicitan la prestación estatal pero, sin embargo, sí tienen que elaborar el informe social para esos mismos beneficiarios si tienen derecho al complemento que supone la renta canaria.

Una disposición transitoria de la ley establece que las personas titulares que, en el momento de la entrada en vigor de la nueva norma, estén percibiendo la prestación canaria de inserción (PCI) tendrán, de oficio, derecho a percibir la renta de ciudadanía, mediante su reconocimiento expreso por el órgano competente para la resolución de estos procedimientos. Las cuantías para la renta de ciudadanía serán las mismas que las establecidas para el Ingreso Mínimo Vital.

El gasto tendrá carácter de crédito ampliable


El preámbulo del proyecto de ley de la Renta Ciudadana establece que «la financiación de la renta de ciudadanía se hará íntegramente con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias, y la cuantía de la prestación se establecerá en esta ley. Se prevé que la cuantía se pueda actualizar anualmente por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en función de la variación interanual del índice de precios al consumo del ámbito canario u otros indicadores relativos al umbral de pobreza en las islas». Los artículos relativos a la financiación de la prestación recogen que el Gobierno garantiza la «plena financiación» de la renta, las asignaciones presupuestarias tendrán el carácter de crédito ampliable para garantizar la cobertura a todas las personas que soliciten la prestación y que tengan derecho a percibirla y también se fijará un programa para cuantificar y ejecutar los programa de inclusión social e inserción laboral fijados en la nueva norma. En el presupuesto de 2022 hay unos 60 millones de euros previstos para la PCI y el tránsito hacia la renta ciudadana si finalmente comienza a abonarse este año. La previsión del Ejecutivo es que la ley pueda aprobarse antes de finalizar el actual periodo de sesiones del Parlamento, entre junio y julio como máximo, pero no entrará en vigor de inmediato, lo que puede llevar a que en la práctica no estará hasta el último trimestre del año. El desarrollo de la prestación será gradual, de tal forma que primero se hará sobre los beneficiarios que perciben actualmente la PCI, que son más de 7.000 familias. Según los cálculos de la Consejería de Derechos Sociales el objetivo es que se puedan beneficiar de esta prestación unas 40.000 familias. | R.A.D.

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