Un año después de que el Congreso de los Diputados aprobara en pleno el dictamen elaborado por la comisión de investigación sobre el accidente de Spanair, –con diez conclusiones sobre las causas del siniestro y trece recomendaciones para mejorar la seguridad de la aviación civil en España– el documento sigue durmiendo el sueño de los justos en los cajones de la Cámara y de la Administración. Es así al menos en los aspectos más llamativos de aquel texto que recogía en esencia la mayoría de las peticiones del colectivo de víctimas del siniestro en el que murieron 154 personas y 18 supervivientes resultaron heridos cuando un avión de la compañía ya desaparecida se estrelló en Barajas (Madrid) durante la maniobra de despegue del vuelo con destino a Gran Canaria, el 20 de agosto de 2008.
Entre esas recomendaciones no satisfechas, las dos sobre las que la Asociación de Afectados del vuelo JK5022 que preside Pilar Vera ponía más énfasis, están: el envío oficial del resultado de la investigación parlamentaria a la Fiscalía General del Estado (FGE) para depurar posibles negligencias cometidas por los responsables políticos de la administración aeronáutica, y la creación de un organismo oficial independiente de investigación de accidentes aéreos.
Lo cierto es que, pese a la victoria que supuso para el colectivo de víctimas la aprobación del dictamen, respaldado por todos los grupos, excepto PSOE, que lo rechazó tras presentar voto particular, y el PNV, que se abstuvo, su aplicación es prácticamente nula. Ni siquera quienes le dieron el visto bueno se han preocupado de darle salida y efectividad. Ninguna de estas formaciones ha registrado iniciativa parlamentaria alguna para comprobar su cumplimiento, ni se ha manifestado respecto a la decisión de la Mesa del Congreso de no remitirlas a la Fiscalía pese a que así lo pedía expresamente una de las recomendaciones, en concreto la número nueve.
Este viernes se cumple el primer aniversario de la votación en pleno de ese documento y nadie en la Cámara tiene una idea concreta sobre qué ha sido de él. Solo la que fuera presidenta de la comisión de investigación, la diputada por Las Palmas Meri Pita, actualmente en el grupo Mixto tras abandonar hace dos meses su partido de origen, Unidas Podemos, se ha movilizado a título personal para lograr la intervención de la Fiscalía.
Un asunto pendiente
Pita, de hecho, registró el documento ante el ministerio fiscal el 24 de noviembre pasado tras comprobar que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, había rechazado hacerlo desde la propia institución después de un debate al respecto en la Mesa. En el órgano de gobierno del Parlamento, una mayoría de sus componentes rechazaron dar ese paso al considerar, consultados los servicios jurídicos de la Cámara, que «no era ajustado a derecho». Y resulta llamativo que pese a ser una recomendación aprobada en pleno por la mayoría de grupos con representación en la Mesa (PP, UP y Vox), ésta decidiera no darle trámite, pero tampoco hacer oficial la decisión adoptada, de forma que el dictamen se encuentra en una especie de limbo administrativo y parlamentario que impide conocer qué pasos ha dado el Congreso al respecto.
Pita adujo para justificar su iniciativa que entre las recomendaciones aprobadas en el dictamen se recoge literalmente la de que «al existir dentro de la investigación realizada por esta Comisión elementos que pudieran arrojar conductas negligentes recomendamos remitir el contenido y resultado a la Fiscalía General del Estado para su análisis y en su caso para que proceda a las actuaciones que considere pertinentes». La diputada no ha respondido a las llamadas ni mensajes de este periódico para valorar el cumplimiento del dictamen a un año de su aprobación, pero otros miembros de aquella comisión reconocen que el asunto no ha estado en la agenda de ningún grupo.
«Confío en que nadie esté pensando que ese dictamen es para que se quede en un cajón. De entrada fue una satisfacción razonable para las víctimas, pero es un asunto pendiente que espero que una vez que vayamos saliendo de los asuntos tan relevantes de los últimos tiempos el Congreso lo gestione adecuadamente», afirma el diputado de NC, Pedro Quevedo, quien además critica el hecho de que la Mesa del Congreso no haya oficializado de ninguna manera su decisión de no remitir el dictamen a la Fiscalía.
El dictamen señalaba como responsables del «fallo sistémico» que provocó la catástrofe a la cúpula del entonces Ministerio de Fomento, incluida la propia ministra, Magdalena Álvarez (PSOE), y de la administración aeronáutica, además de a directivos de Spanair y de Boeing, constructora del modelo del avión siniestrado, un MD-82 que ya había tenido fallos similares en otros aeropuertos del mundo sin que se revisaran las aeronaves de ese tipo. El hecho de que se incluyeran en el documento los nombres de 17 personas como autores de las posibles negligencias que causaron el accidente es lo que lo hace «no conforme a derecho», según los servicios jurídicos del Congreso en consonancia con sentencias del Tribunal Constitucional.
La que fuera portavoz socialista en la comisión de investigación, la tinerfeña Tamara Raya, cree que «en el fondo todos los grupos eran conscientes de que esa recomendación sobre la Fiscalía, no iba a tener mucho recorrido, pero quizá atendiendo a presiones mediáticas y políticas los grupos acabaron por apoyarla». Considera en este sentido que «se desvirtuó» el objeto de la comisión. «En vez de centrarse en buscar soluciones para mejorar la seguridad aeronáutica, se priorizó el señalar y buscar culpables, con una lista de personas que en algunos casos no tenían ninguna responsabilidad política cuando se produjo el accidente».
Órgano independiente
Una de las recomendaciones sobre la que había más expectativas era la creación un órgano multimodal de investigación y prevención de accidentes en el transporte con víctimas múltiples, algo que, de hecho, ya se estaba abordando en el anteproyecto de Ley de Autoridad Administrativa Independiente de Investigación y Prevención de Accidentes como alternativa a la actual Ciaiac (Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil), que en su momento no encontró ninguna responsabilidad oficial en el siniestro. Según el actual Ministerio de Transportes, la conformación de ese órgano «está avanzado», pero pendiente aún de que la ley que lo sostiene se remita al Congreso.
«Podemos entender que algunas recomendaciones del dictamen son más complejas y necesiten más tiempo para ponerse en marcha, pero hay otras, como la creación de ese órgano, cuyo retraso no tiene justificación alguna», señala la diputada de Cs María Muñoz, que fuera portavoz de su grupo en la comisión de investigación. Recuerda que «el proyecto para crear esa autoridad lleva listo desde principios de 2020 y sin embargo seguimos esperando; y lo mismo puede decirse sobre la creación de la Fundación de Seguridad del Vuelo, o sobre la competencia de los juzgados centrales para instruir accidentes con víctimas múltiples».
Tampoco se ha activado la recomendación de reabrir una investigación oficial sobre las causas del accidente, y en especial lo que tiene que ver con el fallo de la alarma TOWS del avión que debió avisar a los pilotos que no estaba bien configurado para el despegue, y la ausencia de respuestas al respecto por parte de Boeing como fabricante del modelo. Este aspecto, junto al de la revisión del sistema de indemnizaciones para las víctimas de accidentes aéreos por parte de las aseguradoras, son elementos que para Quevedo y Raya debería empezar a tener respuestas. «Me sigue molestando que Boeing esté absolutamente ajena a este procedimiento. Me gustaría que diese las explicaciones correspondientes», señala el diputado de NC.
