El secretario general del Partido Popular de Canarias, Poli Suárez, considera que el presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, debería «plantarse» ante la Ley de Vivienda que desarrolla el Gobierno central. Según el representante popular, el líder del Ejecutivo regional «no puede permanecer callado ante el ataque a las competencias autonómicas».
Por ello el PP presentó ayer 85 enmiendas al proyecto de ley al entender que es «un texto inconstitucional y nocivo para toda España pero principalmente para Canarias». Tras dar a conocer la enmiendas, Suárez explicó ayer que la normativa aprobada el pasado mes de febrero va en contra del artículo 47 de la Constitución, que recoge que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y permite a las comunidades autónomas regular este aspecto.
El secretario general del PP insistió en que el Estado mantiene algunas competencias genéricas y transversales que incluyen la vivienda, como la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles y la fijación de las bases y coordinación de la planificación de la actividad económica; pero aclaró que «ello no puede significar que desde el Gobierno se pretenda regular por completo esa materia o duplicar normas vaciando de contenido las competencias de las comunidades».
En este sentido, el diputado popular añadió que desde el Estado se pueden fijar bases generales cuando se justifica por la inexistencia de otras normas autonómicas o cuando coexisten regulaciones distintas que puedan vulnerar el principio de igualdad; para ello, según afirmó Suárez, «se requiere una concreción y justificación que no incluye el anteproyecto y que podría suponer la inconstitucionalidad de la nueva normativa».
El dirigente del PP ha explicado que cuestiones como la reserva de suelo destinada a un régimen de protección pública o la denominada «vivienda asequible incentivada» son aspectos que «van en contra de las comunidades autónomas y de la propiedad privada».
Por otra parte, la diputada Ana Zurita aseguró que «la ley posee una gran carga ideológica, que invade las competencias autonómicas y que carga la política de vivienda sobre la propiedad privada, generando una gran inseguridad jurídica». La parlamentaria indicó que esta propuesta ha recibido «casi 900 enmiendas» por parte de todos los partidos que forman parte del ejecutivo estatal, puesto que «penaliza el tener una propiedad inmobiliaria y regulariza la ocupación».
En el caso concreto del Archipiélago, Zurita afirmó que las medidas planteadas no resuelven la situación de las personas vulnerables ni de los jóvenes, así como tampoco fomentan la producción de viviendas asequibles.
