El Parlamento de Canarias verá este miércoles en un pleno extraordinario –al menos esa era ayer la intención– la proposición de ley ante las Cortes Generales para salvar la actividad del comercio triangular –el trading– en el Archipiélago, y más en concreto la de las empresas que operan bajo el paraguas de la Zona Especial Canaria (ZEC). No obstante, en los grupos parlamentarios confían en que la unanimidad mostrada por la Cámara regional –con la habitual excepción de los diputados de Podemos en los asuntos relacionados con la defensa del fuero autonómico– lleve a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a solucionar el embrollo a través de un real decreto, algo para lo que todavía hay tiempo. Se evitaría así demorar la solución a un lío que lleva dos años coleando.
Hay que recordar que tras veinte años al amparo de la ZEC, la Dirección General de Tributos de la Hacienda estatal ha considerado que el comercio triangular no tiene cabida en el área de baja tributación del Archipiélago porque las mercancías no pasan –físicamente– por Canarias. De hecho, en eso consiste el trading, en comprar mercancías en un país o región y venderlas en otro país o región sin que necesariamente pasen por el lugar en que radica la empresa que ha ejecutado la operación de compraventa, en este caso el Archipiélago. La proposición de ley promovida por la diputada de Coalición Canaria Rosa Dávila, que espera que provoque la «reacción» de la ministra, busca que el comercio triangular no se quede fuera de las ventajas fiscales de la ZEC. Están en juego 120 empresas y entre 500 y mil puestos de trabajo.
