El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, fue tajante al afirmar que ningún miembro del Gobierno de Canarias le ha pedido que dimita por su relación con el 'caso mascarillas'. Además, niega cualquier “vínculo de amistad” con el administrador único de la empresa RR7 United SL, Rayco Rubén González, a la que se le contrató la compara de un millón de mascarillas FFP3 por cuatro millones de euros y que nunca llegaron al SCS, ni con ningún otro responsable de los 365 contratados de emergencia firmados durante la pandemia.
Durante su intervención en la comisión parlamentaria de Sanidad en la que compareció para dar explicaciones sobre el 'caso mascarillas', Domínguez insistió en que la legislación se había flexibilizado para poder dar respuesta a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria, por lo que insistió en la “legalidad” de la operación en aquel contexto. La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra Domínguez por prevaricación y tráfico de influencias y ha denunciado a González por estafa agravada y blanqueo de capitales.
«El Gobierno canario sigue lavándose las manos y quiere aparecer como víctima»
Domínguez quiso contextualizar el momento en el que se ejecutó la compra de las mascarillas y recordó las fuertes competencias que se generaron en el mercado para conseguir equipos de protección para el personal sanitario. Así, recordó que la modificación vía real decreto de la norma permitía el abono de pagos por adelantado o que las empresas suministradoras de material no tuvieran ese objeto social. “Casi la mitad de las empresas que nos suministraron material sanitario no se dedicaban a vender estos productos”, apuntó el director del SCS, quien señaló que la "excepcionalidad" de esos contratos ha sido reconocida por el Tribunal Supremo y por el Tribunal de Cuentas, que también comprende la emergencia de los suministros.
El director del SCS aseguró a los diputados presentes en la comisión que si en los primeros meses de la pandemia ellos hubieran conocido a alguien con contactos para adquirir material sanitario seguro que “lo hubieran puesto a disposición del SCS”. Sobre la calidad de los productos contratados, Domínguez subrayó que el modelo de mascarilla estaba avalado por los departamentos de Medicina Preventiva y Medicina Legal. Además, hizo hincapié en que trató de renegociar el contrato porque el material era necesario ante el avance del virus y siempre buscó “el interés general”.
El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, quien también participó en la comisión, defendió que la prioridad del Gobierno es recuperar los cuatro millones de euros para las arcas públicas, a través de la Agencia Tributaria Canaria, que hizo un primer intento de embargo y ahora está en fase de "investigación patrimonial" de los responsables de la empresa. "No vamos a parar, la víctima no es el Gobierno de Canarias, somos todos los ciudadanos de Canarias", afirmó Trujillo, quien detalló que el Ejecutivo seguirá colaborando con la justicia y se personará en el procedimiento cuando se abra. No obstante, el consejero del ramo insistió en recordar la situación de emergencia que se vivió en los primeros meses de la pandemia y en la flexibilización de la normativa para intentar salvaguardar la salud de la población.
El PP acusa al Gobierno de querer "aparecer como víctima"
La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, definió el mercado de material sanitario en los primeros meses de la pandemia como una “jungla” y aseguró confiar en la presunción de inocencia de Domínguez, si bien exigió responsabilidades y explicaciones y pidió dejar trabajar a la justicia y recuperar el dinero. Espino reconoció estar sorprendida por el abono del un segundo pago de dos millones de euros a una empresa que no había entregado ningún material al SCS y se preguntó por qué el Gobierno canario no recurrió a la vía penal antes que a la administrativa.
Jesús Ramos (ASG) felicitó al Ejecutivo por su “transparencia”, que comparecía hoy por tercera vez ante la Cámara para dar explicaciones por el 'caso mascarillas'. Ramos criticó los ataques políticos contra el Gobierno en aras de desgastarlo y apuntó que “si cada vez que tenemos una responsabilidad de Gobierno estas son las consecuencias, nos será difícil conseguir a gente preparada para que las asuman”.
«Durante su intervención no ha aportado nada nuevo; es un cabeza de turco»
Por su parte, María del Río (Sí Podemos) reclamó una investigación que llegue “hasta el final” y que permita depurar responsabilidades. Para la portavoz de la formación morada, la prioridad es recuperar los cuatro millones de euros, porque ha habido "sinvergüenzas" que se han lucrado de las necesidades de las personas en momentos de crisis y eso “no se puede permitir”. Al igual que Espino, Del Río preguntó sobre las razones que llevaron al Ejecutivo no acudió a la justicia antes.
Juicio paralelo a los cargos públicos
Esther González (NC) criticó el “juicio paralelo” que se ha gestado contra altos cargos del Gobierno, sin tener en cuenta la presunción de inocencia. Además, subrayó que se trata de “una estafa”, por lo que “todo el peso de la ley” debe caer sobre el estafador, y defendió la actuación “absolutamente legal” de la compra siguiendo la normativa modificada por la emergencia sanitaria.
Miguel Ángel Ponce (PP) se mostró perplejo ante la formalización de un contrato con una empresa que nunca demostró su solvencia y que se dedicaba a la compra de coches y no de material sanitario. Además, acusó al Gobierno canario de seguir “lavándose las manos” y de querer "aparecer como víctima de este proceso".
«Ha habido sinvergüenzas que se han lucrado de las necesidades de las personas»
José Alberto Díaz-Estébanez (CC), quien había solicitado la comparecencia del Gobierno para dar explicaciones, destacó la falta de contenido de las intervenciones de Domínguez y de Trujillo. También lamentó que el Ejecutivo tardara seis meses en hacer la primera reclamación pese a que el suministro de ese material era “urgente”. Insistió en que en este caso “no hay irregularidades sino delitos” y advirtió del riesgo de responsabilidad patrimonial.
El diputado nacionalista señaló que Domínguez es “la cabeza de turco” y volvió a señalar como responsables al portavoz del Gobierno, Julio Pérez, y al viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, porque en aquellos momentos eran quienes dirigían la Consejería, y al presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, quien presidía el comité de emergencia sanitaria. Marcos Hernández (PSOE) acusó a Díaz-Estébanez de la "falta de responsabilidad" al acusar a estos cargos.
Acusación y defensa
Tráfico de influencias
- La Fiscalía Anticorrupción se querella contra el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, por un presunto delito de tráfico de influencias. Ayer, durante su intervención en la comisión parlamentaria de Sanidad, Domínguez aseguró que no tiene ningún «vínculo de amistad» con el administrador único de la empresa RR7, a la que le encargó la compra de un millón de mascarillas FFP3 por un valor de cuatro millones de euros. El material sanitario contratado nunca llegó al SCS.
Prevaricación administrativa
- La Fiscalía también se querella contra el director del SCS por una supuesta prevaricación administrativa. Domínguez defiende que actuó según la «legalidad» de la situación de emergencia sanitaria, ya que la norma se flexibilizó para que las administraciones pudieran adquirir material sanitario con más agilidad y garantizar la protección de los profesionales de los centros sociosanitarios.
