Última bala de Vox para bloquear la nueva tasa de gestión de los residuos

Canarias asumirá desde el 1 de enero la gestión del nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y su incineración, uno de los tributos surgidos a raíz de la ley 7/2022 de Economía Circular. El Gobierno central traspasa este gravamen también a Andalucía, Valencia, Galicia, Baleares y Cataluña, ya que, aunque la ley lo tipifica como un impuesto estatal, da la posibilidad de cederlo a las comunidades autónomas. La Comunidad Autónoma mantendrá los tipos básicos que fija la Ley, aunque la propia norma faculta a las haciendas autonómicas a subirlos, y la estimación de ingresos por este concepto es de unos 34 millones de euros, cargándose como sujetos pasivos del impuesto a los gestores de los vertederos, o de las instalaciones de incineración o de coincineración de residuos.

Para este traspaso de la gestión el Gobierno central ha tenido que modificar la ley del régimen de cesión de tributos del Estado, que se debate el jueves en el pleno del Congreso. Vox ha presentado seis enmiendas a la totalidad, una por cada comunidad a la que se le cede el impuesto, entre ellas a Canarias, al considerar que rompe con la armonización fiscal que iguala a todo el país e impacta negativamente en el tejido empresarial e industrial. Asimismo, la puesta en marcha de este gravamen desde el 1 de enero también ha soliviantado los ánimos de los ayuntamientos canarios, que exigen que haya una moratoria de tres años para su aplicación para evitar consecuencias gravosas en las arcas municipales y la subida de la presión fiscal sobre la población.

El Pleno propone retrasar a 2026 el impuesto a los residuos en vertederos

Vox reclama la devolución del proyecto de ley al Gobierno y que este tributo lo gestione el Estado para que no haya diferencias fiscales entre las comunidades como sucede con otros impuestos. La posibilidad de que los gobiernos autonómicos puedan incrementar los tipos impositivos respecto de los residuos depositados, incinerados o coincinerados en su territorio "no hace sino ahondar en las profundas ineficiencias y desigualdades existentes entre los españoles como consecuencia del Estado de las autonomías", advierte el grupo político. Vox advierte que "de ninguna manera deben existir 17 ordenamientos jurídicos distintos". También consideran que se legisla en contra del artículo 31 de la Constitución que garantiza "un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”.

Pero la formación que preside Santiago Abascal, y que cuenta con dos diputados canarios en el Congreso, también cuestiona el impacto económico sobre las empresas y las industrias que, según la comunidad donde tengan su sede, pagarán más o menos al fisco autonómico. Las posibilidades de que prosperen las enmiendas son muy remotas debido a la mayoría parlamentaria de los grupos que respaldan al Gobierno.

Los alcaldes, indignados

Por su parte, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) se ha posicionado en contra de que este impuesto empiece a recaudarse desde el 1 de enero de 2023 y reclaman que se aplace tres años en la línea de la tasa o prestación que tendrán que aplicar las corporaciones locales para permitir "implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, 

directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos", según reza la ley. Los ayuntamientos canarios han presentado enmiendas parciales a la ley de presupuestos del Estado a través de los grupos políticos en el Congreso para que no se les grave a las haciendas locales desde enero, sino que se aplique el mismo criterio de la tasa municipal y se aplique una moratoria hasta 2026 para evitar un impacto negativo en las arcas locales y que repercuta en los vecinos en los impuestos que se cobran por la recogida de de la basura.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Fecam, Óscar Hernández, advierte de la necesidad de que se dé un margen de tres años a los ayuntamientos porque, en caso contrario, se trata de un "atraco" a las arcas municipales, que tendrían que incrementar hasta en un 30% los gastos de gestión de la recogida selectiva de los residuos y tarde o temprano cargarlo sobre los bolsillos de los ciudadanos.

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