El transporte escolar exige a Torres acuerdos firmados para evitar nuevos paros

El presidente acudirá a la reunión del jueves entre la patronal y Educación para desencallar el conflicto/ El Gobierno propone un pago único de la deuda desde septiembre, subir el 2% del IPC y dividir en tres anualidades los 14 millones de atrasos

Los trabajadores aprovecharon el paro del pasado lunes para limpiar las guaguas de transporte escolar.

Los trabajadores aprovecharon el paro del pasado lunes para limpiar las guaguas de transporte escolar. / Angel Medina G. /Efe

Con luz y taquígrafos. Solo un acuerdo escrito y con fechas claras evitará nuevos paros o medidas de protesta del transporte escolar, que sigue desconfiando de los compromisos del Gobierno canario para actualizar su IPC y abonarles los retrasos que acumulan desde 2012 por este concepto cuantificados en 14 millones de euros. Por ello, el pasado lunes hicieron un paro de una jornada que tuvo un 100% de seguimiento de las guaguas que trasladan a los alumnos de los centros públicos en 1.486 rutas y que mueven diariamente a 37.000 estudiantes, aunque el impacto de la huelga se aminoró por la organización de los padres, abuelos, otros familiares o vecinos para llevar a los niños a los centros escolares.

Reunión el jueves entre la patronal y Educación para desencallar la negociación

En cualquier caso, fue un aviso a navegantes al Gobierno canario y, en concreto, a la Consejería de Educación que dirige Manuela Armas. La Federación de Empresarios de Transporte (FET) en Canarias tiene una hoja de ruta clara después de que la Consejería incumpliera el compromiso adoptado en agosto de 2022 para actualizar las facturas mensuales a partir de septiembre con una subida del 2% del IPC - congelada desde 2012- y realizar un plan de pagos en tres plazos -2022,2023 y 2024- de los atrasos que debería haber empezado a abonar a final del año pasado, con una cuantía de 4,5 millones. «No se hizo nada», explica José Ángel Hernández, dirigente de la FET, por lo que se optó por convocar el paro del lunes. 

Aunque la consejera de Educación, Manuela Armas, y el propio presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, se pusieron en contacto con ellos para paralizar la jornada de paro aduciendo que aceptaban todas sus reivindicaciones, una multitudinaria asamblea de la Federación optó por seguir con el la huelga de un día, porque no se fían. Ahora solo quieren que en la reunión que tienen convocada para este jueves con el Gobierno, y a la que acudirá Torres junto a Armas, digan con claridad, y no solo con compromisos verbales, cuándo les van a abonar el IPC para poderlo poner en las facturas cuanto antes y que no se siga acumulando deuda, así como cuándo y cómo les van a pagar los atrasos, ya que esta vez tienen dinero en los presupuestos de 2023.

Falta de personal

Lo que no quieren son más palabras, sino hechos, porque cuando presentan las facturas actualizadas se las devuelven, explica Hernández, y no entienden los motivos dado que había un compromiso por medio desde agosto. En principio, la consejería alegó falta de recursos y más tarde de personal, puesto que el trámite burocrático es largo. Armas se ha comprometido a poner a dos funcionarios más para que resuelvan los problemas pero, según la FET, les han dicho que «ahora» van a iniciar los expedientes de los distintos contratos para subir el IPC -algo que se debía haber hecho desde agosto- con lo que temen que no podrán presentar facturas actualizadas hasta junio, en unos casos, y en otros hasta después de las elecciones, debido a la tardanza en la resolución de este tipo de trámites administrativos, con lo que se pueden demorar aún más sus reivindicaciones.

La FET pide que el 31 de enero ya puedan presentar facturas con el IPC actualizado para que no se vaya incrementando la deuda. De hecho, solo desde septiembre- que era cuando debían empezar a subir el importe de su facturación conforme al acuerdo de agosto con Educación- hasta diciembre ya ha crecido la deuda del Gobierno con ellos en torno a un millón de euros, que deben sumar a los 14 de millones de atrasos desde 2012, calculan.

El propio presidente Ángel Víctor Torres medió para evitar el paro del lunes y recordó que su Ejecutivo va asumir la deuda histórica adquirida por gobiernos anteriores que reivindican los transportistas, cuyas cuantías quedan establecidas en el presupuesto de 2023 con un incremento de nueve millones de euros respecto al ejercicio anterior, y que son para pagar las dos primeras anualidades de la deuda. La de 2024 queda pendiente.

El montante adeudado desde el inicio del curso escolar ya ronda el millón de euros

«Somos conscientes de que el paro es una medida extrema y, de hecho, se hizo el 9 de enero porque era después de unas vacaciones de Navidad y algunos colegios tenían libre desde el punto de vista lectivo, y lo hicimos para minimizar el daño posible porque si no lo ponemos otro día», explica Hernández, pero recalca que era necesario dar un toque de atención al Gobierno que los estaba toreando pese a tener compromisos adquiridos y, de este modo, el Ejecutivo ha podido comprobar la unidad del transporte escolar en esta reivindicación. 

En cualquier caso, esperan no llegar a medidas extremas sino que la negociación en la reunión del jueves no se encalle y puedan resolver este conflicto. Si no es así, quedan otras acciones de protesta, como sacar todas las guaguas a la calle.

Confederación regional de asociaciones de madres y padres

Ante el paro patronal en el transporte escolar, la Confederación regional de asociaciones de madres y padres de Canarias ha pedido que se garanticen los derechos de los menores a la educación «considerando como esenciales los servicios de transporte y comedor». La confederación recalca que, como si hay paros en el transporte, más de 37.000 alumnos de las Islas no tendrán garantizado su derecho fundamental a la educación porque el servicio de transporte escolar que necesitan para llegar a las aulas es «complementario, al igual que ocurre con los comedores escolares». El artículo 20 de la Ley Canaria de Educación establece que los servicios educativos complementarios son los instrumentos a través de los que se hace efectivo el principio de equidad y determina, además, que «los servicios educativos complementarios tienen como finalidad compensar las desigualdades sociales y económicas facilitando el acceso y la permanencia del alumnado en el sistema educativo», recuerda la confederación de ampas.