La Renta Canaria de Ciudadanía echa a andar a finales de marzo

El pacto de las flores pone en marcha, cuando estamos en el tiempo de descuento de la legislatura, uno de los ejes principales del acuerdo: la Renta Canaria de Ciudadanía. Esta ayuda entra en vigor el 29 de marzo y sustituirá a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que actualmente perciben 12.100 familias en el Archipiélago. La nueva subvención está destinada a núcleos familiares con dificultades económicas a fin de cubrir sus necesidades vitales. El objetivo es combatir la exclusión y vulnerabilidad de la población más desfavorecida. Además, incluye apoyo profesional para la inserción social y laboral de los perceptores. El Gobierno espera que la prestación llegue a 40.000 familias isleñas. 

Es una renta de último recurso, es decir, se concede como ayuda complementaria. Los solicitantes de la misma deben pedir con anterioridad el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Por lo tanto, la persona se podrá beneficiar de la Renta Canaria de Ciudadanía en caso de que no se ofrezca la cuantía completa de la prestación estatal o no se le asigne. 

A diferencia de la PCI, esta renta es compatible con el cobro de un salario si este es insuficiente. Los ingresos familiares se descontarán -excepto aquellos que no son computables- de la cuantía que correspondería a le por la Renta Canaria, y se abonará la diferencia. Además, los beneficiarios no dejarán de recibirla hasta que se modifiquen sus condiciones económicas. 

Hay que pedir la subvención a través de la sede electrónica, así que es necesario el certificado digital o clave PIN. En caso de tener problemas para acceder a internet, los servicios sociales municipales orientarán al ciudadano en la gestión y harán el seguimiento. El fin del proceso es el empleo, siempre que sea posible para el perceptor. 

La viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez, afirmó ayer, en un encuentro informativo al respecto, que la Renta Ciudadana aliviará la carga administrativa de los ayuntamientos. Con el fondo Europeo+ se incrementará la contratación y dotación de personal en estas administraciones, «lo que repercutirá en la mejora de la atención a la ciudadanía canaria».

¿Los perceptores de la PCI deben tramitar el cambio?

 No, esta modificación se hará de forma automática y el beneficiario la percibirá directamente en la nómina de abril, en la que se actualizarán las cuantías que correspondan. Ese mismo día podrán empezar a solicitar la ayuda las familias con menores a cargo que no tengan concedida otra prestación. A finales de abril se abrirá el proceso para cualquier familia que no perciba  subvención alguna. A finales de mayo podrá tramitarla el resto. Una vez obtenida la resolución favorable tras la solicitud, se cobrará al mes siguiente.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la prestación?

Ser mayor de 23 y menor de 65 años y carecer de recursos económicos suficientes. Por otro lado, acreditar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital y estar inscrito como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo. La persona debe haber estado empadronada mínimo de 12 meses de manera continuada en el municipio en el que haga la solicitud o acreditar la residencia efectiva durante cinco años, de manera continuada o interrumpida. Asimismo, no residir de forma permanente en centros de titularidad pública donde el solicitante encuentre cubiertas sus necesidades básicas de subsistencia. 

Respecto a los ingresos económicos, y de forma general, no haber obtenido, durante los tres meses anteriores a la solicitud, ingresos por encima de lo correspondido a la familia en la normativa de la subvención. Además, como requisito estaría no tener propiedades más allá de la vivienda habitual de residencia.

¿Cuáles son las cuantías?

Serán las establecidas para el IMV y varían entre 565 y 1.243 euro según la estructura de la unidad de convivencia. En el caso de que la prestación de la PCI fuera más beneficiosa que la estipulada por la ayuda estatal, la familia continuará percibiendo la primera. Con respecto a los requisitos de la unidad de convivencia monoparental, se deberá justificar la situación y cumplir lo desarrollado en la normativa del IMV, como guardar la custodia en exclusiva o ser víctima de violencia de género. 

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