El Defensor del Pueblo denuncia el limbo en que están los menores migrantes

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, denuncia mediante el último informe publicado por la institución el limbo en el que se encuentran los menores migrantes en las Islas. El documento destaca que es «especialmente preocupante» que cientos de jóvenes se encuentren a la espera de acreditar su edad. Para más inri, si al alcanzar los 18 años continúan indocumentados, se les deniega la capacidad de obtener una identificación. 

El Informe Anual del Alto Comisionado de las Cortes Generales, que el pasado lunes Gabilondo entregó a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, repasa las principales reclamaciones que presentaron los ciudadanos ante el organismo en 2022. Los canarios interpusieron el año pasado un total de 1.510 quejas, una cifra inferior a la registrada en 2021 cuando se recogieron 1589. Entre las cuestiones isleñas que aborda el texto: inmigración, dependencia o la reconstrucción de La Palma.

Uno de los procedimientos a mejorar se produce cuando una persona migrante llega a territorio isleño de forma irregular y alega ser menor, pero no cuenta con un documento de identidad. En estos casos, la administración debe comprobar la veracidad de sus palabras. Esto ocurre sobre todo con los jóvenes migrantes no acompañados. Si se corrobora que es menor de 18 años, el niño o joven es puesto a disposición de los servicios de protección de menores. En cambio, si se demuestra su adultez, el tratamiento pasa a ser el de extranjero irregular, que implica mayor probabilidad de ser repatriado. Sin embargo, ¿cómo se acredita la edad? Con una prueba ósea que determina los años de vida a través del estado de los huesos. 

A finales de 2022, había 2.266 menores migrantes no acompañados, de los que 267 eran niñas, que se encontraban bajo tutela en el Archipiélago y dados de alta en el registro, según la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Una cifra que no cuadra con las casi 800 autorizaciones de residencia que había expedido la Delegación del Gobierno en Canarias hasta la fecha. Ante este panorama, el Ejecutivo nacional reconoció la necesidad de «poner fin a esta situación» y aseguró que ha puesto medidas en marcha para ello. 

El Defensor del Pueblo advierte en el informe de que la problemática radica en que cientos de menores están a la espera de que la fiscalía autorice su verificación de edad. De hecho, afirma que el año pasado hubo casos en los que, a pesar de contar con un documento identificativo para justificar la minoría de edad, se consideró a la persona como indocumentada, por lo que fue sometida a la prueba ósea. Por su parte, el Ministerio Fiscal considera que la única solución pasa por el desarrollo de una ley específica que regule la determinación de la edad y que diseñe un procedimiento judicial con todas las garantías y debida asistencia al posible menor. 

El documento de la oficina de Gabilondo revela que los menores migrantes no acompañados tutelados en Canarias que alcanzan la mayoría sin identificar se les deniega la cédula de inscripción, que es el documento que recibe un extranjero que no tiene capacidad para evidenciar su nacionalidad. El Defensor del Pueblo puso en conocimiento de la Fiscalía este procedimiento que tachó de «actuación irregular», además de formular una serie de sugerencias a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y a la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife para atajar esta situación.

No todo es negativo. El texto presentado por Gabilondo constata una «mejoría significativa» sobre las actuaciones de detención de las personas interceptadas al intentar entrar en el Archipiélago. Particularmente, señala al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco como modelo a nivel nacional de buenas prácticas. Según el Defensor, a los detenidos se les permite usar los teléfonos móviles, así como pasear por los espacios al aire libre de la instalación. También admite mejoras en Lanzarote y Fuerteventura, pero recalca que sus centros no reúnen las condiciones para denominarse CATE, por lo que recomienda introducir cambios sustanciales en el régimen de funcionamiento.

Sobre la gestión de la crisis volcánica de La Palma, el Alto Comisionado observa un «notable esfuerzo» para poner en marcha por la vía de urgencia la reparación y reconstrucción de la Isla. A su vez, Gabilondo solicitó al ministro de la Presidencia que estudie la adopción de un plan específico para emergencias y catástrofes, vulcanológicas u de otro origen, de gran magnitud y capacidad destructiva.

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