Agricultura ignora informes negativos y reparte 1,3 millones en subvenciones

Bajan turbias las aguas en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Un funcionario denuncia que se han pagado al menos 1,3 millones de euros, la mayor parte procedentes de la Unión Europea (UE), a explotaciones de jóvenes agricultores que no reunían las condiciones mínimas exigidas para recibir subvenciones. Juan Carlos Fernández, que así se llama, ha puesto el caso en manos de las autoridades europeas.

«Ya he aprendido», afirma el trabajador público, que por segunda ocasión se ha dirigido a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). En la primera no obtuvo éxito «por desconocer cómo funcionaba el sistema», reconoce entonando el mea culpa. Sin embargo, el trabajo de campo que ha realizado le tiene absolutamente convencido de que la razón está de su parte y ha convertido en una auténtica cruzada demostrar que desde el departamento que dirige Alicia Vanoostende se reparte de manera irregular el dinero de todos los contribuyentes.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude está al corriente de los hecho

Los hechos se remontan a la anterior legislatura, cuando se convocaron 12.826.770 euros en «subvenciones destinadas a apoyar la creación de empresas por jóvenes agricultores» (BOC de 8 de noviembre de 2017). La suma estuvo cofinanciada en un 85% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), mientras que la consejería regional aportó un 10,5% y el Ministerio de Agricultura y Pesca, el 4,5% restante.

Las concesiones se decidieron en base a planes de empresa que aportaron los aspirantes. Es decir, ese no era tiempo de evaluar resultados. Era el paso del tiempo el que vendría a determinar si los beneficiarios se ajustaban a lo expuesto sobre el papel y, por tanto, resultó pertinente la concesión de las ayudas directas o, por el contrario, su compromiso se había diluido gravemente.

Devolver si se incumplía

Si este último era el caso, los informes negativos de los técnicos tendrían que haber desembocado en la devolución de los entre 43.000 y 70.000 euros –repartidos en varias anualidades– de que constaban la mayoría de las ayudas. «Nunca se hizo un seguimiento para saber si cumplían con lo que se habían comprometido» sostiene Fernández Cox.

Aparte de los contenidos en sus proyectos, existían otros preceptos genéricos, como el de mantener la agricultura como actividad prioritaria durante al menos cinco años. «Ni eso se comprobaba», lamenta el funcionario canario. «A los técnicos de la provincia de Las Palmas nos prohibieron hacer un seguimiento continuo», añade.

Un erial destinado a plantación de calabacín nunca vio mejorado su estado

No obstante, hubo una visita que los rectores de la consejería no pudieron evitar. Al finalizar el periodo para la puesta en marcha de los planes empresariales que habían merecido la concesión de ayudas a fondo perdido, solo un funcionario podía certificar el éxito o fracaso de los proyectos.

En esas visitas, Fernández se encontró, entre otros casos, con un erial cuyo propietario había asegurado que convertiría en una plantación de calabacín, o una finca con plantas de aloe superpuestas sobre una tierra completamente seca. «Había mangueras distribuidas por la finca», relata, que no estaban conectadas a ningún sistema de caudal de agua.

Sin respuesta

Ese o similar era el contenido de los informes que entregó a la jefa de la Unidad de Gestión de Estructuras Agrarias, Margarita Cabrera. Como el tiempo pasó sin que nadie moviera ficha, manifestó su «preocupación por el retraso» al jefe del Servicio de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural, Ricardo Pérez. Cuando también el silencio fue la respuesta, continuó ascendiendo por la cadena de mando y puso los hechos en conocimiento del entonces director general de Agricultura del Gobierno, José Basilio Pérez.

Nadie instó a devolver el dinero público a quienes lo habían recibido sin cumplir nada de lo que habían prometido. El trabajo de campo desarrollado por personal laboral bastó para que la certificación acabara rubricándose. «Firmó Cabrera», afirma el funcionario, que añade la imposibilidad de que lo hiciera en base al trabajo entregado por el personal laboral que también intervino.

El Estatuto del Empleado Público reserva a los funcionarios la defensa del interés común

La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (5/2015) señala en su artículo 9 que «el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos».

A la consejería de Vanoostende le crecen los enanos. De ella salió Bernardo Fuentes, tito Berni, camino del Congreso de los Diputados para terminar convirtiéndose en uno de los protagonistas principales del caso Mediador. 

Su sustituto en la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, su sobrino Taishet Fuentes, se convirtió en el integrante del Ejecutivo autonómico que más gastó, y con mucho, en viajes, alojamiento y dietas. En el segundo semestre de ese año, su factura, de 21.967 euros, prácticamente duplicó la del presidente del Archipiélago (11.118 euros).

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