El Gobierno se confiesa "sobrepasado" en la supervisión de los centros de menores

"Sobrepasada". Así ha descrito el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, la "capacidad inspectora" del Ejecutivo en los centros menores. Tras el Consejo de Gobierno, ha asegurado que el repunte de arribos irregulares, que comenzó el pasado mes de septiembre, ha provocado agujeros en la supervisión, y que se está trabajando en un refuerzo que los tape.

Las alarmas saltaron este fin de semana cuando una docena de menores migrantes denunciaran ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas presuntas agresiones, amenazas y tocamientos en un centro de Tafira, gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, y dependiente de la Consejería de Bienestar Social. Con el fin de dar parte a la Fiscalía, con la que el Gobierno "trabaja de forma coordinada", la Dirección General de Infancia solicitó a dos técnicas que elaborasen un informe de urgencia sobre lo ocurrido, un escrito que en "cuestión de horas" estará terminado y enviado al Ministerio Público, ha destacado Cabello.

"En paralelo, se está trabajando en la adjudicación de un contrato externo de inspección que nos permita tener información casi diaria o semanal de qué está sucediendo en cada uno de los 56 centros de menores de la Comunidad", ha señalado el portavoz. Esos centros se han tenido que ir abriendo desde finales de verano, momento en el que comenzaron a llegar a Canarias 100 menores migrantes no acompañados cada día de media. Los gestionan oenegés en "muchos casos", apuntó Cabello, haciendo así frente a un "volumen muy muy grande" de chicos y chicas a los que hay que atender.

La Fiscalía Anticorrupción ya presentó en mayo de este año una querella contra la misma Fundación que gestiona este centro capitalino y varios de sus directivos en Gran Canaria y Lanzarote al apreciar indicios de la posible comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos en la gestión de los fondos públicos que obtenían para realizar su actividad. También se querelló el año 2022 contra directivos de la ONG y de uno de sus centros de tutela, ubicado temporalmente en un complejo de apartamentos del sur de Gran Canaria durante el anterior repunte en la llegada de migrantes del año 2020, en una causa que investiga desde entonces el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana. En esta segunda ocasión, lo que se trata de dilucidar es si estas personas cometieron delitos de abandono de familia, omisión del deber de impedir la comisión de delitos y dos de lesiones.