La ‘solución canaria’ garantiza dinero extra para las autonomías menos endeudadas

No solo Canarias sino todas las comunidades autónomas que están poco endeudadas podrán usar su superávit para destinarlo a financiar los servicios públicos esenciales. Esa es la propuesta que elaboró la Consejería de Hacienda y que el presidente Fernando Clavijo trasladó ayer a la totalidad de los grupos parlamentarios para conseguir un objetivo: un frente común desde la Cámara canaria para proponer al Gobierno de España flexibilizar la regla de gasto.

La propuesta que desgranó la consejera de Hacienda, Matilde Asián consiste en introducir una disposición transitoria en los Presupuestos Generales del Estado para 2024 que incluye una modificación del artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el fin de no aplicar "medidas preventivas, correctivas y coercitivas" a aquellas comunidades autónomas "que se encuentren en situación de equilibrio o superávit estructural y su deuda no supere el límite fijado", que en el caso de las autonomías es el 13 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) regional.

En esa situación de escasa deuda se encuentra Canarias, pues su nivel de endeudamiento asciende al 12,8% de su PIB, cuando la media de las comunidades se sitúa en el 22,3%. Es decir, mientras que Canarias tiene ahora prácticamente la misma deuda que en 2015 (6.672 millones), la del conjunto de las comunidades autónomas se ha incrementado en 56.665 millones de euros.

Además, según los datos de la Consejería de Hacienda, el Archipiélago es la comunidad española con menor deuda por habitante: 3.070 euros por ciudadano frente a los 6.776 euros a que asciende la media del resto del país.

Regla de oro

Asián argumentó también que el artículo 135 de la Constitución exige equilibrio presupuestario y cumplimiento de la deuda, por lo que el Gobierno canario plantea que si una comunidad autónoma cumple esos requisitos no se tomen medidas contra ella por destinar el superávit a inversión.

La reforma constitucional española de 2011 modificó el artículo 135 de la Constitución española estableció en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible.

La propuesta se ha elaborado por solicitud expresa de la ministra Montero al presidente Clavijo

Esta denominada regla de oro se adoptó cuando los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron crear un Pacto Fiscal Europeo para intentar restaurar la confianza financiera. Para la consejera Asián es "razonable" que más de una década después de aquella crisis, se "flexibilicen" las condiciones para permitir que el superávit pueda destinarse a inversión esencial.

Por tanto, la modificación legal propuesta desde Canarias permitiría al Gobierno autonómico destinar los 283 millones extra que le corresponde por la liquidación del Estado de 2022, y que se computarían como superávit, a incrementar su presupuesto en educación, sanidad y políticas sociales.

Y esa es, precisamente, una de las condiciones que pusieron los portavoces del PSOE, Sebastián Franquis, y de NC-Bc, Luis Campos, para sumarse a la solución canaria que propone el Gobierno de Clavijo: "ese plus de dinero debe destinarse a servicios públicos básicos y no a bajar impuestos".

Tanto Franquis como Campos también esgrimieron que su apoyo al consenso que demandó el Gobierno canario "no debe usarse como un argumento de enfrentamiento con el Gobierno de España, que no hace más que aplicar una Ley injusta de 2012 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy".

Además, propusieron que esta flexibilización de la regla de gasto se haga extensiva a "cabildos y ayuntamientos", una tesis a la que se sumó el líder ASG, Casimiro Curbelo.

Tanto la consejera Asián como la portavoz del PP, Luz Reverón, aseguraron que no es intención del Ejecutivo ni de los grupos que lo sustentan "buscar un enfrentamiento con el Gobierno de España" sino una "colaboración".

Es más, la propia Asián desveló que la propuesta elaborada es la respuesta a la solicitud de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al presidente Clavijo para buscar una solución legislativa de flexibilización de la aplicación de la regla de gasto.

Sin embargo, Asián no fue tan explícita a la hora de explicar si, como pidieron socialistas y canaristas, el dinero extra no se usará para bajar el IGIC, una tesis que hasta el momento se ha usado desde el Ejecutivo para justificar que aún no hayan hecho realidad su principal propuesta electoral.

Al respecto, la consejera se limitó a asegurar que "ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, ahora lo que tenemos que conseguir es flexibilizar la regla de gasto".

La propuesta canaria beneficiaría, además de al Archipiélago, a la Comunidad Autónoma de Madrid, la única región del régimen común (País Vasco y Navarra tienen uno propio) que, como las Islas, ha controlado su deuda y su déficit público.

La tesis del presidente Clavijo, del vicepresidente Manuel Domínguez y la consejera Asián durante estos meses no ha sido tanto que Canarias necesitara la condonación de la deuda como la flexibilización de la regla de gasto.

En busca del frente común

Tras la reunión de ayer, el Gobierno tiene el apoyo matizado de la práctica totalidad del arco parlamentario, que se une al respaldo unánime de empresarios y sindicatos el pasado 19 de diciembre en el seno del Consejo Asesor.

Tras esa reunión del Consejo Asesor, días después del polémico Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) estatal, Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), ya consideró "ilógico" que Canarias no pueda utilizar "el dinero que le corresponde por su buen hacer", especialmente en un contexto en el que "se necesita que la economía fluya inyectándole dinero".

Por su parte, Pedro Alfonso, presidente de CEOE Tenerife, aseguró que Canarias tiene "muchas necesidades", empezando por revertir una tasa de paro que calificó de "inaceptable".

Los 283 millones de la liquidación estatal del año 2022 se destinarían a servicios esenciales

Para las principales centrales sindicales, tanto la sanidad como la educación deben ser las áreas prioritarias a la hora de destinar el superávit. Así, Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias, incidió en que "sobre todo" hay que financiar Atención Primaria, Pediatría y Salud Mental, pues como defendió Inocencio González, secretario general de CCOO en Canarias, "no tiene sentido" usar los ingresos extra en amortizar deuda y no en "mejorar la vida de la ciudadanía".

El empeño del presidente Clavijo por conseguir un frente común para mejorar la financiación autonómica y flexibilizar la regla de gasto empezó a materializarse apenas días después del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que Canarias logró 7.300 millones por los adelantos a cuenta.

"De nada sirve recibir 280 millones más de los que presupuestamos, si luego no podemos usar ese dinero para inversiones porque nos lo impide la regla de gasto", argumentó en el Parlamento de Canarias el 12 de diciembre.

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